¿Quién paga el muerto?

Ante la pesada herencia de la deuda, renegociación y debate sobre el esquema impositivo argentino.

Una propuesta estaba en el horizonte de las políticas económicas del gobierno, la otra apareció en el marco de la pandemia. Ambas son coherentes entre sí y exhiben la línea de pensamiento de quienes están a cargo de las finanzas públicas. La propuesta de renegociación de la deuda externa, con quita de intereses y capital y tres años de suspensión de pagos, y la propuesta de un impuesto a las grandes riquezas concentradas cambian la dirección del debate macroeconómico.

Con la presentación del ministro de Economía Martín Guzmán, la oferta de quita de deuda ya está lanzada a los bonistas. La respuesta de los especuladores decidirá si caemos en un nuevo default. Por otro lado, el impuesto extraordinario promovido desde el Poder Legislativo, generó mucha discusión pública y posiciones encontradas.

Compartieron sus opiniones con Pausa el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín, el vicepresidente regional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) Roberto Slobodianuk y los economistas Diego Rubinzal, Julieta Pron y Gabriel Brondino. Así opinan nuestros entrevistados.

Javier Martín: “La deuda externa ha crecido de forma exorbitante en los últimos tres años. Además la deuda está monetizada en dólares, por lo que además del peso sobre el PBI genera una exposición a la devaluación infernal. Hoy como está es impagable, requiere una restructuración. Por otro lado, Argentina ya ha incumplido muchas veces, hay que tener cuidado porque si no se nos van a cerrar todos los mercados de crédito internacional y Argentina necesita crédito, inversiones externas y crecer. La deuda externa tiene que ser renegociada generarse un período de gracia como para que la economía se recupere. Aplicando recetas recesivas no se va poder pagar la deuda ni la deuda social, expresada en los porcentajes terribles de pobreza. Hay que ir a un modelo que privilegie lo productivo por sobre lo financiero. Los bancos tienen una deuda social importante con el resto de los sectores productivos, han tenido ganancias exorbitantes. Este modelo que se empezó a aplicar ahora, que se truncó por la crisis, es la salida por el lado productivo, la creación de valor y el empleo local. No es un pecado ser una persona rica, el pecado es tener un 35% de pobreza. Yo no castigaría a la persona rica, pero sí es necesario tener un sistema impositivo progresivo, donde el que más gana más paga. Hoy tenemos impuestos así, como el impuesto a las ganancias. Las personas que más ganan pagan hasta un 35%, es decir que cuatro meses al año lo trabajan para darle todos los ingresos al fisco. Hay que mejorar la recaudación para que sea más efectiva y eficiente y todo el mundo pague los impuestos que debe pagar. Otros países en lugar de gravar las riquezas gravan las herencias, porque entienden que es un enriquecimiento gratuito. Las grandes riquezas tienen esquemas impositivos para eludir impuestos, con cambios de domicilios fiscales. Yo prefiero que se queden en el país y contribuyan a combatir la pobreza. Sí gravaría riquezas ociosas o improductivas, como las cuestiones financieras”.

Roberto Slobodianuk: “En estas horas tan convulsionadas por la pandemia el equipo económico ha sabido mantener la prudente distancia para elaborar una estrategia que ayude a sobrellevar la deuda externa. Lo que en un principio aparecía como una contraoferta agresiva y exagerada, apareció como una propuesta moderada, previsible. Sobre el impuesto a las grandes riquezas, no pasa de ser un ingrediente más resultado de la convulsionada realidad económica argentina. Hoy le toca a este gobierno hacer esta propuesta, tal vez más efectista que efectiva. Tal vez con otro signo político las medidas hubiesen sido en sentido contrario y habrían apuntado a otros sectores (no lo sabemos). No creo que el proyecto prospere”.

Diego Rubinzal: “Los lineamientos principales de la oferta sobre la deuda plantean cuestiones positivas. Si hay o no acuerdo, depende de un mes largo de negociaciones. La idea central es liberar recursos durante tres años para tenerlos disponibles y financiar un plan de reconstrucción que va a ser necesario luego de esta verdadera bomba neutrónica sobre el aparato productivo y social. El impuesto a las grandes fortunas busca diseñar un sistema tributario un poco más progresivo. Es absoluta lógica económica que, en una situación en la que la mayoría de la población pierde, el aporte lo hagan quienes tienen mayores ingresos y riqueza”.

Julieta Pron: “La propuesta de renegociación de la deuda está bien planteada en tanto, como dijo Alberto Fernández, ‘no postergue las necesidades que Argentina tenía en diciembre y que se han incrementado por la pandemia’. El impuesto a las mayores riquezas alcanzaría a un grupo muy reducido de personas, con fortunas mayores a los tres millones de dólares. Estoy a favor de esas políticas redistributivas. El contexto que estamos atravesando por la pandemia hace viable políticas inimaginadas hace dos meses atrás. Quienes plantean que este impuesto aumenta la grieta y el conflicto distributivo, olvidan que el conflicto distributivo está siempre presente en las sociedades. Hay que aprovechar el actual contexto para pensar soluciones creativas y audaces”.

Gabriel Brondino: “No soy un especialista en el tema de la deuda. Respecto del impuesto, tal vez el gobierno opte por esta política porque no está dispuesto a gastar en la economía creando sus propios medios de pago. El Estado puede crear pesos y no tiene problemas de aceptación porque todos desean pesos; en las actuales circunstancias más que nunca: empresas que no disponen de liquidez ante la caída de sus ventas y deben pagar salarios, alquileres o a proveedores, familias que no disponen ingresos porque no pueden salir a trabajar dado el aislamiento social obligatorio, etcétera. Si el gobierno pensara que la creación de medios de pago no es conveniente porque es contraproducente para la estabilidad de precios, entonces una alternativa sería tomar parte de la riqueza acumulada por privados y gastarla. No obstante, el gobierno no necesita de los ricos para poder gastar. Las políticas impositivas, en última instancia, responden al problema de la distribución del ingreso y la riqueza de una sociedad y reflejan el equilibrio de fuerzas de los diferentes sectores sociales. También se podría argumentar que tal política impactará negativamente en la capacidad de crecimiento a largo plazo de la economía porque afecta negativamente el incentivo a invertir en el país, pero la inversión está regulada principalmente por la expectativa de ventas futuras, así por ese lado no deberíamos preocuparnos”.