Cuatro claves para entender la crisis en Chile

Desde Chile, por Tuillang Yuing-Alfaro (*)

Hasta hace no muchos días la opinión pública global señalaba a Chile como un país ejemplo de estabilidad, crecimiento y en el que sus habitantes gozaban de los beneficios de un desarrollo modelo en la región. En un par de días esa imagen se ha venido abajo y hoy los fantasmas más oscuros de su pasado –el de la dictadura pinochetista–, se han hecho presentes en imágenes verdaderamente estremecedoras. ¿Qué pasó? ¿Todo se vino abajo porque subieron el metro subte? Si eres extranjero, ya sea en Chile o fuera de él, te entregamos algunas claves que, pensamos, ayudan a entender el estallido social chileno de los últimos días.

1) La desposesión y el abandono de la ciudadanía como modelo de desarrollo: desde un inicio se ha dicho que esta oleada de protestas no obedece al alza de tarifas del metro de Santiago. Curiosamente, se trata de un estallido social que no se abraza tampoco a ninguna organización política de militancia tradicional. Las imágenes son elocuentes: el alza del metro como la punta del iceberg del descontento; la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, son todas imágenes de un malestar con el modelo político de desarrollo y gestión que fácilmente hizo sentido en el resto de las ciudades y en el pueblo en general. Las causas de este desagrado general son innumerables y, por cierto, administradas con comodidad por todos los gobiernos de turno desde la salida de Pinochet: sistema de pensiones que condena a la pobreza, precarización laboral disfrazada como flexibilidad, el endeudamiento vitalicio para enfrentar cuestiones tan diversas como la adquisición de bienes hasta la vivienda, pasando por la privatización de derechos básicos como la salud y la educación. Súmese a lo anterior una permanente percepción de injusticia ante los robos y delitos económicos cometidos por el empresariado más poderoso, el extractivismo y el castigo medioambiental, además de un nepotismo permanente en la asignación de cargos políticos. Esto trajo como consecuencia la sensación de que la democracia chilena es meramente formal –la abstención electoral llegó a niveles irrisorios–; y muy por el contrario, la percepción compartida de que mientras más mecanismos de “participación” democrática se implementan, más se consolida un sistema que abandona y agobia la vida diaria de las personas. ¿Era de esperar que la gente saliera a la calle? Pues sí.

2) El estado de sitio comunicacional y mediático: la verdad es que, en general, toda esa imagen de un Chile próspero ha sido cuidadosamente cultivada hace décadas por un muy estrecho grupo que controla las comunicaciones, principalmente la televisión y periódicos, pero también gran parte de los radionoticieros. Los dos más grandes grupos empresariales El Mercurio y COPESA alimentan y dirigen la opinión pública alineándose ideológicamente tanto con el conservadurismo así como con las miradas de sesgo economicista sobre cuestiones políticas. Ya desde el año 1967 el lienzo de “El Mercurio miente” se transformó en un ícono de la protesta chilena en todas sus dimensiones. No es casual entonces que cuando esta revuelta estalló en regiones, la sede de El Mercurio de Valparaíso, fuese objeto de un atentado incendiario.

Ahora bien, durante estos días, los medios de comunicación –principalmente los noticieros de televisión: CHV, Megavisión, TVN, y TV13–, han dirigido, de una manera orquestada y unívoca, una estrategia abierta de deslegitimación de la demanda social y de la dimensión política de estos acontecimientos. Su impacto ha sido brutal: la táctica ha consistido en implementar la ya masticada “doctrina de shock” concentrándose en la violencia, los destrozos y el vandalismo, estableciendo por tanto un estado de sitio informativo que ha llamado, incluso, a evadir y desconocer las informaciones provenientes de medios alternativos y de redes sociales. El propósito busca, en definitiva, causar pánico en la población y de mostrar el conflicto como una cuestión de ciudadanos versus delincuentes, civilizados versus bárbaros. Nada nuevo por cierto. Si esta crisis deja las puertas abiertas a un cambio, en Chile urge una ley de medios de comunicación y si somos soñadores, un mea culpa del mundo periodístico.

3) La criminalización de la protesta: de la mano de lo anterior,  el gobierno ha apostado a permitir y fomentar el descontrol con el fin de provocar pánico en la gente. Tal y como se operó en el año 1973, se ha hablado de escasez de combustible, desabastecimiento alimenticio y de agua; se han mostrado escenas de altísima violencia: incendios, saqueos y enfrentamientos. Todo ello sin ningún tipo de prueba e incluso desmentido permanentemente por diversos actores sociales. De este modo, apelando a la inseguridad  y al temor más primitivo, el descontento social y la demanda política concreta han sido ocultados y negados, subordinando aquellas demandas específicas que están a la base de este estallido político a la cuestión de la seguridad y el estado de emergencia.  Vigilar y castigar, para no dialogar.

4) Deficiente manejo político del gobierno: las autoridades al parecer simplemente no saben hacer política. La táctica apela a una dicotomía muy simple: o la ciudadanía es dócil o se aplica la fuerza. O la adhesión incondicional o la fuerza. Salta entonces a la vista la torpeza política del panel de economistas que participan del equipo de gobierno. Acostumbrados a la lógica empresarial a la que le basta despedir al funcionario que no simpatiza con su lineamiento corporativo, las autoridades de este gobierno respondieron a la demanda social con autoritarismo “experto”, con indiferencia pero también con burla e ironía. Sin embargo, como a la ciudadanía no se le puede despedir, cuando esta demanda se ha transformado en protesta, la única respuesta ha sido la represión policial o militar. Esta inoperancia se ilustra claramente con la medida de sitiar con grupos de Fuerzas Especiales al Instituto Nacional, un colegio secundario símbolo de la tradición republicana chilena. La incapacidad de negociación o convencimiento ante suspicaces adolescentes ocultada tras la metralleta. Y esto ya estaba ocurriendo hace meses. No extraña que, obedeciendo al menos hábil de sus ministros –su primo Andrés Chadwick–, el confundido presidente Sebastián Piñera haya usado la traumática retórica de la “guerra” para referirse al conflicto que tiene ante sus narices: los economistas solo son astutos políticamente si en la otra mano tienen la fuerza militarizada. Desde este gobierno no ha habido ningún intento por establecer mesas de diálogo o de buscar salidas que vengan desde la escucha y la comprensión. La supuesta lucidez política de los economistas  da paso al berrinche cuando se les exige razones y fundamentos consistentes. Es en ese momento cuando llaman a los militares para que se hagan cargo del país. Su destreza dialógica es nula: la complicidad del binomio Chicago Boys-Pinochet está más presente que nunca.

En definitiva, el metro de Santiago sufrió cuatro alzas de precios en los últimos dos años –los de Piñera. Se esperaba que, como siempre, la ciudadanía refunfuñara un poco pero nada más. Además, el metro funciona solo en Santiago y, en general, lo que pasa en ciudades distanciadas mantiene al país en una suerte de indiferencia y apatía. En eso consistía hasta ahora la gobernabilidad en Chile: la indolencia ante lo que padecen otros. Pero no, la gente de Concepción, Valparaíso, Iquique, Valdivia, Quintero y Petorca, entre muchas otras localidades ha tenido, cada cual a su manera, la experiencia de una política deficiente y que se ensaña con cuestiones cotidianas: endeudamiento, medio ambiente, transporte, vivienda. El estallido social no es entonces una sorpresa, era cosa de tiempo.

(*) Doctor en Filosofía (París 8)