El aporte solidario: un precedente y una batalla política

Por qué el gravamen presentado cae sobre el patrimonio y no sobre la renta. Los ricos en Argentina, una clase dominante offshore. La carga simbólica del anuncio en medio de la pandemia. La oposición, a la que no le cabe ninguna. El cumplimiento de las promesas electorales. 

El segundo anuncio de mayor carga simbólica en lo que va del mandato del Frente de Todos –junto a la fallida expropiación de Vicentín– llegó a la Cámara de Diputados. Se hizo con el estilo que el presidente le impuso a las medidas que tocan intereses concentrados, ya sean proyectos de ley o DNU y que sólo fue alterado cuando se pretendió estatizar un pulpo offshore y con el congelamiento de tarifas para internet, telefonía y TV prepaga: se avisa con mucha anticipación (5 meses en este caso), se escuchan opositores, se invita al consenso, se explica hasta el hartazgo en los medios que las repudian y organizan marchas tan raquíticas como destituyentes, se retocan artículos completos o parciales y finalmente se concreta. De Kirchner a Kirchner, Máximo es coautor del proyecto y es el que tiene que juntar los votos en la cámara baja, Cristina ya los tiene y espera. Como sostuvo Michel Kalecki, no es por la guita, es por la batalla cultural

El título del proyecto ajusta de entrada las expectativas de buena parte de los votantes del Frente de Todos y el manoseo impreciso que se hizo de la iniciativa: no es un impuesto regular y sostenido, es un “Aporte Solidario Extraordinario” en los términos en que un Estado que propugna la justicia tributaria que hace realidad la justicia social puede entenderse con los milmillonarios (12 mil tipes o el 0,8% de la Población Económicamente Activa) de un país con o sin pandemia: ustedes que están perfectamente enterados, culturalmente formateados para evadir impuestos y fugar excedentes, van a tener que poner algo de lo muchísimo que tienen (porque grava patrimonio y no renta) y por ley. O parafraseando a Perón, todos los millonarios son solidarios pero si se los emplaza por ley son mejores. O a Cooke refiriéndose al emérito Jorge Antonio: no hay millonarios peronistas, radicales o socialistas, los millonarios son millonarios nomás, no tienen ideología sino intereses. E insistimos, las apelaciones publicitarias sobre la excepcionalidad que justifica medidas excepcionales (lo que refuerza el carácter único y pandémico del aporte) o aquello de que nadie se salva solo, son cotillón demagógico para los integrantes del G6 que se entiende con el presidente a través de Massa y Máximo: ellos no pagan impuestos equivalentes a sus enormes patrimonios ni ayer, ni ahora ni nunca, e incluso –como Rocca, Toto Caputo, Alfredo Coto o el mismísmo directorio del Grupo Vicentín– despiden trabajadores de a miles con DNU prohibitivo y todo, tanto que durante la pandemia y hasta la primer quincena de agosto se habían perdido 287.000 puestos de trabajo formales.

Sin justicia tributaria no hay justicia social

Nos lo había anticipado Carlos Heller allá por abril y en exclusiva para Pausa: “Buscamos un equilibrio que haga sustentable políticamente el proyecto, es decir gravar la menor cantidad de contribuyentes posible, obteniendo el máximo de recaudación y al menor costo de desgaste y confrontación social”. El escenario cambió, la grieta muestra los dientes sin barbijo ni distancia social y se hicieron varios retoques al proyecto original. ¿De cuántos “nuevos pobres” se conduele Juntos por la Fuga, de cuánta plata estamos hablando? ¿Para qué usos?

Síntesis del Proyecto

Hay que comprender lo que se juega en ésta parada, la carga simbólica de la que hablábamos: las familias y grupos económicos más ricos del país, esa burguesía offshorizada que suele reírse del empeño progresista de tildarla como “nacional” (ese unicornio azul que se perdió durante el menemismo y aún antes) no subestiman lo del aporte extraordinario y excepcional, saben que si esto prospera se sienta un precedente peligroso para sus privilegios perennes. Es cultural y políticamente inaceptable. Aunque sean sólo un tercio de los que podrían haber constituido su universo de alcance.
Son 12 mil contribuyentes (personas físicas y no empresas) que poseen patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, a los que se impone una alícuota del 2% que se incrementa a medida que sus tenencias declaradas aumentan. Considerando que –según ejecutivos de cuentas de la City– los millonarios argentinos tienen declarado el 25% de su patrimonio real promedio, es una verdadera ganga.

