La capacitación en perspectiva de género será obligatoria para todas las personas que se desempeñen en las diferentes áreas del Estado municipal.
El Concejo de Santa Fe sancionó el pasado jueves la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial N° 13.891, la cual a su vez adhiere a la Ley Nacional 27.499, llamada "Ley Micaela". De esta manera, el cuerpo legislativo local declaró como política pública la capacitación obligatoria en Género para todas las personas que integren las diferentes áreas del Estado municipal. El proyecto había sido presentado por la concejala Laura Mondino y el concejal Emilio Jatón (FPCyS).
Recientemente el ejecutivo provincial promulgó la norma de adhesión a la legislación nacional que establece la obligatoriedad de brindar y tomar capacitaciones en temáticas género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes de la función pública. El Instituto Nacional de las Mujeres fue designado como autoridad de aplicación a nivel nacional. A nivel provincial, lo es el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Políticas de Género. El marco de las capacitaciones será la normativa vigente en términos de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI.
La ley provincial invita a los municipios y comunas de Santa Fe a adherir: tal fue el marco de la presentación del proyecto de ordenanza. “Contar con una ley Provincial nos permite avanzar en programas municipales y en la concreción de políticas públicas de prevención en violencia de género” explicó la concejala Laura Mondino.
“Impulsamos la adhesión entendiendo que resulta necesario involucrar a todas las personas que integran los distintos estamentos estatales en capacitaciones en perspectiva de género, de modo de lograr prontamente intervenciones más eficientes y comenzar a derribar las estructuras patriarcales que reproducen a través de la impericia y/o violencia institucional, la violencia contra las mujeres”, señaló la edila.
Micaela García fue violada y asesinada en 2017 en Gualeguaychú. El femicida, Sebastián Wagner, había sido previamente condenado por violación y en el momento del crimen debía estar cumpliendo su pena. Sin embargo, fue liberado por el juez Rossi, desoyendo los informes del Servicio Social del Servicio Penitenciario que desaconsejaban la libertad condicional para Wagner por su peligrosidad. El proyecto de ley lleva el nombre de Micaela, “víctima del brutal femicidio; en reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y los más vulnerables”.