Vicentín es el testimonio

La salida para Vicentín puede ser un testimonio de qué tan lejos se piensa ir en el control y regulación de actividades esenciales. Hay cuatro opciones en danza para el mayor empleador privado de la provincia. El martes, reunión clave en el Ministerio de la Producción. Adelantos del ministro Costamagna a Pausa.

La vida es eso que pasa mientras se sucede la pandemia. El capitalismo se debate a escala planetaria para reconvertirse y salvarse de sí mismo una vez más, incrementando en dosis variables la centralidad de los Estados, ya sea como financistas y socios del sector privado o espectadores y garantes de sus privilegios. El “caso Vicentín” ofrece todas las alternativas potenciadas por tratarse de una empresa que produce y comercializa alimentos en un país donde la comida y la riqueza están muy mal distribuidas. Las características de un paquete muy cerrado.

Nadie acepta el título pero lo tratan como si lo fuera. Más allá del perfil humano y racional del modelo de gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y del miedo inocultable de dar la imagen de “comunistas confiscatorios”, la salida para el modelo de gestión empresarial del Grupo Vicentín puede ser un testimonio contundente de qué tan lejos se piensa ir en el control y regulación de actividades esenciales y que suponen mayores o menores niveles de soberanía (alimentaria en este caso).

El Grupo Vicentín es grande en muchos rubros. Es la empresa que protagoniza el mayor default corporativo de los últimos 18 años y la mayor deuda de la cartera del Banco Nación con 18.370 millones de dólares, es la de mayor capacidad de molienda y acopio de cereales y oleaginosas, la mayor productora de biocombustibles y la mayor dadora de empleos privados de la provincia de Santa Fe con más de 7000 empleos directos y más de 20.000 indirectos. Sus directivos son milmillonarios en dólares, de enorme poder e influencia “residual” incluso luego del escándalo del stress financiero de una empresa que factura más de 3000 millones de dólares anuales, con un patrimonio neto superior en un 50% a todos sus pasivos. En notas anteriores se barajó una hipótesis, que hoy está confirmada y no excluye otras: prepararon el terreno para una venta “tipo iceberg” (en blanco una parte ínfima y el grueso en negro y listo para la fuga) licuando sus pasivos del modo tradicional, abusando del Estado (la deuda con el Nación representa el 80% de sus acreencias defaulteadas y tiene 27 operaciones de prefinanciación de exportaciones vencidas e impagas).

Claudio Lozano: «Lo de Vicentín es una simulación para una venta fraudulenta»

Hoy de lo que se trata es de analizar algunas de las cuatro opciones que al cierre de esta nota se postean con potencia como la solución más conveniente y de observar el rol que el Estado debería jugar en el proceso que, a la par, tiene abierto el concurso de acreedores en el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 en lo Civil y Comercial de Reconquista, donde esa causa tiene un peso y un tamaño que justifica el “hermetismo con que se filtran algunos datos”.

El rol del Estado

"¡Y de la comunidad productiva!", agregarían los autores y 500 firmantes de la iniciativa que impulsa la gestión pública no estatal para Vicentín SAIC. Porque de lo que se trata en la propuesta que impulsan Claudio Lozano, Carlos Del Frade, Horacio González, Pedro Peretti, Atilio Borón, Nora Cortiñas y Juan Grabois, entre otres, es de lograr una conducción mixta que integre al Estado, el sector privado representado por la actual conducción remanente del Grupo y productores y acopiadores asociados a las distintas unidades de negocios del pulpo agroalimentario.

En líneas generales, en empresas de estas características el Estado participa como socio financista, con voz y voto sobre el plan de negocios de la empresa y auditoría de operaciones críticas como toma de financiamiento y distribución de dividendos. El proyecto, que ya fue enviado al gobernador Omar Perotti y al presidente Alberto Fernández con sendos pedidos de entrevista, suma a la gestión a los productores y acopiadores que hasta hoy son proveedores también defaulteados del Grupo.

Referentes importantes de la iniciativa reconocen a Pausa que –hasta el momento– las impresiones y repercusiones en sectores claves es muy moderada. Muchísima prudencia y mutismo para una opción que toma distancia de la “estatización pura y dura” y rechaza de plano la gestión privada “cruda y sin bandera” que supondrían Glencore, Cargill & Dreyfus o el pool de empresas tejido por el inefable José Luis Manzano.

