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El Directorio de Vicentin seguirá en sus funciones y los interventores designados por el gobierno nacional serán solo veedores pero con competencias de control. La intervención sigue su curso, pero los accionistas recobran el control de la empresa.
El juez que tramita el concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, dispuso este viernes una “medida autosatisfactiva” para que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados por asamblea ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo sus funciones de acuerdo al estatuto. En el mismo fallo, resolvió que los interventores designados en decreto presidencial podrán continuar desarrollando sus tareas con el grado de veedores controladores.
La decisión del magistrado de Reconquista es en respuesta a un planteo de los integrantes del Directorio de Vicentin (Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Sergio Manuel Nardelli, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi), quienes acudieron al juez para manifestar que fueron desplazados de sus funciones por Luciano Zarich, el subinterventor designado por el presidente Alberto Fernández a través del decreto 522/2020 por el cual se dispuso la intervención de la empresa.
Ahora los interventores Gabriel Delgado y Luciano Zarich tienen cinco días para contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios, estableció el juez Lorenzini.
Por otro lado, en el mismo fallo el magistrado de Reconquista se declaró incompetente “para entender en la demanda declarativa de inconstitucionalidad” presentada por el Directorio de Vicentin respecto a la intervención anunciada el lunes 8 y concretada el viernes 12.
El fallo de Lorenzini tiene dos partes: por un lado, le devuelve el control de la empresa a sus directores, mientras que les asigna a los interventores el grado de “veedores controladores”; por otro lado, rechaza “por falta de competencia” el planteo del Directorio de Vicentin para que se declare inconstitucional la intervención de la empresa dispuesta por decreto del gobierno nacional.
Argumentos
En su presentación ante Lorenzini, los accionistas de Vicentin señalaron que de mantenerse la intervención se pondría en riesgo la continuidad de las tareas operativas de la empresa y que “cualquier dilación procesal podría provocar el colapso total de la administración”.
Si bien reconocieron que la empresa puede ser intervenida en el marco del proceso concursal que atraviesa, puntualizaron que dicha potestad “se encuentran bajo la órbita de esta judicatura concursal”, es decir, del propio magistrado y no del Poder Ejecutivo.
En sus fundamentos para restituir la administración de Vicentin a sus directivos, el juez Lorenzini resaltó que se está “en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”.
Además, señaló que “su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.
Para el juez, la intervención “ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse” ya que amenaza “con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”. Esa potestad de contralor será una función, según el fallo, “de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración”.
“Resulta conveniente para el adecuado cumplimiento de los objetivos que venimos predicando, la continuidad de los administradores naturales de la sociedad, con las mismas facultades que ostentaban en el momento previo al inicio efectivo de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”, concluyó el juez.
La historia previa
Vicentin se declaró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 ante una situación que consideró de “estrés financiero” que le hizo imposible afrontar sus compromisos comerciales y con entidades del sistema financiero local e internacional por 1350 millones de dólares.
Tras intentar sin éxito durante la feria judicial de enero arribar a un acuerdo preventivo extrajudicial con sus acreedores, el 10 de febrero presentó su propio concurso, luego de un pedido de quiebra de un acreedor.
El juez Lorenzini abrió el concurso el 5 de marzo pasado y hasta ahora se presentaron a verificar créditos 2638 acreedores por un monto de 99.345 millones de pesos, aunque el plazo fue extendido hasta el 25 de agosto.
El principal acreedor de la compañía es el Banco de la Nación Argentina, que reclama una acreencia de 18.128 millones de pesos.
Con información de El Ciudadano
