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El ex gobernador Lifschitz, al dejar la Casa Gris, dijo que Santa Fe era la mejor provincia del país. Dos semanas después, su sucesor Perotti pidió a la Legislatura la declaración de emergencia en ocho áreas del Estado con una cruda descripción en la que se conjugan el déficit fiscal y una caja casi vacía. Con esos argumentos, el nuevo mandatario busca tomar deuda por 15 mil millones de pesos, pero la última palabra la tiene el socialismo.
“Dejamos una provincia mejor de la que había hace cuatro años y mucho mejor que hace 12 años. Hay nuevos derechos, tenemos mejor salud pública, una educación mejor, una justicia mejor y una Policía mejor aún, con falencias y muchas cosas por mejorar. Santa Fe junto con Córdoba son las dos mejores provincias del país”.
“Nuestra tarea es poner de pie a Santa Fe. Estamos en medio de una profunda crisis económica y social a nivel nacional y, en esa emergencia, los problemas de Santa Fe son reales, son graves y son muchos. Esta emergencia se expresa no solo en una mala situación fiscal, sino con niveles de pobreza que avergüenzan en el país y en la provincia. Se manifiesta en el alto desempleo, donde algunas de nuestras regiones, han presentado indicadores que nunca creímos que podían volver”.
La primera declaración la hizo el ex gobernador socialista Miguel Lifschitz el 4 de diciembre, una semana antes de dejar el poder. La segunda declaración corresponde a su sucesor, el peronista Omar Perotti: la pronunció el 11 de diciembre, en su discurso de asunción, ante el presidente Alberto Fernández y el propio Lifschitz, que en su nuevo rol de titular de la Cámara de Diputados de la provincia lo escuchaba con cara de pocos amigos.
¿Es posible que en apenas una semana se hayan hecho dos diagnósticos tan diferentes sobre el mismo tema? Sí, es posible y ocurrió en la invencible provincia de Santa Fe, en un fin de año marcado a fuego por las altas temperaturas, el malhumor social y el recambio político luego de 12 años de gestiones socialistas.
Perotti y Lifschitz eligieron, al momento de describir la situación de Santa Fe, los indicadores que le convienen políticamente a cada uno.
El ex mandatario hace hincapié en las transformaciones realizadas durante los tres gobiernos del Frente Progresista y elude con astucia los temas negativos, entre ellos la inseguridad, el aumento sostenido de la criminalidad y la violencia urbana y la persistencia de desigualdades sociales que no pudo o no supo resolver el socialismo durante su estadía en la Casa Gris.
En contraste, Perotti pone la lupa sobre las cuentas públicas, el déficit fiscal, la deuda de la provincia y una serie de indicadores sociales negativos que son producto de cuatro años de retroceso económico signados por las políticas neoliberales del macrismo a nivel nacional.
En ese marco, el nuevo gobernador pidió a la Legislatura la declaración de emergencia en ocho áreas (social, alimentaria, sanitaria, en las contrataciones públicas, económica, financiera, fiscal y en materia de seguridad) y la mayoría justicialista del Senado provincial le dio el aval al votar la media sanción del proyecto durante la sesión del viernes 27. El tema ahora está en manos de la Cámara de Diputados que preside el propio Lifschitz, donde el Frente Progresista tiene mayoría propia.
Las ocho emergencias
En su discurso de asunción, Perotti fue muy crítico sobre la situación económica de la provincia: “En lo fiscal, al mes de octubre el resultado financiero deficitario ascendía a 9129 millones de pesos, como consecuencia de que los gastos vienen creciendo en lo que va del año nueve puntos porcentuales más que los recursos. Si comparamos enero-octubre 2018 con enero-octubre de 2019, el resultado fiscal de la provincia se deterioró un 316%”.
Dos semanas más tarde, el gobernador envió un paquete de leyes económicas a la Legislatura, entre ellas la declaración de emergencia. Allí hizo una descripción similar, pero con otras cifras: mencionó un déficit fiscal de 8129 millones de pesos al 30 de noviembre (1000 millones menos que el mes anterior) y una deuda flotante de 22.700 millones de pesos, 78% más que la registrada en el mismo período de 2018 y casi el 10% del presupuesto provincial de 2019.
A ese diagnóstico Perotti le sumó la situación de la caja provincial: el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco) era de 14.888 millones de pesos al 30 de noviembre, pero diez días después, al momento de asumir, solo tenía disponibles 118 millones. “Los 14.770 millones restantes ya habían sido utilizados”, sostiene el informe del Ejecutivo. “Dicha utilización genera una deuda del Tesoro con dicho fondo”, en referencia al Fuco.
