Las quemas y la ley de humedales

Los incendios en las islas del Paraná reviven el reclamo por un nuevo ordenamiento legal. Los humedales deberían estar protegidos por su biodiversidad y su rol en la regulación de inundaciones, pero la necesidad de más tierras para el agronegocio los ponen en peligro.

La quema de miles de hectáreas de humedales en el Delta del Paraná en los últimos cinco meses reavivó el reclamo por una ley de humedales. Se trata de una norma para establecer presupuestos mínimos a nivel nacional para protegerlos, que fue dos veces sancionada en el Senado de la Nación, en 2013 y 2016, pero nunca logró avanzar en Diputados. La presión contra esta ley proviene, en especial, del agronegocio, del sector de la megaminería y de los desarrollos inmobiliarios a mediana y gran escala.

Se estima que los humedales cubren cerca del 23% de la superficie del país. Éstos no son sólo el Delta del Paraná o los Esteros del Iberá, que suelen ser los más conocidos. En el Noroeste, por ejemplo, en la región de la Puna, salares y lagunas también son considerados humedales. Son ecosistemas protegidos a nivel mundial por su biodiversidad y por las funciones esenciales que cumplen, como la reserva de agua y la regulación de inundaciones, entre muchas otras.

Los últimos incendios en las islas del Delta, en el departamento Victoria, en Entre Ríos, se le atribuyen a productores ganaderos que queman la vegetación natural de las islas para ampliar la superficie de pastura para los animales. Tanto el Gobierno de Entre Ríos como el Ministerio de Ambiente de la Nación hicieron denuncias penales en la Fiscalía Federal de Victoria. Advierten que se trató de incendios ilegales, que se dieron en un momento de prohibición total de quemas en la provincia debido a las altas temperaturas y la bajante histórica del río Paraná.

Organizaciones sociales y vecinos de Rosario se manifestaron el pasado 17 de junio en las escalinatas del Parque España, frente al Paraná, en lo que denominaron un “abrazo al río”. Reclamaron el cese de las quemas -que cubrieron de humo a la ciudad durante semanas- y una “Ley de humedales ya”.

“La ley es muy necesaria para que se reconozcan todos los humedales del país que están siendo amenazados por actividades productivas que no los tienen en cuenta como ecosistemas importantísimos”, señaló Vanesa Paccotti, integrante del grupo El Paraná No se Toca. “Hay que empezar a considerar que las actividades humanas tienen que estar en armonía con la naturaleza. No se puede transformar el humedal en una pampa”.

Así como en este caso es la actividad agropecuaria la que avanza sobre los humedales, también en Entre Ríos y en el Delta del Tigre, en Buenos Aires, son la construcción de barrios cerrados y otros desarrollos inmobiliarios los que destruyen estos ecosistemas. En el norte del país, la extracción minera, como la del litio, amenaza a los humedales de altura.

“Todo esto que vemos, los incendios, los desmontes, el cambio climático, son consecuencia de este modelo de pensamiento extractivista que considera a la naturaleza como un recurso y no como la base de nuestra vida”, remarcó Paccotti. “Nosotros somos parte de la naturaleza, no existe forma de vivir fuera de ella. Tenemos que empezar a cambiar la cabeza y realizar actividades que tengan en cuenta el lugar donde se realizan, que sean locales, a pequeña escala, que no interfieran en los ecosistemas”.

Derrotero

El Senado sancionó en noviembre de 2013 una primera ley de presupuestos mínimos para proteger los humedales. Esa norma había sido impulsada por organizaciones ambientalistas y asambleas vecinales y promovida, entre otros, por el entonces senador nacional Rubén Giustiniani.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. En ese momento, uno de los más activos opositores a la ley fue Luis Basterra, entonces diputado por el Frente para la Victoria y actual Ministro de Agricultura de la Nación.

Años más tarde, a menos de dos meses de asumir la presidencia, Mauricio Macri anunció que promovería la sanción de una ley de humedales. Lo hizo en un acto en la localidad bonaerense de Pilar, en febrero de 2016.  “Tenemos que cuidar esto que es tan valioso para nuestro país, desde la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, pasando por los Esteros del Iberá, por el Palmar Yatay de Entre Ríos, la reserva de la Costanera Sur hasta la Península de Valdés”, dijo ese día, según la crónica de la agencia Télam. “Tenemos que ser un importante protagonista contra los factores que producen el cambio climático; tenemos que cuidar y potenciar este tipo de regalos que nos da la naturaleza en función del país, las futuras generaciones y el mundo entero”, añadió.

Pese al entusiasmo del Presidente, no todos los legisladores de Cambiemos se alinearon a esa idea. Esta vez, uno de los principales detractores a la ley de humedales en el Senado fue Alfredo De Angeli, legislador macrista. Así consta en sus declaraciones públicas y en las versiones taquigráficas de las sesiones.

El 30 de noviembre de 2016, con cambios que empobrecieron el proyecto, se aprobó la ley por segunda vez en el Senado, esta vez impulsada, entre otros, por el ex senador Fernando “Pino” Solanas. Pero en Diputados, volvió a ser ignorada y, de nuevo, archivada.

“Ni en el gobierno del Frente para la Victoria ni durante la primera mitad del gobierno de la coalición Cambiemos –en este último caso, aún con el compromiso público explícito al inicio del mandato- fue posible aprobar la protección de los humedales en el territorio nacional. El acuerdo tácito entre ambos grupos políticos se torna evidente”, denunciaron en 2018 Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).

Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos muestra que no alcanza con tener leyes que protejan los ecosistemas para que esto se concrete en la realidad. La Constitución Provincial es muy clara, en su artículo 85, en cuanto a la protección de los humedales. A ello se suma que entre 2003 y 2019 se sancionaron tres normas que declaran a la zona del Paraná medio y los humedales como áreas protegidas. Sin embargo, esos territorios siguen siendo dañados.

“El problema es la inexistencia de convicción y compromiso político desde hace aproximadamente 17 años”, señaló a Pausa el abogado Jorge Daneri, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas e integrante de la Fundación La Hendija, de Paraná. “La mayor parte de esas leyes no tienen reglamentación y carecen de presupuesto”.

En el mismo sentido se expresó Capibara, ONG ambientalista de Santa Fe. “En los últimos 17 años mediante las leyes 9.485, 9.718 y 10.671 Entre Ríos creó tres áreas naturales protegidas de humedales, pero la falta de una gestión responsable convirtió este avance en letra muerta. Además no se tuvo en cuenta que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos contiene, en su artículo 85, un fuerte mandato de protección de los humedales”, advirtieron en un comunicado.

Como buena noticia, Daneri señaló el anuncio de la reactivación del Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación.

Este plan, que establece un trabajo conjunto entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires para la protección de los humedales, había sido presentado en 2008 pero nunca tuvo avances. Sus objetivos son: “proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales en el área; mantener o restaurar la estructura y las funciones ecológicas del estratégico ecosistema del Delta del Paraná; promover su desarrollo sostenible; y asegurar la participación de todos los actores involucrados”.