"El gatillo fácil está asociado con señales desde el poder de mucha discriminación"

Así lo expresó el especialista Gabriel Lerner, al cumplirse 30 años de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A 30 años de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes, Gabriel Lerner, especialista en niñez, ex Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia y del Sedronar durante el gobierno de Cristina Fernández visitó Santa Fe para brindar una conferencia organizada por la CTA de los Trabajadores. Allí dialogó con Pausa sobre la actualidad y los desafíos en materia de derechos de las infancias.

—A treinta años de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cuál es el estado de cumplimiento en Argentina?
—La Convención es aprobada en 1989, en 1990 Argentina la ratifica y en 1994 la lleva al rango constitucional. La convierte en una ley de máxima jerarquía. Durante los 90 hubo una hegemonía del Consenso de Washington, de las políticas neoliberales, de ajuste, de reducción de las políticas sociales. Dominaba una idea de privilegio de los derechos civiles y políticos y un desdén por los derechos sociales. Había una idea de que los verdaderos defensores del paradigma de la Convención eran las ONG, y el Estado aparecía como amenaza. Esas concepciones dificultaron que hubiera muchos avances. En la década siguiente cambia el clima político y cultural en Argentina y se jerarquiza mucho a las infancias en las políticas públicas. Empieza un trabajo muy intenso en el Congreso. Se aprobaron la Ley 26.061 de Protección Integral, la Ley Nacional de Educación 26.206, con la que llevamos al 6.3% del PBI en materia de inversión en educación, la legislación que elevó la edad a partir de la cual se podía trabajar, la que penalizó la trata de niñas y niños, la Ley de Educación Sexual Integral. También hubo políticas públicas muy activas: la Asignación Universal por Hijo, la creación de Paka Paka, que fue muy revolucionaria en cuanto a la importancia que el Estado le estaba dando a los niños al crear un canal destinado a ellos, el Programa Conectar Igualdad, la entrega de libros en las escuelas, los programas socioeducativos, el plan Nacer y Sumar en el Ministerio de Salud, la Creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Consejo Federal de la Niñez. Si bien es cierto que, cuando terminó ese período en 2015, había deudas importantes con la infancia, veníamos en un proceso progresivo de cada vez mayor reconocimiento a los derechos de chicas y chicos.

—¿Qué pasó durante la gestión de Cambiemos?
—Reiteramos la situación de los 90 de una manera muy acelerada. Sobre todo en materia de derechos sociales y económicos, en particular el problema del acceso a una alimentación segura y adecuada. Lo que pasó en estos últimos cuatro años ha sido por un lado el empobrecimiento brutal, a partir de la pérdida del poder adquisitivo del salario, de jubilaciones y pensiones, del incremento del costo de los servicios públicos y de la pérdida de puestos de trabajo de las familias. Hasta que llegó el gobierno de Macri, una familia de asalariados gastaba de sus ingresos no más del 10% en servicios públicos. En el último tiempo pasó a gastar entre el 25 y el 30 %. Esto impacta en el alimento que se pone en la mesa, en qué transporte se puede pagar, en qué ropa se puede comprar. Por otro lado debilitaron muy fuertemente políticas específicas para la infancia. Paka Paka prácticamente se ha desdibujado, el Programa Conectar Igualdad desapareció, el Plan Qnita desapareció. Se discontinuó el programa de vacunas, se recortó el presupuesto en educación y en salud, se desjerarquizó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Estamos en una situación particularmente compleja. Argentina, a diferencia de otros países, tiene una justicia especializada, órganos de niñez en todas las provincias y una legislación moderna. Sin embargo, hay un problema de emergencia económica y alimentaria que impacta mucho en la vida de los niños. El problema principal en Argentina no es un problema legislativo, sino distribución del ingreso, de crecimiento económico y de políticas para la infancia. Dependemos más de lo que hagan los poderes ejecutivos que del Congreso o del Poder Judicial.

—Con respecto a este cambio de paradigma que propuso la Ley de Protección Integral, ¿en qué situación nos encontramos culturalmente?
—Creo que han habido avances culturales. Cuando se sancionó la Convención no es que los niños no tenían derechos. Antes del 89 tenían derecho a la vida, a la alimentación, a la educación. Lo que pasa es que no se los consideraba en condiciones de ejercer por sí esos derechos. La Convención es protección pero también es autonomía, es participación. Es jerarquizar la voz de los niños. En eso ha habido avances importantes, tal vez no todos lo que hubiéramos querido, pero en esta sociedad los niños participan cada vez más. El nuevo Código Civil y Comercial recepta muy fuertemente el tema de que los niños deben ser escuchados cuando se dirimen asuntos de Familia; las leyes educativas reconocen el derecho de los niños a participar de la educación; los adolescentes votan desde los 16 años; hay leyes que protegen el derecho a tener centros de estudiantes. El cambio cultural en materia de participación de niñas, niños y adolescentes se ha sostenido. Me gustaría que sea más profundo. Sí tenemos problemas culturales en otros aspectos: los niveles de violencia contra los niños, tanto de violencia institucional como en el seno de la comunidad, siguen siendo importantes.

—¿Cómo contrarrestar el reclamo de la baja de la edad de imputabilidad y las situaciones de gatillo fácil? 
—No hemos tenido políticas vigorosas de inclusión de adolescentes para reducir este tipo de exposiciones. La incidencia del delito adolescente en la masa total de delitos el relativamente pequeña y no hay una tendencia creciente, sino que está estabilizada. Nada indica que habría menos delitos adolescentes si se incrementa la punición. Hay razones para mejorar la ley penal juvenil, para aplicar lo que se llama justicia restaurativa, que son prácticas sociales de reparación del daño ocasionado, de relacionamiento entre los chicos que cometieron el delito y las víctimas, de participación de la comunidad y de articulación de la intervención de la justicia con políticas socioeducativas. Necesitaríamos una ley más moderna en eso, una política más vigorosa de inclusión adolescente, pero no bajar la edad de punibilidad. El gatillo fácil está asociado con el estigma de los adolescentes, con señales desde el poder de mucha discriminación. Eso no depende tanto de la legislación, sino de las señales que emiten los poderes ejecutivos. Esa foto de Alberto Fernández con Braian preanuncia un gobierno que, bajo esta idea de un frente de todos y todas, también estén los pibes y las pibas de las barriadas. Porque muchas veces el todos y todas del mundo adulto no los incluye. Y si los incluimos también los vamos a proteger de la violencia institucional.

—¿Cuál sería el camino para romper con una perspectiva adultocéntrica tanto en materia de políticas como en la resolución de conflictos?
—Un factor que sería muy potente para interpelar la posición adultocéntrica es asegurar la participación de las chicas y chicos. Escucharlos, tener en cuenta su opinión. Asegurar la participación institucional. Por ejemplo, los chicos de 16 y 17 años pueden votar pero no pueden participar del gobierno de sus escuelas. Diseñamos políticas de prevención de las adicciones o de consumos problemáticos sin la participación de los adolescentes. ¿No debiéramos escucharlos para esto? Para la modificación de la posición adultocéntrica no alcanza con las leyes, probablemente hayamos mejorado con las áreas de niñez, pero sería muy importante ampliar e institucionalizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de las políticas públicas. Si tienen más voz, eso puede modificar este monopolio de la sartén por el mango que solemos ejercer los adultos.