Se estima que más de la mitad de los contribuyentes excepcionales alcanzados está en la franja de los que poseen entre 200 y 400 millones de pesos y menos del 10% supera los mil millones. La mayor tasa, estimada en 3,5% sólo alcanza a unas 300 personas que poseen unos tres mil millones de patrimonio personal.

Para los bienes declarados pero en el exterior (los que habitualmente no se declaran), las alícuotas se incrementan un 50% pero existe en el artículo 5 del proyecto un incentivo para patriotas con sensibilidad de bolsillo: se mantendrán la alícuotas en caso de que las repatriaciones se realicen dentro del plazo de los 60 días de publicada la ley en el Boletín Oficial y si los montos superan el 30% de la totalidad de las tenencias financieras exteriorizadas. El Poder Ejecutivo podrá, de acuerdo al nivel de adhesión de éste estímulo, prorrogar por otros 60 días el plazo para repatriar activos formados en el exterior.
Se estipula que con éstos términos –y si las negociaciones parlamentarias no afectan severamente ni la cantidad de alcanzados ni las alícuotas– se podrán recaudar entre 300 mil y 370 mil millones de pesos que serán destinados un 20% a equipamiento e insumos críticos para atender la gestión de una pandemia que sigue escalando hacia un pico desconocido, otro 20% a sostener el empleo de las pymes, otro 20% al sostenimiento de becas Progresar, otro 15% para mejorar condiciones sanitarias y habitacionales de los habitantes de barrios populares inscriptos en el Renabap y el 25% restante a programas de exploración y producción de gas natural administrados por la SA Pública IEASA (Integración Argentina Energética), creada durante el gobierno de Néstor Kirchner y con participación mayoritaria de YPF por el Estado Nacional.

¿De las operaciones se sale por arriba?

A poco de decretado el aislamiento social obligatorio y planteada por el presidente la falsa dicotomía entre salud y economía, entre preservación de la vida y libertades civiles o republicanas, se sabía que el desastre económico (con IFE, ATP y cualquier otro estímulo) estaba asegurado como en casi todo el planeta. Quedaba el mérito de haber salvado la mayor cantidad de vidas, minimizar los contagios y administrar la pandemia en general hasta la generalización mundial de una vacuna comprobadamente eficaz. Los grupos económicos que nos prestan el país para vivir como argentines, los medios de comunicación que detestan al peronismo populista, sus expresiones frentistas y el tercio psiquiátrico al que azuzan y representan (en ese orden), se jugaron siempre al doble fracaso: caída de más de 10 puntos del PBI, más del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, 20 mil pymes quebradas y contando y la asfixia financiera externa; pero complementadas con una espiralización brutal de contagios y muertes, algo que el impresentable Diego Leuco no pudo evitar que se note. Esto mejoraría sus chances electorales sin importar la magnitud del tsunami macrista y dejaría al Frente de Todos sin logros para terciar.

Alberto lo sabe y empezó a doblar el paso hacia el cumplimiento de su contrato electoral, ya no intentando persuadir de su vocación antigrieta a los que no lo votaron y jamás lo van a votar, sino a sus electores, a las orgas que esperan que la agenda de transformación se despegue de las urgencias de la pandemia. Antes de la expansión del Covid y contando con un arreglo razonable con los bonistas y el FMI, Emanuel Álvarez Agis profetizaba que “si sale todo bien, el 2020 será un año de mierda”. En esa estamos, pero el aporte extraordinario de las grandes fortunas forma parte de un reflujo esencial para el FDT, más allá de su efecto material concreto y final, y contribuirá tanto a la reparación de los daños agravados en estos ocho meses como a la recuperación de una mística capaz de ratificarse electoralmente en 2021 y cerrar el paso a la antiutopía de una restauración neoliberal que ya tiene nuevos candidatos cocidos al calor de la generosidad presidencial y la pandemia.