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A principios de mayo, las diputadas del Frente Progresista ingresaron la iniciativa en la Cámara baja. Pocos días después, los senadores del PJ enviaron su propio proyecto, con algunas diferencias. ¿Habrá ley de paridad en la provincia?
Los senadores provinciales del PJ elaboraron su propio proyecto de paridad de género con el objetivo de lograr una representación igualitaria entre mujeres y varones en la composición del Poder Legislativo, del Ejecutivo, de la Justicia, de los partidos políticos, asociaciones, consejos y colegios de profesionales.
La iniciativa apunta a “evitar que ser mujer la condene al ostracismo y se convierta en una desventaja en sí misma” y fue presentada por el senador del departamento Las Colonias, Rubén Pirola, el pasado 13 de mayo. Una semana antes, el 7 de mayo, diputadas del Frente Progresista habían ingresado una iniciativa similar en la Cámara baja, con el apoyo de sus colegas de los otros bloques políticos.
El proyecto de los senadores es más abarcativo. Las diputadas proponen paridad para los cargos electivos –incluida la categoría de gobernador y vice–, los partidos políticos, las empresas del Estado y los colegios profesionales. Los senadores amplían ese listado y suman al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en su conjunto.
No es la primera vez que se superponen dos iniciativas parecidas, pero no idénticas. Lo mismo ocurrió en 2018, cuando el gobernador Miguel Lifschitz envió a la Cámara de Diputados un proyecto “oficial” de paridad de género (el 8 de marzo, Día de la Mujer) y una semana más tarde los senadores del PJ presentaron su propia iniciativa en la Cámara alta.
El 24 de mayo de 2018 los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto del Ejecutivo y lo giraron al Senado, donde nunca llegó a tratarse. Dos años antes, en 2016, también hubo una media sanción en la Cámara baja, que luego naufragaría en el Senado. La diferencia es que, en 2018, los senadores mandaron al cajón el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados y también su propia iniciativa, que había sido presentada –igual que ahora– por el senador Pirola.
Los tres poderes
La nueva iniciativa de los senadores del PJ fue girada la semana pasada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En líneas generales, es similar al que habían presentado en marzo de 2018, que perdió estado parlamentario a fines del año pasado. Entre sus fundamentos, Pirola menciona la necesidad de “cuidar de que nadie sea minusvalorado por el hecho de ser mujer”.
El proyecto de Pirola propone la “adopción del principio de paridad de género en el ordenamiento normativo provincial, entendiendo que la participación de la mujer en la vida política y social y en ámbitos de representación y decisión, en condiciones de paridad, debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado”.
En líneas generales, el nuevo proyecto establece “la participación y representación igualitaria de varones y mujeres, entendiendo por tal la integración de un 50% de cada género en los órganos colegiados, electivos y no electivos, con el objeto de hacer efectivo el principio de participación y representación igualitaria, en cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales de igual jerarquía incorporados en su artículo 75, inciso 22”.
Por tanto, el criterio de paridad de género será aplicable a las listas de candidatos y a la composición de la Legislatura, los Concejos Municipales, las Comisiones Comunales, los partidos políticos y, eventualmente, las convenciones constituyentes. También se aplicará a los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y las empresas con participación estatal provincial.
De acuerdo al texto del senador Pirola, las listas deberán confeccionarse ubicando alternativamente a personas de diferente sexo y no podrán figurar dos candidatos consecutivos del mismo sexo. Aplica a todas las candidaturas titulares y suplentes, cualquiera sea la categoría electoral. “No serán oficializadas por el Tribunal Electoral de la provincia las listas que no cumplan con lo dispuesto precedentemente”, sostiene el proyecto de ley.
Además, la nueva iniciativa establece que en caso de producirse la vacante de una mujer en las listas de candidatos a los cuerpos colegiados electivos, sólo podrá ser cubierta por otra candidata mujer. El mismo criterio se aplicará ante una vacante en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad, incapacidad permanente o cualquier otro motivo que imposibilite a una mujer el ejercicio del cargo para el que haya sido electa.
Antecedentes
En 2016 y en 2018 iniciativas similares tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y luego naufragaron en el Senado, donde nunca se trataron y perdieron estado parlamentario.
En la primera ocasión, se unificaron tres proyectos de las diputadas Verónica Benas, Inés Bertero y Silvia Augsburger. Tuvo media sanción en octubre de 2016 con 35 votos afirmativos, ninguno en contra y ocho abstenciones: los diputados de la UCR y del PRO-Cambiemos. Cuando llegó su turno, los senadores lo cajonearon con la excusa –defendida por el entonces vicegobernador Carlos Fascendini– de que no era conveniente reformar la ley electoral en un año (2017) en el que había elecciones.
La segunda vez que se votó el tema en la Cámara baja fue en mayo de 2018, a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que recogía los mismos principios de la primera iniciativa. En esa ocasión, a diferencia de 2016, tuvo media sanción por unanimidad. En el medio de ambas votaciones se aprobó la ley nacional de paridad, a fines de 2017, que se aplicó por primera vez en las elecciones nacionales de 2019.
En 2018, los integrantes del bloque mayoritario del PJ presentaron una iniciativa paralela, pocas semanas antes de la media sanción de la Cámara de Diputados, y de esa manera el debate quedó trabado por la superposición de proyectos. El proyecto de los senadores del PJ recogía las mismas inquietudes, pero sumaba el criterio igualitario para la distribución de cargos en los colegios y las asociaciones de profesionales de toda la provincia, que no estaba incluido en el texto del Ejecutivo que aprobó la Cámara de Diputados.
Desde mayo de 2018 hasta noviembre de 2019 ambos proyectos tuvieron estado parlamentario y los senadores eligieron no tratarlos. Un antecedente que enciende alarmas en el movimiento de mujeres.
