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El pedido de la provincia ante la Justicia. El rol de las empresas off shore detrás de Friar. Hay reunión de conciliación el 15 de julio.
El gobierno provincial amplió ante la Justicia las pruebas contra Vicentín y sostuvo que las sociedades ocultadas al momento de pedir el concurso preventivo y la conducta de los directivos de la cerealera de Avellaneda “no hacen sino corroborar la necesidad de intervención de la administración”.
El 1º de julio, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), María Victoria Stratta, le envió al juez a cargo del concurso de la empresa Vicentín, Fabián Lorenzini, un documento de 19 páginas en el cual ofrece pruebas para sustentar el escrito por el que se solicitó la intervención de la firma, el 19 de junio.
En su escrito, Stratta reafirma que la participación de Vicentín en otras sociedades nacionales y extranjeras no es minoritaria –como sostiene la empresa– y menciona las maniobras de venta y donación de los bienes de los directores.
La funcionaria sostiene que las vinculaciones societarias ocultadas por Vicentín al momento de pedir el concurso preventivo y la conducta de sus directivos respecto de sus bienes “no hacen sino corroborar la necesidad de intervención de la administración”.
En ese sentido, Stratta ofrece como pruebas “el estado del activo presentado por la concursada (Vicentín) en el expediente de concurso” y la propia página web del grupo “donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas”.
También se mencionan los estados contables no sólo de Vicentín SAIC sino de diversas sociedades de las que forma parte, “en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla”.
Stratta sostiene que “la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables” y que “habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley”. También menciona “estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa” de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y dice que “se intimará su presentación a Vicentín SAIC”.
En su escrito, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas indica además que “resultan relevantes las notas a los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019”, ya que “el plazo de confección y consideración se halla largamente cumplido y su vencimiento operó antes de que se produzcan las limitaciones emergentes de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Para la IGPJ, “estos estados contables son fundamentales porque abarcan el ejercicio inmediato anterior a incursión en estado de cesación de pagos” y señala que “lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe”.
El caso Friar
En un lapso de diez años, entre 2007 y 2017, la firma Vicentín se quedó con el frigorífico Friar y luego traspasó el paquete accionario a empresas off shore –con sedes en Uruguay y Panamá– controladas por el mismo grupo. Una maniobra que le permitió a Vicentín ocultar una de sus propiedades para evitar que ingrese al concurso de acreedores.
Esa maniobra es una de las pruebas que la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe le entregó al juez Lorenzini. El organismo provincial aportó documentos que demuestran que la firma oriunda de Avellaneda se quedó con el control del frigorífico Friar y luego lo traspasó a sus propias sociedades off shore.
Entre esos documentos, la titular de la IGPJ incluyó pruebas que determinan que los directivos de Vicentín utilizaron sociedades off shore para simular ventas de acciones del frigorífico.
A través de la firma Nacadie SA –según Stratta, “una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay y cuyo único accionista es una sociedad panameña llamada Swaas Internacional Corporation, inscripta en el Registro Público de la República de Panamá bajo el número 189489”– el Grupo Vicentín realizó distintas maniobras para quedarse con Friar.
Nacadie SA es una empresa fantasma. La titular de la IGPJ remarca en su presentación que “no se cuenta hasta el momento con información acerca de quiénes son sus integrantes. Pero resulta elocuente que su domicilio en Argentina sea también calle 14 número 495 de Avellaneda”, sede legal de Vicentín.
La actividad principal de Nacadie, según la información registrada en las notas a los estados contables, es “realizar operaciones off shore sobre agro comodities”. De hecho, tiene legajo ante la IGPJ de la provincia como sociedad extranjera.
Vicentín avanzó sobre Friar en dos etapas: en 2007 a través de Nacadie –que se había constituido legalmente como persona física– y diez años más tarde, en 2017, con la inscripción de la firma en nuestro país, para lo cual fijó como domicilio Bv. Hipólito Yrigoyen 298 de Reconquista, la sede de Friar.
