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Los directivos de la empresa se negaron a dejar sus cargos y ceder las acciones al fideicomiso propuesto por la provincia, que se retiró de la mesa de negociaciones convocada por el juez Lorenzini. El tema Vicentín vuelve al punto de partida.
A casi dos meses del anuncio del presidente Alberto Fernández, las negociaciones por el futuro de la empresa Vicentín volvieron al punto de partida. La intervención nacional quedó frenada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini. La propuesta alternativa presentada por el gobernador Omar Perotti no prosperó por la negativa de los directivos de la agroexportadora, que retuvieron el control de la empresa ante los sucesivos intentos de la Nación y de la provincia para intervenir la firma concursada. Así las cosas, el juez Lorenzini seguirá tramitando el concurso de acreedores mientras se esperan novedades de la Casa Rosada.
El jueves 30 se realizó la segunda reunión de conciliación convocada por el juez de Reconquista. Allí, los representantes del Directorio de Vicentín –Daniel Buyatti y Alberto Macua– dejaron en claro que los empresarios que controlan la firma no cederán sus acciones al fideicomiso que propuso la provincia y tampoco están dispuestos a dejar sus cargos.
“Hasta aquí llegamos, es un capítulo cerrado”, resumió después del encuentro el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien participó de la reunión en representación del gobierno provincial junto a titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), María Victoria Stratta.
En la primera reunión, el 15 de julio, las partes habían llegado a un principio de acuerdo para conformar un fideicomiso que administre la empresa mientras se tramita el concurso y, de esa manera, evitar la expropiación anunciada a principios de junio por el presidente Fernández. Incluso Stratta se había mostrado muy confiada en los días previos: “El fideicomiso ya está”, declaró la titular de la IGPJ el fin de semana previo a la última reunión. Por lo visto, hubo como mínimo un exceso de optimismo por parte de la provincia.
La propuesta del fideicomiso aparecía como “superadora” de la intervención que pretendía el presidente –el paso previo a la expropiación– y que rechazó el juez Lorenzini a mediados de junio. Las negociaciones parecían encaminadas, pero los directivos de Vicentín se negaron a ceder sus acciones al fideicomiso y a dejar sus cargos –las dos condiciones que había puesto el gobierno santafesino– y ante esa negativa la provincia se retiró de la mesa de conciliación.
“Lamentablemente no pudimos acordar ni llegar a un acuerdo fructífero ya que las únicas dos condiciones que solicitaban el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, que los directivos de la empresa dieran un paso al costado, renunciaran a sus funciones de manera inmediata y que sus acciones pasaran al fideicomiso, ellos sostuvieron que no iban a ser transferidas para que sean administradas por los estamentos estatales”, explicó Somaglia después del encuentro celebrado en Reconquista.
“Sin esas dos condiciones, que son las necesarias para que el Estado pueda articular con los acreedores, lo que permitiría recobrar la confianza, me parece que no es menester continuar estas reuniones. Para nosotros es un capítulo cerrado hasta ahora; nunca se sabe cuál va a ser el final definitivo, pero en esta instancia le hicimos saber al magistrado que hasta aquí llegamos”, agregó el secretario de Justicia de la provincia.
Para el funcionario provincial, “la herramienta de salida es el fideicomiso porque es un contrato que le da viabilidad a ambas partes: tanto a la empresa como a los acreedores. El Estado ha intentado articular un plan de negocios con los acreedores que se sumaron y nos veían con confianza, pero ante la negativa de la empresa, sobre los dos postulados que solicitamos, no podemos continuar”.
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Sin embargo, según Somaglia, “la empresa argumentó que no están dadas las condiciones internas para que ellos se puedan retirar. A mí me parece que no es tan así, pero ellos tienen la libertad y son los que deciden. Por lo tanto, todo esto quedará en manos del juez, que deberá resolver sobre el pedido que hizo la provincia” para que se intervenga la firma y se designen en la administración a representantes del Estado nacional y de la provincia de Santa Fe.
Motivos del desacuerdo
El objetivo del gobierno provincial consiste en convencer a algunos de los acreedores de que capitalicen en forma de acciones sus créditos y buscar financiamiento local o internacional –tanto de actores del negocio como de entidades financieras– para que la cerealera retome su actividad y genere los recursos para cancelar el pasivo.
Hasta el momento se presentaron acreedores que pidieron verificar en el concurso créditos por casi 100 mil millones de pesos, según consta en el expediente.
“Lo único que queda por delante es que se terminen de tramitar las pruebas del incidente que promovió la provincia para remover a los directores”, afirmó Somaglia tras la reunión en el juzgado.
Por su parte, al salir de los tribunales de Reconquista, el empresario Alberto Macua dijo que la continuidad del diálogo “depende de la voluntad” de las partes.
Según Telam, los representantes de Vicentín plantearon entregar las acciones para que operen “como garantía” del fideicomiso, pero no aceptaron que sean administradas por un encargado fijado por la provincia. Además, expusieron que los actuales directivos de la compañía concursada son quienes deben darle continuidad al giro del negocio.
Para el gobierno santafesino, si el administrador del fideicomiso mixto que buscaba conformar no posee el derecho sobre las acciones es imposible negociar con los acreedores una capitalización y salir a buscar financiamiento para la continuidad de la empresa. “Si el administrador no tiene la conducción, los acreedores no tienen por qué confiar”, explicó Somaglia.