El Ministro de Producción Daniel Costamagna ya expresó en exclusiva para Pausa que el gobierno prefiere al Estado como articulador de soluciones financieras y ariete para recuperar mercados y oportunidades perdidas, pero no intervenir en la gestión directa como socio del Grupo. Similares posturas campean en la Federación Industrial de Santa Fe, histórico soporte político y de muy buenas relaciones con el gobernador Omar Perotti. Hay una cultura sumamente instalada acerca de que el Estado gestiona servicios y a lo sumo regula o crea las condiciones para que el sector privado asuma el resto y el riesgo de gestionar la producción de bienes y otros servicios vinculados.

El martes venidero se reunirán dos perspectivas diferentes y que conviven en el amplio armado del Frente de Todes, cuando Costamagna reciba a un grupo de los impulsores de la gestión pública no estatal y quede algo más claro de qué van las soluciones en las que el gobierno provincial está trabajando desde el primer minuto, después del comunicado del 5 de diciembre de 2019 cuando Vicentín alegaba insolvencia pero negaba que estuviese a tiro de remate.

Habrá que decir que el éxito del formato público no estatal depende siempre de la voluntad política del Estado que lo impulsa y ejerce. Baste mencionar sino la entrega “llave en mano” que hizo el socialismo santafesino de la Terminal Portuaria de Rosario al mismísimo Grupo Vicentín, representado por el ex candidato a gobernador por el PRO y violador serial de cuarentenas Gustavo Nardelli. Miguel Lifschitz le concedió la explotación de esa terminal y sus negocios conexos hasta 2023 y con su derrota consumada manos de Omar Perotti! Otra muestra de dos cosas: de la pesada herencia recibida por el Frente de Todes y de que aún bajo la modalidad público no estatal, el Estado puede ser socio bobo.

Transmitida esta inquietud a los economistas que impulsan esta modalidad y pidieron audiencia al presidente la respuesta fue contundente: “nosotros no tenemos nada que ver con esas truchadas del socialismo santafesino, la idea es que para que el Estado pueda representar el interés público debe abrirse a la participación y control de la comunidad”.

Las opciones para el amigo privado

Ante la consulta por la solidez de las ofertas o sondeos del tándem Cargill & Dreyfus, de Allaria Ledesma & Cía (asesorada por PxQ de Emmanuel Álvarez Agis) o del millonario diversificado y menemista José Luis Manzano, nadie suelta prenda. El vocero designado por Vicentín, Nicolás Galli, enfrenta regularmente las acusaciones de evasión y fuga (que en realidad no son apreciaciones livianas sino causas en la Justicia que reabrió e impulsa la AFIP con la presunción del delito de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones) pero nada dice sobre los eventuales oferentes privados que ya no disimulan sus apetitos y maniobras, filtradas a medios expertos en operaciones o directamente pertenecientes al grupo empresarial (América por ejemplo) que va por una empresa rentable y clave en la producción de alimentos y el comercio exterior de granos. Esto último agrega otra de las razones por las que sería importante que el Estado participe de la gestión y control del Grupo: hablando de la restricción externa que condiciona económica y política los gobiernos (incluso de Macri, que fue financiado en campaña por el Grupo Vicentín con 13.500 millones de pesos), la producción y comercialización de granos genera dólares indispensables en todo momento, en la pospandemia muchísimo más.

A los que defienden o justifican una solución favorable para el operador con asiento en Ginebra, José Luis Manzano, por aquello de que “es un empresario argentino”, habría que recordarles cómo le resultó la misma jugada a Néstor Kirchner con Enrique Eskenazi en YPF, cinco años antes de su nacionalización. Sin contar con que la familia Eskenazi es la mayor fugadora de capitales (formador de activos externos, se dice) de la era macrista, con más de 100 millones de dólares, y una de los cinco primeras durante los 12 años kirchneristas.

Sin dudas acerca de que la gestión de la pandemia a nivel nacional (donde Larreta es prolijamente esculpido como el opositor de diseño al que se le dispara la curva) y provincial es exitosa, y derriba con datos consistentes la falsa dicotomía salud o economía, todos saben sin decirlo abiertamente que la resolución del “Caso Vicentín” será una de las pruebas químicas que permitirá reconocer qué tipo de capitalismo quiere construir el Frente de Todes. Un capitalismo como el que enuncia el presidente, “en donde todos ganen” pero sin evadir, sin fugar y sin abusos sobre el Estado en nombre de la libertad de empresa.