En ese momento se designó como representante a Patricio María Coghlan, quien constituyó domicilio en calle 14 número 495 de Avellaneda: la administración de Vicentín, que es al mismo tiempo la sede legal de casi todas las empresas del grupo.
En 2017, mediante asamblea, se confirma la compra del 49% de las acciones de Friar SA por parte de la empresa uruguayo-panameña Nacadie y de la firma uruguaya VFG, casi por mitades, completadas con una ínfima titularidad formal de Vicentín SA que solo declaró tener el 0,49% del paquete accionario del frigorífico.
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En su escrito ante Lorenzini, Stratta revela que “en la nota número 3 de los estados contables de 2018 de Vicentín SAIC puede verse que la hoy concursada avala créditos para capital de trabajo de Friar SA, lo que –además de estar fuera de su objeto social– resulta incompatible con una participación del 0,49% como la declarada”.
La titular de la IGPJ también destaca que “en el ejercicio económico de 2013 se observa que transfirió a VFG Inversiones y Actividades Especiales SA el 94% de las acciones de Friar SA, quedándose con el 0,39%. A la vez, posteriormente, el 50% de las acciones de Friar SA fueron adquiridas por Nacadie, la uruguayo-panameña antes referida”.
La IGPJ también ofreció como prueba los estados contables del ejercicio 2014 de las empresas Buyanor SA, Renova SA, Emulgrain SA, Juviar SA, Sir Cotton SA, Oleaginosa San Lorenzo SA, Renopack SA y Algodonera Avellaneda SA, todas domiciliadas en calle 14 número 495: la sede de Vicentín SAIC.
Además, el organismo provincial pidió que se agreguen los estados contables del año 2014 de otras sociedades del Grupo Vicentín, como Ríos del Norte SA (concesionaria del Puerto de Reconquista, recientemente intervenido por el gobierno santafesino), Reconquista Friar SA, Diferol SA, Biogas Avellaneda SA, Terminal Puerto Rosario SA, Rosario Playa Puerto SA y Rosario Alimentos Refrigerados SA.
Reunión de conciliación entre el gobierno y Vicentin
El juez que conduce el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, convocó al gobierno de Santa Fe y a la empresa oriunda de Avellaneda a una reunión de conciliación para “la búsqueda conjunta de una solución” a la controversia sobre la administración de la compañía.
El titular del juzgado Civil y Comercio de la Segunda Nominación de Reconquista citó a las partes para el miércoles 15 de julio a las 17.30. También se solicitó la presencia de la sindicatura que está a cargo de la administración de la empresa.
La medida fue adoptada por el juez Lorenzini en el marco del incidente del expediente principal, surgido ante el planteo de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) para participar, en el marco de la intervención, de la administración de Vicentin.
Lorenzini aclaró que la reunión conciliatoria a la que convocó se realizará “sin perjuicio de la continuidad del presente trámite incidental”, que la semana pasada elevó a la Cámara de Apelaciones de Reconquista. No obstante, la reunión conciliatoria apunta a que las partes puedan llegar a un acuerdo entre sí.
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El magistrado sostuvo el inicio del proceso conciliatorio tiene la finalidad de que los principales protagonistas (provincia y empresa) avancen en “la búsqueda conjunta de una solución restaurativa” al conflicto.
A través de la IGPJ, el gobierno provincial le había solicitado al juez de Reconquista que desplace al directorio de Vicentin SAIC de la administración de la empresa y la otorgue –durante la extensión del concurso– a tres interventores, dos designados por el Poder Ejecutivo Nacional y otro por la provincia.
Lorenzini rechazó el planteo santafesino y mantuvo al directorio de Vicentin en la gestión de la empresa, que afronta un concurso con un pasivo de casi 100 mil millones de pesos entre acreedores comerciales y del sector financiero.
Frente a los planteos de nulidad y apelaciones interpuestos por el gobierno nacional y el santafesino, así como por la propia empresa, el juez elevó la semana pasada esos recursos a la Cámara de Reconquista, que deberá resolverlos.
