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El objetivo es rescatar a la firma de origen santafesino, actualmente en concurso, para que cumpla un rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.
En una decisión solo comparable con las estatizaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas, durante los gobiernos kirchneristas, el presidente Alberto Fernández anunció lunes la intervención estatal de la empresa Vicentín, que está en concurso de acreedores desde el mes de enero.
La firma Vicentín, de origen santafesino y cuya principal plata está radicada en Avellandea, departamento General Obligado, es una de las principales agroexportadoras del país. Se encuentra en concurso con una deuda reconocida por la propia empresa de 1350 millones de dólares y uno de sus acreedores es el Banco Nación, que durante el macrismo le otorgó un préstamo de 18.700 millones de pesos.
Durante el anuncio, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el designado interventor del Estado en Vicentín, Roberto Gabriel Delgado; y la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. No hubo funcionarios ni legisladores santafesinos presentes durante el acto, aunque la firma está radicada en territorio provincial.
El anuncio tiene dos partes: por un lado, la intervención estatal en la empresa agroexportadora; por otro, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para la declaración de utilidad pública y expropiación de la firma. El objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.
“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el presidente. Y agregó otro objetivo: “Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante porque favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria.
Claudio Lozano: «Lo de Vicentín es una simulación para una venta fraudulenta»
Sobre las dudas generadas en torno al anuncio, Fernández señaló: “Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa, continuarán en su trabajo, y también a los 2600 productores que venden sus granos a través de Vicentín”.
“La empresa está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que vamos a expropiar. Los productores agrícolas santanfesinos deben estar contentos y los argentinos deben estar contentos porque estamos dando un paso a la soberanía alimentaria”, añadió el primer mandatario.
Por su parte, el ministro Kulfas también destacó la importancia de “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”, por el peso propio de Vicentín sobre el mercado agroexportador.
Hacia la expropiación
El proyecto de ley que debatirá el Congreso busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.
El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado. “Un experto en temas agropecuarios”, según lo calificó el presidente. Delgado fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.
Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.
Vicentín, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80% de la deuda financiera.
La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.
El proyecto previo
El martes 2 de junio, un grupo de intelectuales y dirigentes y sociales le propuso al presidente Fernández convertir al Grupo Vicentín en una empresa pública no estatal, ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el holding en detrimento del Banco Nación “tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
A través de una nota dirigida al presidente, postulan a raíz del “fraude” consumado por Vicentín, que incluye “el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos”, es imprescindible y urgente que “el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”.
La propuesta lleva las firmas de los diputados provinciales Carlos del Frade, Damaris Pacchiotti, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani; de los concejales rosarinos Caren Tepp y Juan Monteverde; de dirigentes políticos y sociales como Claudio Lozano (uno de los nuevos directores del Banco Nación), Pino Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Itai Hagman y Víctor de Gennaro y de intelectuales como Mempo Giardinelli, Horacio González y Maristella Svampa, entre otros.
En la nota al presidente, sostienen que “el avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular, resulta alarmante. Situación ésta que será la segura consecuencia de dejar librada la resolución al devenir de los negocios y la justicia”.
Proponen transformar a Vicentín en una “empresa pública no estatal bajo control político y social”
“Siendo evidente –continúan– que el fraude consumado por Vicentín incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos a través de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá, consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude, y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”.
“La República Argentina necesita hoy una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos. Por eso nos parece insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina. Hay mucho dinero en juego y el papel de la corrupción política, bancaria y empresarial, que condujo a la actual situación de lo que fue el Grupo Vicentín, exige con urgencia una solución distinta, seria y transparente que ninguna de las opciones hoy vigentes podría concretar”.
“Vicentín es estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos. Por eso el gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales que Vicentín tuvo hasta ahora. Precisamente por tratarse de un bien estratégico, proponemos que el gobierno impulse los pasos necesarios para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social”.
Por último, los firmantes de la nota concluyen: “Hacemos este pronunciamiento frente al hecho objetivo de que en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria, en algunos escritorios se cocinan maniobras contrarias a los intereses nacionales y populares. Para poner a la Argentina de pie necesitamos una Vicentín que sea una empresa pública testigo del comercio exterior y de la producción de alimentos”.
