Pandemia y recesión en Santa Fe

Con la economía parada por el coronavirus, la provincia lanza bonos para acreedores y créditos para las empresas.

En la última semana, el gobierno provincial anunció un paquete de medidas de apoyo al sector productivo por más de 2200 millones y formalizó una propuesta de pago a empresas contratistas por 6000 millones. Los anuncios llegaron cumplido el segundo mes de la pandemia por coronavirus, que paralizó casi por completo la economía del país y de la provincia.

Las medidas de asistencia lanzadas el lunes 18 están destinadas a los sectores: turístico, apícola, frutihortícola, lechero, porcino, piscícola, avícola, plan ganadero, sector productivo algodonero y ovino y sector productivo industrial. También serán beneficiarias las pequeñas y medianas industrias manufactureras, de base tecnológica, el teletrabajo y el comercio digital.

Todos los indicadores están por el suelo: en el país, los despachos de cemento cayeron un 55,1% en abril respecto de abril de 2019 y la construcción bajó 46,8% interanual (28,1% en el acumulado desde enero), mientras que en la provincia la industria retrocedió 17% en marzo, con sólo 11 días de cuarentena.

En la presentación del paquete de medidas, el ministro de la Producción de la provincia, Daniel Costamagna, definió que se trata de “políticas de financiamiento que tienen que ver con la generación de empleo y con la competitividad”.

“Este esfuerzo –siguió el ministro– inyecta al sector más de 2200 millones de pesos y tiene un correlato: lo que no se le saca al sector, que tiene que ver con un acompañamiento de nuestra provincia en las tarifas eléctricas. Desde el inicio de nuestra gestión, el congelamiento de tarifas eléctricas ha posibilitado un ahorro de 1000 millones de pesos al sector de la producción. Este es un esfuerzo muy grande que nuestra provincia ha hecho”.

Habrá subsidios de tasas a través de una licitación de la que participarán entidades financieras y bancarias, con lo cual se busca subsidiar tasas de préstamos para la sustentabilidad productiva y la incorporación de tecnología. “Tiene como fin la incorporación de tecnología, capital de trabajo y bienes de capital. El destino es la industria, el comercio y los servicios. Para ellos se va a destinar un fondo de 1000 millones de pesos”, explicó Costamagna.

Además, habrá un fondo específico de riesgo fiduciario que va a posibilitar otorgar créditos a empresas por más de 400 millones de pesos. “Va a posibilitar a nuestras empresas tener acceso a créditos con tasas acordes a esta coyuntura y a las que vienen. Es un gran desafío y es una de las grandes herramientas que nuestra provincia y nuestros empresarios van a necesitar”, sostuvo el ministro Costamagna.

El paquete incluye:

• Fortalecer las federaciones de mutuales y el asociativismo con un fondo solidario, con apoyo del Inaes, que va a ser de alrededor de 300 millones de pesos. “También el objetivo es llegar a mipymes, algunas industrias, comerciantes, gastronómicos, cooperativas de trabajo”, según el ministro Costamagna.
• Por acuerdos entre el gobierno y el Nuevo Banco de Santa Fe se llevan desembolsados más de 1200 millones de pesos en concepto de haberes, recomposición de capital de trabajo y descuento de valores de pagos diferidos.
• Consejo Federal de Inversiones: 400 millones de pesos para el aparato productivo, científico y tecnológico de la provincia, tanto el sector agropecuario y el sector industrial, como también empresas de base científica o tecnológica.

Propuesta a acreedores

Una semana antes, el 12 de mayo, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto para emitir bonos, pagarés y cheques de pago diferido por 6000 millones de pesos para cancelar las deudas que mantiene la provincia con empresas contratistas y proveedores del Estado. Ninguno de esos instrumentos vence durante 2020, por lo cual los acreedores podrán venderlos o usarlos para cancelar impuestos.

Con el decreto 415/2020, el gobierno empieza a poner en marcha algunas de las herramientas incluidas en la Ley de Necesidad Pública con el objetivo de cancelar las deudas del Estado provincial vencidas al 31 de diciembre de 2019.

En primer lugar, el decreto autoriza la creación de un Programa de Emisión de Títulos de Deuda por un monto máximo 4500 millones de pesos que se usarán para atender las renegociaciones de contratos públicos y la cancelación de la deuda flotante o consolidada. La fecha de vencimiento la definirá el Ministerio de Economía al momento de cada emisión, pero el plazo máximo será el 1° de abril de 2023.

Esos títulos se encontrarán representados bajo la forma de certificados globales permanentes a ser depositados en el sistema colectivo administrado por Caja de Valores SA. El decreto expresa que los beneficiarios renunciarán al derecho a exigir la entrega de láminas individuales y que las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley de Régimen de Compra de Títulos Valores Privados.

El decreto faculta al ministro de Economía a disponer la utilización de los títulos para cancelar acreencias tributarias y no tributarias que los propios beneficiarios mantengan con el fisco provincial. En otros términos: las empresas que así lo decidan podrán usar los títulos para cancelar impuestos en lugar de esperar la fecha de cobro.

En segundo lugar, el decreto autoriza al Ministro de Economía a emitir cheques de pago diferido por un valor total de 1500 millones de pesos con destino a la atención de renegociaciones de contratos públicos o la cancelación de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019. El vencimiento de esos cheques deberá superar el actual ejercicio financiero, es decir que las empresas no podrán cobrarlos durante 2020, pero sí podrán negociarlos.

Entre los fundamentos del decreto, el gobierno señala que “las variables económicas financieras críticas” de la provincia al asumir la actual gestión “se han visto singularmente agravadas” por la pandemia del coronavirus. Y agrega que “dicha situación afecta con igual fuerza tanto al sector público como al privado, lo cual hace necesario diseñar en este marco un instrumento con finalidad cancelatoria de deudas”.