El hambre es una decisión política

Organizaciones sociales reclaman que los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) atiendan de manera urgente las necesidades alimentarias en los barrios.

La última vez que se aplicó en la Argentina una ley de emergencia alimentaria fue durante la crisis de 2001 y duró hasta el 31 de diciembre de 2002; hoy, 17 años después, las organizaciones sociales, los sindicatos y el arco político opositor le reclaman al gobierno de Mauricio Macri la sanción de una normativa similar que garantice alimentos para la población más vulnerable.

El proyecto logró media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 12, pese a que el oficialismo lo resistió durante semanas con la excusa de que está vigente desde 2016 la emergencia social. No obstante, por el deterioro de las condiciones de vida en los sectores medios y bajo, las organizaciones sociales reclaman una ley que les asegure partidas extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional. El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, prevé distribuir unos 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia en comedores comunitarios y copas de leche: una suma que corresponde al 0,23% del total del presupuesto nacional o a cinco días de intereses de Leliqs.

Como ocurrió antes con la ley antidespidos y con el proyecto para frenar los tarifazos, Macri resiste la sanción de la emergencia alimentaria porque sería un signo inequívoco del fracaso de su modelo económico. En lugar de atender la situación, el gobierno la niega: según el ministro Pablo Avelluto, el hambre “es un slogan de campaña”, una suerte de jugada política de la oposición para esmerilar a una gestión que está en retirada. En los barrios la gente dice otra cosa.

Los comedores

En la ciudad de Santa Fe, alrededor de 6000 chicos, sin contar adultos, se alimentan a diario en los comedores gestionados por organizaciones sociales, vecinales y ONG como Los Sin Techo. En toda la provincia, 450 mil chicos reciben la copa de leche en las escuelas. En el último año, según consignó Sebastián Saldaña de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la demanda en los comedores barriales creció un 40%. En el mismo lapso, aumentó un 30% la cantidad de comedores y copas gestionados por la CCC. “Las mismas familias se organizan para armar una copa de leche donde antes no existía”, relata el militante.

Antes de las primarias del 11 de agosto, la inflación en alimentos ya se ubicaba cuatro puntos por arriba del promedio interanual: 58,1% contra 54,4%. Al cumplirse un mes de la derrota de Macri, las consultoras privadas daban cuenta de un aumento del 9% en alimentos y bebidas, efecto directo de la devaluación.

La “inflación copa de leche” es muy superior: del 85 al 87% en el último año, según cálculos de la CCC, en productos indispensables para los comedores como harina, leche, carne, fideos y yerba. Para poder bancarla, vienen pidiendo ayuda al Estado sin mayor éxito. Los vecinos y los militantes barriales se hacen cargo del resto. Laburan cada vez más, pero no dan abasto.

Entre los aportes de Nación, provincia y municipio, se cubre el 70% del costo total de la comida. “El resto –cuenta Saldaña– es todo solidaridad de los compañeros y las compañeras que trabajan toda la semana y de los negocios barriales que a veces hacen donaciones. Gracias a esa solidaridad podemos sostener los comedores. Pero creemos que esa no es la solución; los chicos tienen que comer en sus casas y los padres tienen que tener trabajo”.

La ordenanza

La demanda por una ley de emergencia alimentaria se justifica en las respuestas que deben afrontar los comedores comunitarios en un contexto de crecimiento sostenido de la pobreza y la indigencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años, mientras que el 14,5% se encuentran en situación de indigencia.

El gobierno nacional minimiza el tema. Según el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Álvarez, en los últimos tres años la Nación solo aumentó en un 10% las partidas remitidas a la provincia para comedores y copas de leche. En el mismo período, el gobierno santafesino incrementó sus propios aportes en un 320%.

En Santa Fe, al reclamo lo llevan adelante la CCC, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento de Organizaciones Barriales (MOB), el Movimiento Popular La Dignidad, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el frente barrial de la CTA, la Pastoral Social de Santa Fe y un grupo de pescadores.

En la ciudad, además, las organizaciones piden que se ponga en marcha la emergencia alimentaria a nivel municipal, sancionada por el Concejo local el 6 de diciembre de 2018. En un comunicado conjunto las organizaciones indicaron que la ordenanza “no se puso en funcionamiento en pleno, lo cual resulta de extrema gravedad en el marco de profundización de la pérdida de poder adquisitivo por motivo de la inflación imparable, la dolarización de las tarifas y el cierre de cada vez más fuentes de trabajo”.

