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Ante la avanzada oficial encabezada por el ministro Sukerman, la mayoría de los gremios resisten la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART.
Gremios de distintos sectores rechazan la adhesión de la provincia de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART, que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. La reforma divide aguas en la Legislatura y es resistida por las organizaciones sindicales, los colegios de abogados y los especialistas en salud laboral, ya que supone un retroceso en materia de derechos laborales.
La nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo fue sancionada en 2017 por impulso del gobierno de Cambiemos. Durante los dos años finales del macrismo se discutió la adhesión de la provincia, reclamada por el propio Mauricio Macri, pero la Cámara baja local decidió cajonear el proyecto a pedido de los gremios.
Con los recambios en las gestiones, el debate se reinició y en marzo de este año, a instancias del ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, el gobernador Omar Perotti envió el proyecto a las cámaras, tal como había hecho su antecesor Miguel Lifschitz. La nueva iniciativa tuvo media sanción del Senado el pasado 25 de junio y fue girada a la Cámara de Diputados, donde decidieron iniciar una ronda de consultas para que todos los sectores involucrados puedan manifestarse.
Si se aprueba la ley, la principal modificación será el reemplazo de la instancia judicial ante un accidente o enfermedad laboral por una comisión médica, que será la encargada de analizar la situación del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad.
Gremios unidos
El 17 de julio hubo una actividad en Rosario en la quedó manifestado el amplio rechazo sindical a la nueva ley de ART. Ese día, representantes de Amsafe, ATE, Recolectores, Cadetes, Bancarios, Dragado y Balizamiento, Obras Sanitarias, Sutpa, Siprus, Jaboneros, Aceiteros, la UOM, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Sindical del Partido Socialista, la CTA y la Asociación de Abogados Laboralistas se reunieron con los diputados Rubén Giustiniani (Igualdad), Claudia Balagué (Bloque Socialista), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Walter Ghione (Somos Vida), Matilde Bruera, Luis Rubeo y Lucila de Ponti (PJ) para pedirles que rechacen el tratamiento del proyecto.
Los representantes gremiales coincidieron en que la reforma restringe derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se accidentan o se enferman producto de las condiciones y el medioambiente laboral.
“No es oponerse por el sólo hecho de oponerse, tenemos que lograr lo mejor para el trabajador. No podemos ser convidados de piedra, los gremios deben tener participación”, planteó el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta.
“Esta modificación solo atiende las necesidades de las empresas y de las ART y no dice nada de los intereses de los trabajadores. Lo que necesitamos es discutir una nueva ley de prevención de riesgos del trabajo que permita atender los inconvenientes que genera la actual ley; lo que realmente quieren hacer es desaparecer la idea de enfermedad profesional”, aseguró Matías Ruffini, de la comisión interna de Acindar.
El diputado Giustiniani señaló que “la ley está fuera de contexto en la actual realidad, cuando hay desempleo, precarización laboral y baja de salarios. Es un verdadero disparate, es una ley directamente en contra del derecho a la salud de los trabajadores”.
Su colega Del Frade dijo que “todos los puntos son objetables. La posición es filosófica. Hay que tener prevención e inversión en seguridad e higiene industrial para cuidar la vida del trabajador y así evitar que se enferme”.
Rechazo docente
El 15 de julio, en una reunión con diputados que integran la Comisión de Asuntos Laborales, dirigentes de Amsafe y de Sadop dejaron en claro su rechazo a la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART.
Desde Amsafe denunciaron que con la reforma “se establecen mecanismos que restringen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se accidentan o enferman producto de las condiciones y medio ambiente de trabajo”.
Según Amsafe, la nueva normativa está dirigida “a resguardar el lucro de las ART, las cuales tienen a cargo la tarea de gerenciar la salud y la seguridad laboral”. Además, señalaron que es necesario abordar cuestiones centrales del sistema de riesgos de trabajo, entre ellas “la prevención, la calidad de las prestaciones que reciben los trabajadores y las trabajadoras y la reinserción laboral. Cuando las condiciones de trabajo no están dadas, se pierde la salud y muchas veces la vida”.
Los docentes privados también dejaron en claro su postura de rechazo a la nueva ley de ART: “Cualquier cosa que satisfaga a las ART y no avance en el derecho de los trabajadores es una ley injusta”, expresó Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe.
“Este proyecto pone trabas al procedimiento de reconocimiento de los accidentes y enfermedades profesionales y solo trata de asegurar la rentabilidad de las ART, que son empresas de comercio que lucran con la menor cantidad de pagos de siniestros”, explicó el líder de Sadop.
Del mismo palo
Incluso dentro del propio oficialismo hay dudas sobre la nueva normativa. “La ley de ART va en contra de los derechos de los trabajadores”, sostuvo la diputada provincial del PJ Matilde Bruera, quien adelantó que votará en contra de la adhesión a la normativa nacional por considerarla “inconstitucional”.
“Esta es una ley que restringe el derecho de acceso de los trabajadores a la Justicia y eso va en contra de los derechos humanos. Es claro que esta ley trata de asegurar las ganancias de las aseguradoras y dejar desprotegidos a los trabajadores”, dijo Bruera al diario El Ciudadano.
“Lo más importante es el derecho que tienen los trabajadores a acceder a la Justicia. Con esta ley, si un trabajador tiene una enfermedad o un accidente vinculado a lo laboral y el empleador no se lo reconoce, para reclamar en lugar de ir a un juez tiene que ir a una comisión médica, un órgano administrativo que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que a su vez depende del Ejecutivo nacional, que es el mismo que regula a las ART”, explicó la diputada.
Las ART son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.
“Desde que los derechos humanos se incorporaron en nuestra Constitución, en 1994, cualquier persona que quiera reclamar por un derecho tiene que poder hacerlo a través de la Justicia. Si eso no ocurre, no existen los derechos humanos”, opinó Bruera.
Gremios rechazan la adhesión provincial a la nueva ley de ART
“Lo grave es que esta comisión médica termina siendo juez y parte y la Justicia no tiene intervención hasta la etapa de apelación. Con esta ley, en lugar de decidir un juez, decide un órgano administrativo que está conformado por médicos. Y los médicos no pueden decidir sobre el derecho, eso es responsabilidad de un juez. Menos cuando ese organismo depende del mismo organismo del que dependen las ART. Por eso decimos que pusieron al zorro a cuidar el gallinero: la misma ART, que no te paga, hace de juez para que te paguen el seguro”, remarcó la legisladora del PJ.
“Los que defienden la ley hablan de bajar la litigiosidad, de bajar las alícuotas. Eso es mentira: las ART reconocen entre el 2 y el 3% de las enfermedades reclamables, por lo que siempre vas a tener que terminar en un juicio. Lo que hacen es obstruir los reclamos y que un trabajador se resigne porque si no, tiene que ir a un juicio cada vez más largo. Esto afecta el derecho al recurso”, consideró Bruera.
Sin apuros
La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia organizó cinco jornadas de debate para recibir quejas y sugerencias en torno al proyecto por el cual Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional de ART.
Fueron citados la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, los sindicatos docentes y municipales, la Federación Industrial de Santa Fe, la CTA, la CGT y la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina. La última reunión será el 5 de agosto: recién después de esa fecha la Comisión de Asuntos Laborales avanzará en el análisis del proyecto de ley que tiene media sanción del Senado.
