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El Ministerio Público de la Acusación desestimó ayer la denuncia realizada por Carlos Ensinck contra el Arzobispado de Santa Fe por el delito de “usurpación de autoridad”. "La resolución de la Fiscalía lo único que nombra son los artículos del Vademécum y de la Carta Apostólica. No se funda en ningún argumento jurídico argentino", cuestionó el abogado.
La Fiscal Jorgelina Moser Ferro desestimó ayer la denuncia realizada por el abogado Carlos Ensinck contra el Arzobispado de Santa Fe por el delito de “usurpación de autoridad” pública, previsto en el artículo 246 del Código Penal, por la adopción de un sistema interno de denuncias de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica. En su resolución, Moser Ferro sostiene que el sistema interno de toma de denuncias de abuso sexual de la Iglesia Católica no configura un delito, puesto que “no se está ejerciendo una función pública estatal sino que el Arzobispado está actuando dentro del marco del Derecho Canónico”.
En su resolución, la letrada expone que no hay usurpación de funciones públicas y argumenta su postura en que el Vademécum (instructivo de cómo deben actuar la pastoral en la Iglesia para los casos de abuso sexual dentro del ámbito eclesial) indica en sus artículos 17, 48, 19 y 50 que es obligatorio dar conocimiento a las autoridades estatales de los delitos que lleguen a su conocimiento. Además, la Fiscal de la Unidad Regional I también fundamenta su decisión en el artículo 19 de la Carta Apostólica Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, del Papa Francisco. Dicho artículo señala que las normas dispuestas para el sistema interno de toma de denuncias "se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes".
En el mismo sentido, también fue desestimada la ampliación de la denuncia que pedía que se investigue la vinculación entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y la Iglesia Católica, luego de que se diera a conocer la reunión entre Patricia Chialvo y el Arzobispo de Rosario, Eduardo Martin.
“Chialvo está reconociendo algo que como funcionaria pública tiene que cuestionar”
Por otra parte, de la investigación preparatoria llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación se desprende que aún no se han recibido denuncias de abuso en el Arzobispado santafesino sino “sólo una comunicación que no se concretó”. No obstante, la resolución finaliza remitiendo copias de lo actuado a la Fiscalía Regional N° I en tanto hay aspectos como "la forma de comunicación al MPA sobre los hechos delictivos de los que se anoticie el Arzobispado" que "exceden la investigación".
Sobre el objetivo del sistema interno de toma de denuncias, la Fiscalía entiende que "la Iglesia Católica no pretende sustituir la labor de la justicia estatal en la investigación de los posibles delitos, sino de realizar los procesos internos en el marco de su propia autonomía".
La palabra de Ensinck
En diálogo con Pausa, el abogado Carlos Ensinck consideró que la resolución “está fundada en un ordenamiento jurídico que no es el del Estado argentino”, por lo cual anunció que apelará la medida. "La resolución de la Fiscalía lo único que nombra son los artículos del Vademécum y de la Carta Apostólica. No se funda en ningún argumento jurídico argentino. Está claro que aplica la legislación de la Iglesia. Justamente estamos diciendo que está usurpando autoridad pública y el Estado hoy le está diciendo al Arzobispo 'sí, puede hacer esto'", criticó.
"La Iglesia no puede proponer ni fomentar las denuncias de abuso sexual. Abuso de poder y de conciencia sí, porque son faltas administrativas internas eclesiásticas. El resto es un delito. Entonces el delito tiene que ir a la Fiscalía. Acá la Fiscalía estaría diciendo que las comisiones internas son válidas y que la Iglesia puede tomar denuncias de abuso sexual", interpretó el abogado.
"En el último considerando y en el resolutorio le envía al Fiscal Regional de Santa Fe la preocupación sobre de qué forma de comunicará el Arzobispado con el MPA. Eso es justamente lo que estamos cuestionando: cómo se va a comunicar los delitos de abuso sexual que ingresen al Arzobispado. No hay nada claro. O sea, tenemos que confiar en la buena fe de quien toma la denuncia", cuestionó Ensinck. "Voy a apelar y vamos a ver qué dice el Fiscal Regional, porque no es una resolución fundada en ninguna reglamentación nacional", enfatizó. El plazo para apelar son cinco días.
"Hoy tenemos que un representante del Estado de derecho como es la Fiscal que aplica la legislación de otro Estado, el Estado Vaticano, por sobre nuestra Constitución, Código Penal y Convención de los Derechos del Niño", criticó el abogado.
