La desigualdad traducida al territorio

Según un informe sobre hábitat, 40 mil personas viven en villas o asentamientos en la ciudad de Santa Fe. “La lógica de la necesidad prevalece en los barrios populares”, afirman.

Se presentó el informe “Santa Fe Arde” sobre la situación del hábitat de los sectores populares en nuestra ciudad. Este diagnóstico socio-urbano y jurídico fue elaborado por el arquitecto Guillermo Steinmann y el abogado Nicolás Taverna. Pone en evidencia las desigualdades estructurales y la falta de políticas públicas para garantizar necesidades básicas a toda la población.

Al respecto, los autores afirman: “se puede analizar la situación desde dos dimensiones complementarias: por ingresos o por infraestructura. En este caso, nos interesó abordar la problemática del hábitat popular con un enfoque más estructural. En ese marco, se puede distinguir tres lógicas en el crecimiento de la ciudad: la de lo público (el Estado), la del mercado y la lógica de la necesidad, propia de los barrios populares”.

El trabajo reúne y articula datos provenientes de la Municipalidad de Santa Fe, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, la Encuesta Permanente de Hogares de 2015 y la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación. También utiliza la información recabada por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) efectuado recientemente por varias organizaciones sociales: Movimiento Popular Justa, Agrupación Santafesina Ramón Carrillo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita, entre otros.

La presentación se realizó el 30 de mayo en Festram y contó con la participación de la diputada provincial Patricia Chialvo y las diputadas nacionales Silvina Frana y Lucila De Ponti.

Expansión sin planificación

En cuanto a la infraestructura, el informe explica: “es importante tener en cuenta que entre 1991 y 2010 la ciudad de Santa Fe creció un 12% en habitantes pero un 48% en superficie. En consecuencia se tendrían que haber ampliado las redes de infraestructura en ese mismo porcentaje para absorber un crecimiento real de la población cuatro veces inferior”. Entonces, debido a que la construcción de infraestructura no acompañó ese proceso de crecimiento territorial y demográfico, se generaron deficiencias en la cobertura de servicios.

Al mismo tiempo, los autores plantean que, “de acuerdo con datos de la Secretaría de Asuntos Municipales, durante ese periodo las inversiones que realizó el sector de inmobiliarias y constructoras se focalizó en la zona entre los bulevares. Todos sus proyectos estuvieron dentro de la zona limitada por el Boulevard Gálvez y la Avenida Freyre. Esto deja en evidencia a qué sector social el mercado le está dando respuestas”.

Desigualdad estructural

En cuanto a los ingresos, el estudio sostiene que la diferencia entre los hogares de la costa, el oeste y el noroeste resulta entre tres y ocho veces mayor si se lo compara con la zona céntrica. Y, a su vez, de acuerdo con datos oficiales, los ingresos medios de los sectores más pudientes (décimo decil) de la ciudad son 18 veces mayores que los de menores ingresos (primer decil).

También el informe evalúa la tenencia y propiedad de la vivienda. Lo hace a partir de los datos del censo nacional de 2010, que están desactualizados, pero siguen teniendo vigencia y relevancia. En ese entonces, en nuestra ciudad había 33 mil familias no eran propietarias de la vivienda que habitan, lo que representa alrededor del 25% del total de las familias santafesinas.

Al mismo tiempo, más de seis mil viviendas se encontraban sin ocupar. “Es decir, mientras un número considerable de familias aún no pueden acceder a una vivienda digna, una cantidad significativa de unidades habitacionales se encuentran sin uso alguno”. Lo que demuestra la dinámica excluyente de la lógica del mercado.

La lógica de la necesidad

Entonces, si el Estado y el mercado no garantizan el derecho a la vivienda, irrumpe la lógica de la necesidad. Que es la que prevalece en los barrios populares.

Técnicamente se entiende por “barrio popular” a aquellas villas, asentamientos y urbanizaciones informales, que no tienen acceso a al menos dos de los servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica y/o red cloacal) ni tienen asegurada la tenencia de la vivienda.

En ese marco, a partir de datos de la Municipalidad y el Renabap, “se estima que en los 52 barrios populares de la ciudad viven aproximadamente 12.720 familias. Si se considera la media de personas por familia en barrios populares (3.11 para el departamento La Capital) el total de personas asciende a casi 40 mil”. De modo que se puede suponer que alrededor de uno de cada diez santafesinos vive en un barrio popular, lo que coincide con la media nacional.

Asimismo, el informe detecta que el barrio popular más poblado es Alto Verde con más de 3000 familias y el menos habitado es el asentamiento que está ubicado en Avenida Peñaloza y Regis Martínez, que alcanza las nueve familias. Además, los autores añaden: “un aspecto llamativo es que, si bien se suele identificar al cordón oeste como el más afectado en cuanto al déficit de acceso a servicios públicos, notamos que el noroeste y la costa son las zonas que tienen más necesidades básicas insatisfechas”.

Políticas públicas

La diputada Chialvo afirmó que “nuestra ciudad no resulta ajena a los efectos de la desigualdad social. La situación socio-económica se agravó en los últimos cuatro años en todo el país. A raíz de esto, comienzan a surgir barrios populares que tienen sus propias particularidades”.

Chialvo es presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados de la provincia. Asegura que “venimos trabajando con muchas organizaciones de la sociedad civil para conocer y resolver esta situación estructural de déficit habitacional. Las personas que viven asentamientos urbanos no tienen titularidad de la vivienda ni tampoco cuentan con servicios esenciales, como agua, luz segura, transporte”.

Y finalizó: “estamos hablando de familias con un grado de vulnerabilidad muy alto. Es necesario contemplar las distintas circunstancias: hay casos donde es posible regularizar la situación dominial de las familias, mediante la propiedad de la tierra; hay otros casos donde hay que pensar en una relocalización de las familias. Creemos que tener este estudio con datos concretos es una herramienta para que los gobiernos locales puedan diseñar políticas públicas”.