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En la oposición, el anuncio de la intervención de Vicentín produjo un maremoto: denuncias penales, recursos de amparo, declaraciones inflamadas y una consigna que se repite como un mantra y que equipara a la Argentina con Venezuela. A coro, desde todo el espectro de Cambiemos salieron a cuestionar de movida el rescate de la firma oriunda de Avellaneda.
En la ciudad del departamento General Obligado, donde Vicentín tiene su casa matriz, fue el intendente Dionisio Scarpín el que agitó las protestas vecinales. “En un país que está en crisis, que una empresa tenga problemas no debería extrañarle a nadie”, minimizó el intendente casi justificando el quebranto de la firma.
Desde el macrismo pretenden hacer de la potencial expropiación de Vicentín –algo que solo puede definir el Congreso– una nueva revuelta similar a la de 2008 contra la Resolución 125 de retenciones móviles. Esa es la línea argumental detrás de las reacciones de sus voceros.
El ex candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, opinó que la expropiación de Vicentín “es una avanzada kirchnerista contra el campo”. Y agregó: “Todos sabemos que la intervención del kirchnerismo en las empresas públicas ha demostrado que sólo trae corrupción y deudas millonarias que después terminamos pagando todos los argentinos”.
Su antecesor en la intendencia santafesina, Mario Barletta, habló de “un claro abuso de la autoridad por parte del presidente de la Nación frente a lo cual la comunidad ya se ha expedido en su rechazo”, en referencia a las protestas en Avellaneda. Barletta presentó una medida de amparo ante el juez que lleva la quiebra, Fabián Lorenzini, contra el decreto que dispone la intervención estatal.
El Estado interviene Vicentín y envía proyecto al Congreso para su expropiación
El diputado nacional y presidente del PRO santafesino, Federico Angelini, dijo lisa y llanamente que es “una señal peligrosa” que “nos lleva a Venezuela”. Su colega de Mendoza, Luis Petri, coincidió en que “el gobierno gira a Venezuela”, del mismo modo que los Jóvenes PRO y la Sociedad Rural.
En tanto, el martes por la noche, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio anunció la presentación de una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por el decreto 522/2020 que ordena la intervención de Vicentín.
“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional”, señala la denuncia firmada, entre otros, por los diputados santafesinos Federico Angelini, Gisela Scaglia, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García y Lucila Lehmann.
