El gobierno de Omar Perotti dispondrá de un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos. Se declara la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad. También se aprobó un endeudamiento por 15 mil millones que incluye recursos para los municipios.
La pandemia del coronavirus logró, en pocas semanas, lo que el diálogo político no había conseguido en más de 100 días. La emergencia sanitaria aceleró la sanción de las leyes que pedía el gobierno de Omar Perotti y puso en evidencia el estado de necesidad que venía argumentando la actual gestión desde diciembre. Ahora el gobierno podrá contar con 54 mil millones de pesos que no tenía previstos al inicio de la gestión, apenas tres meses atrás.
Este martes, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la Ley de Necesidad Pública remitida por Perotti a principios de febrero y sancionó también una autorización para que el Ejecutivo pueda tomar deuda por un monto máximo de 15 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia por la pandemia del coronavirus.
La autorización de endeudamiento por 15 mil millones de pesos incluye una partida especial de 3000 millones que se distribuirá entre los municipios y las comunas de la provincia para que puedan afrontar sus gastos más urgentes.
La Ley de Necesidad Pública se terminó aprobando en forma definitiva después de cuatro votaciones, dos en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. A través de esa normativa se declara hasta fin de año la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad.
Esa norma incluye un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, reprogramación de deudas y reasignación de partidas presupuestarias. Entre los puntos centrales de la ley se incluye un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincia podrá tomar un crédito de hasta 2500 millones de pesos y un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2500 millones de pesos, para el sistema de salud pública.
Además, para saldar deuda flotante con proveedores y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas. Con esa deuda se busca bajar el déficit financiero de 2019, que fue de 18.000 millones de pesos.
También se faculta además a la EPE a buscar mecanismos para refinanciar la deuda que mantiene con la mayorista nacional Cammesa, que ascendía a principios de febrero a 2700 millones de pesos.
Para recomponer el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autoriza a la provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8000 millones y luego dos tramos de 4000 millones previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.
La ley también crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3200 millones), el 60% (1900 millones) se distribuirán entre Rosario (1400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.