Además del Estado, la posición de reemplazar a los actuales directivos de Vicentín en la administración de la empresa esa compartida tanto por el comité de bancos extranjeros conformado en el concurso como por la mayoría de los acreedores comerciales que expresaron su desconfianza en los actuales gerenciadores.
Allanamiento
Horas antes de la segunda reunión, la Justicia Federal allanó la sede central de la empresa Vicentín en Reconquista en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita. El procedimiento tiene como objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales.
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El pedido se dio en el marco de la investigación que se originó a partir de un informe de las actuales autoridades del Banco Nación en el que denunciaron créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina –entre ellos su ex presidente Javier González Fraga– incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.
Se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín y Algodonera Avellaneda –al menos durante el año 2019–, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
La investigación también abarca la supuesta participación de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios de turno, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.
La propuesta superadora que no fue
El 14 de julio, antes de la primera audiencia de conciliación convocada por el juez Lorenzini, María Victoria Stratta había señalado que la intención del gobierno de Omar Perotti era lograr un acuerdo razonable para evitar que la Nación avance con la expropiación de la firma cerealera: “Vamos por la gestión y no por la propiedad”.
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“La provincia está trabajando desde principios de año con los productores y las cooperativas para lograr algún tipo de consenso, teniendo en cuenta que el dinero que se aporte se aspira a que sea no solo del erario público sino que haya inversores, que haya acreedores que estén dispuestos a volver a apostar por esta sociedad. Pero nadie quiere entregarle dinero a esta gente: ni el Estado ni los privados”, explicó en aquel momento la titular de la IGPJ.
Según la funcionaria provincial, “se trata de lograr un esquema a través del cual se pueda recuperar la administración y se puedan inyectar fondos y confianza, que son las dos cosas que necesita esta compañía para salir de donde está”.
Las reuniones previas
El 15 de julio se realizó en Reconquista la primera audiencia de conciliación entre directivos de la empresa Vicentín, autoridades del gobierno provincial y el juez que tiene a su cargo el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini. En ese marco, la provincia presentó una nueva propuesta para “salvar” a la firma de Avellaneda que consiste en crear un fideicomiso para administrar la cerealera, del cual podrán participar sus accionistas pero no sus actuales directivos.
La idea del fideicomiso es similar a la que planteó en su momento el diputado nacional Luis Contigiani ante el presidente Alberto Fernández. Tras ese primer encuentro, los representantes de Vicentín remarcaron que la nueva propuesta resulta “satisfactoria y positiva”. Sin embargo, dos semanas después mostraron una posición mucho más dura y la negociación se cayó.
La audiencia convocada por Lorenzini se dio en el marco del expediente principal que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista. Lorenzini es el magistrado que tiene en sus manos el concurso preventivo de acreedores de la empresa cerealera que acumula deudas por 100 mil millones de pesos y cuyo principal acreedor es el Banco Nación.
Fideicomiso en suspenso
La propuesta del gobierno provincial, luego de las protestas registradas en Reconquista y Avellaneda por el anuncio de intervención realizado por el presidente, terminó cayendo en saco roto. Había sido presentada por Perotti como una alterativa “superadora”, tal como pidió el presidente luego de aquellas protestas.
Mientras se llevaban adelante las negociaciones entre la empresa, el juez, la provincia y los acreedores, la titular de la IGPJ de Santa Fe se había mostrado confiada sobre el éxito de la propuesta de Perotti: “El fideicomiso ya está, ahora hay que ver cómo se arma”, señaló Stratta en una entrevista con El Ciudadano.
La funcionaria indicó que, en el marco del fideicomiso, los acreedores de Vicentín tendrían un rol clave en cuanto al aporte de nuevos capitales para salvar la firma y adelantó que también se iba a evaluar el ingreso de nuevos inversionistas para que el aporte que haga el Estado sea el menor posible. Nada de eso ocurrió por la postura intransigente de los directivos de la empresa.
“En la primera reunión (15 de julio) llegamos a un acuerdo marco y ahora estamos tratando de darle forma, de ir a los detalles que lógicamente generan distintas conversaciones. Estamos trabajando a diario para poder llevar un avance lo más grande posible a la próxima reunión (30 de julio)”, había dicho el último fin de semana la titular de la IGPJ.
“Los directivos están de acuerdo con la idea del fideicomiso”, agregó Stratta. “Ellos aceptaron poner las acciones en el fideicomiso, pero después hay que armarlo con todos los detalles y es lo que estamos haciendo ahora. Ese acuerdo ya está y lo señalaron ellos delante del juez de la causa. El fideicomiso ya está; ahora hay que ver cómo se arma, el tiempo, las atribuciones, todo eso es lo que se está trabajando ahora entre las partes”.
No obstante, en la segunda reunión de conciliación los directivos dejaron en claro que no estaban dispuestos a aceptar las condiciones de la provincia y de esa manera las negociaciones quedaron estancadas. Todo sigue igual en el norte santafesino y la pregunta que por estas horas suena cada vez con más fuerza, ante el fracaso de la solución “alternativa” que implicaba el fideicomiso, es ¿qué hará el presidente Fernández con Vicentín?
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