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El asesinato de Luis Espinoza, la violencia contra la comunidad Qom y la desaparición de Facundo Astudillo Castro son algunas muestras de los abusos que Amnistía Internacional relevó en el marco de la pandemia. La mayoría de los casos tienen a pobres y vulnerables como víctimas.
Más de 30 casos de abusos de diversa gravedad –desde detenciones sin mayor motivo hasta asesinatos– fueron registrados en distintos puntos de nuestro país, cuya autoría fue tanto de agentes federales como provinciales. "La mayoría de los casos relevados por Amnistía Internacional se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza". La lacónica sentencia del informe publicado recientemente por la organización de Derechos Humanos califica tristemente el accionar de las fuerzas de seguridad durante la pandemia.
Los casos "reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad", reza el texto. Además de los casos más resonantes, como los de Espinoza, las comunidades Qom y el de Astudillo Castro, la organización verificó hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz. "Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales y se sancione a los responsables de violencia estatal", dice Amnistía en el comunicado de lanzamiento del reporte.
"En una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población. No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas", dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. El organismo llama a "trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva de derechos humanos que evite que estos casos continúen repitiéndose en el país".
El informe repasa también las cifras generales de la acción reciente de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio; la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habría realizado 1192 detenciones entre el 20 de marzo y el 8 de mayo; la Policía de Santa Fe habría detenido a 21.478 personas entre el 20 de marzo y el 27 de abril; la Policía de Córdoba habría detenido a 17.214 personas en las mismas fechas; la Policía de Chubut detuvo a 6419 personas, entre el 20 de marzo y 19 de mayo.
Casos destacados
Transcribimos del informe las vejaciones más resonantes reportadas durante el período del aislamiento.
En particular, uno de los casos de mayor gravedad se vio contra miembros del pueblo indígena qom, en la Provincia de Chaco. La madrugada del domingo 31 de mayo, un grupo de policías de la provincia ingresó violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana, Provincia de Chaco. De la causa surge que efectivos ingresaron violentamente las casas –tal como puede verse de las imágenes difundidas –y que se llevaron detenidos a Alejandro Saravia, Daiana Celeste Fernández (de 16 años), Cristian Fernández y Rebeca Garay, mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, donde continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denunció abuso sexual por parte de los agentes policiales. El 8 de julio, la jueza de garantías nro. 3 resolvió otorgar la libertad a los imputados y el cambio parcial de la carátula como “allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones”. La familia de las víctimas junto con la Defensora Oficial discutirán las últimas medidas tomadas en la causa y solicitarán un cambio de carátula en atención a la integralidad de los hechos que se denunciaron (entre ellos, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual).Ante la gravedad de los hechos denunciados y su impacto en los derechos humanos, Amnistía Internacional está observando el proceso judicial contra los 4 agentes involucrados para contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice el acceso a la justia y la reparación a las víctimas.
Facundo Astudillo Castro, de 22 años de edad, desapareció el 30 de abril de 2020, en la Provincia de Buenos Aires, tras ser detenido por la policía a la entrada de la localidad de Mayor Buratovich, por violar la cuarentena impuesta por el Estado a nivel nacional por las pandemias de COVID-19. Cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires están bajo sospecha después de una serie de contradicciones en sus declaraciones a los investigadores. Se dice que uno de ellos afirmó que Castro se fue en un auto después de ser detenido por los agentes, aunque más tarde cambió su historia para decir que el joven de 22 años se fue a pie. Tres testigos, sin embargo, afirman que el joven fue subido a un vehículo policial. El 2 de julio la familia de Facundo denunció los hechos ante la justicia federal bajo la carátula de “desaparición forzada” y solicitó que la policia bonaerense sea apartada de la investigación.
El 15 de mayo, Luis Espinoza fue asesinado y desaparecido durante 7 días por parte de funcionarios de la policia de la comisaria de Monteagudo, Provincia de Tucumán. Luis y su hermano Juan se encontraban cabalgando cerca de donde se estaba realizando una carrera ilegal de caballos, en violación de las medidas de ASPO. Al menos cuatro de los efectivos policiales forcejearon con Juan, al involucrarse Luis en la disputa, cayó de su caballo y corrió, siendo impactado -por la espalda- por un proyectil disparado por un policía. La bala ingresó por su omóplato izquierdo, perforándole el pulmón. De acuerdo a la causa judicial, el cuerpo fue trasladado a la comisaría de Monteagudo, donde permaneció cuatro horas, siendo atado a la base de un mástil, desnudado, y preparado para su posterior desaparición. Se envolvió su cuerpo en una frazada, bolsas de residuos y cintas de embalar, además de una soga que fue utilizada para manipularlo. Falleció en algún momento entre el disparo y el traslado a la dependencia policía. Salió de la comisaría en el baúl del auto del subcomisario de la dependencia, y se lo trasladó 120 kilómetros a un barranco en la frontera con la provincia de Catamarca, donde fue arrojado. Amnistía Internacional solicitó que la justicia avance en una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar los hechos ocurridos y las correspondientes responsabilidades por la muerte y desaparición del cuerpo de Luis, garantizando los derechos de la familia a la verdad, la justicia y la reparación
El 1 de mayo, Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido en la Comisaría Décima de Santiago del Estero por una denuncia de violencia de género. Inmediatamente después de la detención del joven, su madre se dirigió a la comisaría, donde escuchó los gritos de Mauro mientras lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin avisar a sus familiares. Cuatro días después de la detención Mauro falleció. El informe médico habría constatado lesiones en las vías respiratorias. Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades provinciales.
El 17 de junio, Facundo Scalzo, de 20 años, recibió 4 disparos, dos por la espalda y dos en el brazo por miembros de la Gendarmería, en el barrio 1-11-14 en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Testigos relatan que tras discusión entre vecinos, un grupo de gendarmes persiguieron a Facundo y a otro joven que se encontraba con él. Los testigos agregan que no se permitió que Facundo recibiera los primeros auxilios cuando estaba agonizando, que esperaron más de una hora al SAME y que cuando llegó la ambulancia no dejaron que la madre lo acompañe al Hospital Piñero, donde finalmente falleció. Los agentes de Gendarmería fueron separados de sus funciones y se está llevando una investigación judicial ante el Juzgado Criminal y Correccional nro. 55. El policía que disparó se encuentra procesado.
El 24 de junio, Walter Ceferino Nadal resultó muerto tras ser detenido por la Policía de Tucumán. De la información e imágenes difundidas y de los relatos de testigos surge que el 24 de junio Walter Nadal fue detenido en la capital provincial y un agente de la fuerza de seguridad lo habría asfixiado al presionar la rodilla contra su nuca. Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades provinciales y reclamó una investigación urgente y exhaustiva.
El 10 de julio, Lucas Nahuel Verón, de 18 años, fue con un amigo a comprar gaseosas al kiosco y al regresar a su casa en Villa Scaso, González Catán, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, una patrulla policial los habría perseguido y disparado contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y falleció. Los dos agentes involucrados fueron desafectados en forma “preventiva” por la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y detenidos mientras se lleva a cabo la investigación judicial.
