Era una iniciativa de sectores antiderechos. La ley que garantiza integralmente los derechos de las personas trans seguirá vigente y no será plebiscitada.
Cayó la iniciativa de sectores antiderechos, liderados por el militante pentecostal Carlos Iafilgiola, para llevar a un plebiscito la ley integral de derechos de las personas trans de Uruguay. Necesitaban los votos de un 25% del padrón electoral, pero ayer apenas obtuvieron la voluntad del 9%. Se trató de una votación no obligatoria donde se elegía plebiscitar la derogación de la ley en octubre. De esta manera, -al igual que ocurrió en 2013 con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo- la norma continuará vigente sin necesidad de ser plebiscitada.
La ley aprobada en octubre de 2018 amplía el derecho al cambio registral de nombre, que se había consagrado en 2009. Incluye el concepto de identidad de género en sistemas nacionales de estadística; convierte al trámite de cambio de nombre y sexo asignado al nacer en un trámite administrativo (no judicial); permite el acceso a las personas trans al sistema educativo, de salud y de acceso a la vivienda; y otorga un 1% de cupo laboral trans en convocatorias de empleo público y en capacitaciones laborales del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. En Uruguay hay 853 personas trans, según un censo realizado en 2016.
También establece, para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por su identidad de género, el derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico; o si fueron víctimas de prácticas discriminatorias por parte del Estado que obturaron el ejercicio de sus derechos.