Masacre de Pergamino: tras las condenas, la lucha continúa

En diciembre, seis policías bonaerenses fueron condenados a penas de entre seis y 15 años por dejar morir a un grupo de jóvenes en un incendio en la Comisaría 1º de Pergamino. Cuatro de ellos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Familiares de las víctimas evalúan apelar la medida; para ellos, la lucha por justicia no se detiene.

“Fue un cachetazo. Nos volvieron a matar”, dijo a Pausa Silvia Rosito, madre de Fernando Latorre, uno de los siete jóvenes que el 2 de marzo de 2017 murieron durante un incendio en la Comisaría 1º de Pergamino, luego de que los policías no hicieran nada para salvarlos, sino todo lo contrario. Los familiares de las víctimas suponían que las penas a los policías iban a ser por abandono de persona seguido de muerte, no por homicidio, como habían reclamado. Lo que no imaginaban era que la mayoría de los condenados iba a cumplir la pena en su casa: a cuatro de los seis responsables de la masacre les dieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora, evalúan apelar esa medida.

La lucha de las familias, que continúa, no es sólo por la cárcel común para los policías. También repudian a los responsables políticos de la masacre —entre ellos, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Seguridad Cristian Ritondo— y denuncian, junto a otras organizaciones, la violencia institucional que acaba con la vida de los jóvenes más vulnerables. El 2 de enero último, como todos los 2 de cada mes desde hace casi tres años, familiares y militantes del grupo Justicia por los 7 volvieron a reunirse en el Parque España de Pergamino.

Dejar morir es matar

El juicio comenzó el 2 de septiembre pasado y se extendió hasta fines de octubre. La sentencia se conoció el 20 de diciembre último, cuando los jueces Guillermo Burrone, Miguel Gaspari y Danilo Cuestas condenaron a los ya ex policías Alberto Donza (ex comisario que, tras la masacre, estuvo prófugo 14 meses) a 15 años de prisión; a Alexis Eva a 14 años; a Brian Carrizo y Matías Giulietti, 11 años; a Sergio Rodas, ocho años; y a Carolina Guevara, seis años.

Pese a la gravedad del delito, sólo Donza y Eva cumplen la condena en una cárcel común. Los jueces fundamentaron la prisión domiciliaria de los otros cuatro en una reciente resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por la que exhortan a los jueces a evitar enviar a los detenidos y condenados a comisarías o unidades penitenciarias debido a la superpoblación y condiciones inhumanas de las cárceles bonaerenses.

La Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires (CPM), cuyos abogados patrocinaron a cinco de las siete familias, había solicitado que se condene a los policías por homicidio simple, ya que sostienen que dejar morir es matar. Tras las condenas, la CPM repudió las prisiones domiciliarias. “Es una decisión que el mismo poder judicial no tiene en cuenta al momento de perseguir y encarcelar a jóvenes de los sectores más pobres, detenidos sin condena y por delitos de pena de expectativa baja. La doble vara o selectividad de la justicia resulta aún más caprichosa en esta causa, ya que con ese mismo criterio, ninguno de los jóvenes que murieron el 2 de marzo de 2017 debería haber estado alojado en esa dependencia”, afirmaron en un comunicado.

Masacre de Pergamino: “Que no pase nunca más”

Durante el juicio, quedó probado que el día del incendio los policías no hicieron nada para salvar a los jóvenes: no apagaron el fuego cuando aún era pequeño y podría haberse extinguido con agua o un matafuego sin necesidad de abrir las celdas. No llamaron a los bomberos ni utilizaron ninguno de los dos extintores que estaban en la comisaría. Tampoco accionaron las duchas de las celdas. Cuando, casi media hora después de iniciado el primer fuego, llegaron los bomberos voluntarios que habían sido alertados por el Centro de Despachos y Emergencias (un servicio similar al 911), los policías demoraron otros 15 minutos en entregar la llave de la reja del pasillo que conduce a las celdas. “En un incendio la gente siempre ayuda, pero acá no”, declaró en el juicio Santiago González, uno de los bomberos que actuó ese día en la comisaría.

“Pasaron como mínimo veinticuatro minutos (desde que se inició el fuego hasta que los jóvenes mandaron los últimos mensajes por celular a su familia), tiempo más que suficiente para que los policías sofocaran el fuego, pero no sólo no lo hicieron, sino que ni siquiera lo intentaron y lo que es aún peor, obstaculizaron la tarea de los bomberos”, concluyeron los jueces en la sentencia.

Junto a Fernando Latorre, ese día en la celda 1 estaban Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos y Juan Cabrera. Tenían entre 18 y 27 años. Los siete murieron.

En el juicio se probó también que apagar el fuego no hubiera supuesto peligro de fuga de los jóvenes ya que el primer foco era un pequeño pedazo de colchón encendido que arrojaron desde una de las celdas al pasillo, por lo que ni siquiera hubiera sido necesario abrir las celdas para apagarlo. También se demostró que no era la primera vez que ocurrían incendios en esa comisaría; pero en las oportunidades anteriores, los policías que intervinieron los sofocaron.

Revivir el horror

Los testimonios de los sobrevivientes coincidieron en relatar que ese día, uno de los jóvenes inició el fuego en protesta porque, después de una pelea entre dos de ellos, los habían encerrado en los calabozos antes del horario previsto. Según los testimonios, la gresca ya había terminado —incluso los que habían peleado ya se habían dado la mano— cuando los encerraron.

El primer fuego fue pequeño durante varios minutos. Pero al no ser apagado, encendió las cortinas de la celda 1 y se convirtió en el incendio que, por la inacción de los policías, terminó con la vida de los siete chicos allí encerrados. Durante el juicio, sus familiares tuvieron que escuchar una y otra vez los relatos de los sobrevivientes que describían el humo negro que hacía imposible respirar, el calor insoportable, los gritos de auxilio, las patadas a las rejas, la oscuridad cuando se cortó la luz (porque se derritieron los cables), la desesperación.

“Fue muy duro. Era imaginarme en cada declaración de los sobrevivientes todo lo que pasó ese día. No me entra en la cabeza cómo pudieron haber sido tan crueles, teniendo posibilidad de hacer mucho....Aunque sea con un llamado a los bomberos en tiempo y forma”, sostuvo Silvia Rosito. “Encima, en ningún momento bajaron la mirada o se mostraron arrepentidos”, dijo sobre los policías.

“Para mí, todavía mi hijo está vivo, todavía lo espero. Esto no fue cerrar una etapa”, continuó. “Cuando salís a la calle y empezás a pedir justicia, no pedís solo justicia por los tuyos, pedís por todos. La sentencia no repara nada, no nos devuelve a nuestros hijos. El juicio ya era injusto para mi hijo y para los chicos.”