“Se tiene que hacer efectiva la ordenanza de emergencia alimentaria y social”, reclamó Sebastián Saldaña de la CCC. “Es una vergüenza que en una provincia tan rica, donde sobra carne y leche, donde entran uno de cada tres dólares de las exportaciones, hoy los chicos no tengan acceso a la leche y la carne si no es en un comedor”.

La cosa ya venía mal, pero se agravó a partir del año pasado cuando se terminó de descalabrar la economía nacional. “Lo que está pasando desde el año pasado hizo que nos juntemos todas las organizaciones pidiendo no solo la emergencia municipal sino también la emergencia a nivel provincial y nacional”, sostuvo Saldaña.

“Nosotros intentamos solidificar la mesa de diálogo con el Ejecutivo municipal, pero tuvimos muy escasas respuestas”, añadió Florencia Álvarez, de la CTEP. “No me animaría a decir que (la ordenanza) se ejecutó de forma parcial porque eso daría la idea de que cumplieron con la mitad, y ni siquiera. La ordenanza trata de garantizar no solamente que se aborde lo alimentario, sino también lo laboral y cuestiones de salud comunitaria”.

Los barrios

Los referentes sociales que trabajan en el norte y en el oeste de la ciudad coinciden en un punto: “En los barrios hay hambre”.

Así lo cuenta Rubén Sala, histórico militante de Santa Rosa de Lima: “Hace un año, cuando decíamos que esto iba a pasar, nos decían que éramos alarmistas. Hoy está a la vista. Y el silencio del gobierno nacional es ensordecedor. No hacen nada para paliar esta situación”.

La solidaridad se multiplica en los barrios a medida que crece la pobreza. A los comedores que ya venían funcionando con convenios nacionales o provinciales, se suman otros gestionados por los propios vecinos en sus casas. “La gente está abriendo comedores por su cuenta –relata Sala–, abasteciéndose como pueden con la solidaridad de la gente y el Estado no aparece; tienen que hacerlo de forma urgente”.

—Y si no hay respuestas, ¿qué puede pasar?

—Va a seguir pasando esto, que se come cómo, dónde y cuándo se puede. Y en algún momento va a pasar alguna otra cosa. Por eso el gobierno tiene que dar respuesta.

Hambre y pobreza

“En 2015, en los comedores teníamos la mitad de chicos que ahora”, ilustra Marilin Monzón, del Movimiento Popular La Dignidad. La situación se repite en todas las ciudades del país, mientras el gobierno que prometió “pobreza cero” en la campaña de 2015 ahora acusa a las organizaciones sociales de conspirar en su contra.

Las medidas anunciadas por Macri tras la derrota en las primarias llegan tarde. Así lo entienden en la CCC. “El gobierno nacional viene tomando medidas atrás de la situación, siempre atrás”, aportó Saldaña. “Y no hay medidas concretas por parte del gobierno nacional para resolver las problemáticas que se ven en los barrios; todas las medidas son tardías”.

—¿Cómo responden ustedes a la demanda de alimentos, cada vez mayor?

—Por toda la lucha que venimos dando, hemos logrado que los gobiernos puedan ir dando algunas respuestas. El tema es que eso representa, como mucho, el 70% de lo que salen las viandas o el menú. Y el resto es solidaridad.

—El gobierno nacional dice que el hambre es “un slogan de campaña”, ¿ustedes qué opinan?

—Nosotros como organización vivimos los 90, el 2001, ahora el macrismo. Ellos mismos están dando cuenta de que la pobreza se ha incrementado. Se habla de cuatro millones más de pobres, pero a fin de año van a ser muchos más. La indigencia se duplicó; estamos hablando de personas que hoy no les pueden garantizar un plato de comida a sus familias. El gobierno dio los números; no puede ser que ahora estén planteando que se utiliza políticamente. Es indignante que el gobierno hable de esto en lugar de resolver la situación, más en un país que genera tantas riquezas.

Pendientes

Como la mayoría de sus pares, el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz pide que se declare la emergencia alimentaria a nivel nacional. El último reclamo público lo hizo el lunes 9 junto a su gabinete, con un fuerte mensaje dirigido al presidente: “Necesitamos que el gobierno nacional se haga cargo de la crisis económica y social que ha generado y que envíe recursos en forma urgente”.

En la Legislatura hay dos proyectos que plantean lo mismo pero en el ámbito provincial: uno de Patricia Chialvo (PJ) y el otro de Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Todavía no fueron tratados.