Debate por las emergencias, capítulo 2

Renombrada ahora como Ley de Necesidad Pública, el gobierno volverá a enviar a la Legislatura provincial la iniciativa rechazada en diciembre. Perotti pide que se declare la emergencia en ocho áreas del Estado y niega querer “súper poderes”.

En la última sesión legislativa de 2019, la Cámara de Diputados de la provincia rechazó el paquete de emergencias que tenía media sanción del Senado con el argumento de que “no estaban dadas las condiciones” para votar esa ley.

Según el Frente Progresista, que controla la Cámara de Diputados, la provincia de Santa Fe se ubica entre las más sólidas en materia de finanzas, con bajo nivel de duda pública y una administración de su economía que no justifica la declaración de emergencia en esa área.

El gobierno de Omar Perotti tiene una mirada diferente: desde la Casa Gris hacen hincapié en una deuda flotante de casi 23 mil millones de pesos al momento de la asunción, con un déficit fiscal de 15 mil millones de pesos y una caja prácticamente vacía. Con esos argumentos, el Ejecutivo ralentizó el pago de salarios en enero, canceló toda la obra pública y viene pateando para adelante las demandas de los proveedores. El lema del nuevo gobierno es no tomar deuda ni pedir anticipos financieros para cancelar obligaciones.

El fallido intento de diciembre se repetirá en febrero, pero con varias diferencias. La primera es simbólica: ahora el gobierno no habla de “emergencia” sino de “necesidad pública”. Esa es la nueva nomenclatura de los proyectos que remitirá a las cámaras en busca de las “herramientas” que necesita Perotti para poner la provincia en marcha.

Pero los cambios principales no son en la nomenclatura del proyecto, sino en su contenido. Tras una serie de consultas con intendentes, presidentes comunales, entidades de la producción, sindicatos y bloques políticos opositores, el Ejecutivo se encuentra elaborando un nuevo proyecto –aún no está definido si será uno solo o si las emergencias se enviarán en forma desdoblada– para que la Legislatura debata el tema a partir de febrero, una vez finalizado el receso de verano.

Según Perotti, la sanción de la Ley de Necesidad Pública es un asunto clave para su gestión: “Pedimos las leyes necesarias para que la gente esté mejor”. Y en respuesta al socialismo: “No hay objetivo alguno de ninguna facultad extraordinaria ni delegación de funciones”.

Dos momentos distintos

Uno de los motivos centrales del rechazo a la emergencia en diciembre fue la decisión del gobierno de reunir, en un solo proyecto, ocho declaraciones de emergencia: social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal y en seguridad.

La saga de homicidios registrada en las primeras dos semanas de enero y la situación expuesta por el ministro Marcelo Saín sobre la realidad de la Policía provincial parecen haber despejado el camino para la declaración de la emergencia en seguridad.

¿Santa Fe está en emergencia?

En materia económica y social, los intendentes y presidentes comunales de todas las fuerzas políticas vienen pidiendo asistencia a la provincia para poder enfrentar las cuestiones más urgentes: desde el pago de salarios al sostenimiento de las copas de leche y la continuidad de las políticas de asistencia dirigidas a los sectores más vulnerables.

Perotti confía en que el clamor de los intendentes, expresado en público por el rosarino Pablo Javkin y el santafesino Emilio Jatón –ambos del Frente Progresista–, llegue a los oídos de los legisladores que deberán estudiar, una vez más, los proyectos de emergencia, corregidos y aumentados luego de la ronda de consultas encarada por el Ejecutivo.

“Las leyes (de emergencia) son necesarias para que la gente pueda estar mejor y eso tiene que estar en primer lugar”, justificó Perotti. “Uno apuesta a eso, el trabajo que se viene haciendo con legisladores, intendentes, instituciones intermedias; son una señal clara a los santafesinos para que nos permita tener una herramienta que pueda ser de utilidad a todos”.

Los cambios

En el primer intento, el gobierno mencionó entre los fundamentos del paquete de leyes que “la persistencia del déficit fiscal y la inexistencia de un programa financiero ha implicado la necesidad de apelar a adelantos transitorios provenientes del agente financiero de la provincia (Nuevo Banco de Santa Fe) con un costo financiero del orden del 55% anual actualmente, superando el 70% en meses anteriores”.

A ese hecho puntual, el gobierno de Perotti sumó la deuda heredada de la gestión de Miguel Lifschitz –el arquitecto del rechazo opositor a la emergencia–, el déficit fiscal, los pocos recursos hallados en la caja provincial y la caída sostenida de la recaudación y de la coparticipación en 2018 y 2019.

Decíamos en diciembre que el juego político democrático indica que la oposición buscará, siempre y por definición, recortar las herramientas que permitan una mejor maniobra por parte del oficialismo de turno. Pero que había otro motivo por el cual el Frente Progresista no iba a votar el paquete de leyes de emergencia: hacerlo implicaría aceptar el diagnóstico sombrío del nuevo gobierno y reconocer el fracaso de sus propias gestiones, algo que Lifschitz y sus legisladores no estaban dispuestos a hacer.

El gobierno de Perotti tomó nota de esa paradoja y propició una serie de cambios en las leyes de emergencia para lograr consenso entre los bloques opositores que tienen la llave para la sanción de esas herramientas.

El espíritu del proyecto o de los proyectos es el mismo que en diciembre: una autorización especial de la Legislatura al Ejecutivo para poder realizar compras y contrataciones en plazos menores a los que establece la burocracia estatal, con el fin de atender las distintas urgencias.

En materia económica, el nuevo proyecto establece la posibilidad de que el gobierno tome créditos externos para financiar la obra pública, virtualmente paralizada desde el segundo semestre del año pasado. Y también la autorización para que el Ejecutivo emita letras del Tesoro a largo plazo (financiamiento en los mercados locales). Además, se prevén fondos especiales para municipios y comunas. En ese punto, la apuesta es que los propios intendentes del Frente Progresista presionen a sus legisladores para que apoyen la iniciativa; no hacerlo implicaría que le dan la espalda a las necesidades de los habitantes de las ciudades más pobladas, entre ellas Santa Fe y Rosario.

En materia social, el nuevo proyecto prevé un fondo especial para el sector salud, el aumento de los montos que se otorgan a través de la Tarjeta de Ciudadanía (de 300 a 1000 pesos), el congelamiento de las tarifas de agua y luz por seis meses y recursos para poner en marcha el Boleto Educativo, una de las principales promesas de campaña de Perotti.

Y para el área de seguridad, la emergencia contemplará la autorización para modificar los procesos de sanción y expulsión de agentes de la Policía, la compra de equipamiento en plazos abreviados, la potestad de que el gobierno modifique por decreto las leyes orgánicas del régimen policial y la facultad de reasignar funciones a las distintas áreas policiales.

En febrero se reinicia la actividad legislativa en la provincia y todas las miradas estarán puestas en el renovado debate por las emergencias o, como la llama ahora el gobierno, la Ley de Necesidad Pública. La alegría del carnaval habrá que buscarla en otro lado.