Entre los fundamentos del paquete de leyes de emergencia, se afirma que “la persistencia del déficit fiscal y la inexistencia de un programa financiero ha implicado la necesidad de apelar a adelantos transitorios provenientes del agente financiero de la provincia (Nuevo Banco de Santa Fe) con un costo financiero del orden del 55% anual actualmente, superando el 70% en meses anteriores”.
En ese sentido, uno de los artículos del proyecto de emergencia establece la posibilidad de que el Ejecutivo emita deuda por un máximo de 15 mil millones de pesos para sanear la caja: “Resulta imperioso para la provincia acceder a nuevo financiamiento que permita recomponer el Fuco, mientras se avanza en la reducción de la brecha fiscal y se pueda retornar a los mercados voluntarios de crédito”.
En los fundamentos de las emergencias también se alude al contexto nacional y provincial: allí se menciona una contracción del PBI superior al 5% entre 2015 y 2019 y una reducción del PBI per capita del 8% en el mismo período, un aumento superior al 500% del tipo de cambio (dólar-peso), la “altísima inflación” de la era Macri, el 35% de pobreza, el 10,6% de desempleo, los tarifazos, el aumento de la deuda pública y la vulnerabilidad económica y social.
“La provincia de Santa Fe no escapa al contexto descripto, a lo que cabe añadir las dificultades específicas de su administración que impactan en los medios y recursos con los que cuenta para hacer frente a las demandas que genera la situación, de verdadera emergencia”, se añade en los fundamentos del proyecto, que tuvo media sanción el pasado viernes aunque al momento de la votación los senadores del Frente Progresista se abstuvieron.
El juego político
Durante los cuatro años de Cambiemos en el gobierno nacional, la situación económica del conjunto de las provincias empeoró como resultado de las políticas neoliberales del macrismo, pero también producto de una decisión política del gobierno central de recuperar recursos federales para asistir a María Eugenia Vidal durante su paso por la gobernación bonaerense.
Al cabo de cuatro años de ese experimento fallido, todas las provincias se encuentran endeudadas, con la caja en rojo y una serie de demandas hacia la Nación que quedaron en suspenso luego de la decisión del presidente Fernández de corregir el Pacto Fiscal firmado entre Mauricio Macri y los gobernadores en noviembre de 2017.
El santafesino Perotti, del mismo modo que todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, firmaron el pasado 17 de diciembre el llamado Consenso Fiscal 2019. El último viernes, la Legislatura provincial avaló esa adhesión al votar la ley remitida por el propio Perotti y de esa manera quedó suspendido por un año buena parte de las medidas aceptadas por las provincias dos años atrás.
El diputado provincial Ricardo Olivera, presidente del PJ santafesino, justificó en el recinto la salida de aquel esquema de “armonización” tributaria que no tuvo ningún efecto palpable en las economías provinciales, salvo el aumento del déficit producto de una caída sostenida de la recaudación. “Entre 2018 y 2019, la coparticipación de impuestos para las provincias de Santa Fe y Córdoba cayó en un 9%, para San Luis y otras provincias cayó entre 6 y 7%. Y la única provincia que aumentó su coparticipación fue Buenos Aires”, señaló Olivera.
El nuevo Consenso Fiscal implica la posibilidad de que las provincias aumenten sus impuestos locales para mejorar la recaudación. En Santa Fe, el Senado ya le dio media sanción por unanimidad a la nueva ley tributaria elaborada por Perotti y la Cámara de Diputados completará el trámite el lunes 30, en el filo del inicio de un nuevo ejercicio económico.
Con la sanción de la ley tributaria, Perotti contará con mayores recursos desde el primer día de 2020 para atender las demandas más urgentes de la ciudadanía santafesina y de los sectores productivos, muy castigados después de cuatro años de macrismo.
En la misma sesión en que se votará el aumento de impuestos, el PJ –que solo tiene siete bancas sobre un total de 50– intentará convertir en ley el pedido de emergencia realizado por el Ejecutivo. La bancada mayoritaria del Frente Progresista ya avisó que no acompañará ese proyecto porque sería “darle un cheque en blanco” al nuevo gobernador. Un argumento similar al que ensayó la oposición en el Congreso al momento de debatirse la emergencia nacional.
Pero ¿es ese el verdadero motivo por el cual los socialistas y los radicales, hasta ayer en el poder, rechazarán la declaración de emergencia? El juego político democrático indica que la oposición buscará, siempre y por definición, recortar las herramientas que permitan una mejor maniobra por parte del oficialismo de turno. De allí que los diputados y las diputadas del Frente Progresista hayan salido a denunciar “los súper poderes” que pretende Perotti. Pero hay otro motivo por el cual no votarán el paquete de leyes de emergencia: hacerlo implicaría aceptar el diagnóstico sombrío del nuevo gobierno y reconocer el fracaso de las propias gestiones del Frente Progresista. Algo que Lifschitz y sus legisladores no están dispuestos a hacer.
