Un abordaje hacia el “ni una menos”

Intervención ágil e integral: a través de un proyecto legislativo, buscan generar un único espacio donde centralizar la atención a víctimas de violencia de género.

La llamada “ruta crítica de la denuncia”, para llegar a denunciar efectivamente un hecho de violencia de género, es, más que una ruta, un camino difuso, pedregoso y fuera de todo GPS orientativo.

La falta de capacitación y sensibilización en temas de género de la gran mayoría del personal policial -y buena parte del judicial-, y el desconocimiento de leyes, procedimientos y tratados sobre la problemática, son las principales barreras con las que una mujer, lesbiana, trans, travesti, se encuentra a la hora de intentar radicar una denuncia.

¿Adónde ir? ¿En qué lugar la van a “tratar mejor”? ¿En dónde le van a prestar atención a su relato? ¿Es lo mismo intentar denunciar un miércoles que hacerlo un sábado o un domingo? Aunque hay respuestas puntuales y formales para estas preguntas, no es tan simple acceder a las mismas, y las experiencias de las víctimas, muchas veces, demuestran que las cosas no funcionan como deberían.

Para intentar facilitar este proceso, agilizar la toma de acción ante una situación de emergencia y dar una respuesta rápida, la legisladora Gisel Mahmud presentó, junto a sus pares del bloque Socialista, un proyecto de ley para la creación de un “Espacio Multipuertas” en la órbita del Estado provincial. El mismo pretende agrupar todas las oficinas del Estado provincial que intervienen ante casos de violencia de género y/o delitos sexuales contra las mujeres.

Según los fundamentos del proyecto, “se busca terminar con lo que se conoce como “ruta crítica de la denuncia” que actualmente obstaculiza la misma y revictimiza a la mujer en cada instancia”.

En este sentido Mahmud sostiene que: “el sistema de protección actual de las mujeres víctimas de violencia, lejos de promover el resguardo de su integridad psicofísica y del ejercicio pleno de su derecho, pareciera promover acciones tendientes a reforzar los mecanismos discriminatorios sobre ellas. Las mujeres nos enfrentamos con obstáculos para ejercer plenamente nuestros derechos en todo el recorrido de la denuncia en los organismos que están a cargo de la protección de las mujeres, tanto administrativos como judiciales. Esto tiene consecuencias negativas que en muchos casos terminan haciéndonos desistir en el camino. Hoy entendemos que más allá de la visibilización social del problema se hace necesario que los Estados asuman un compromiso de coordinación de acciones para que las mujeres accedan a la justicia y tengan respuestas”.

El proyecto

El Espacio Multipuertas, según el texto del proyecto, tiene por objetivos “garantizar la centralidad de las intervenciones, como parte de un plan de acciones públicas tendientes a la protección integral de la mujer víctima de actos de violencia, en sus dos aspectos esenciales: prevención y erradicación, en el que convergerán el accionar de las distintas dependencias del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que cumplan con dichos fines para dar una solución articulada e integral que pueda así evitar la falta de respuesta oportuna y la re-victimización”.

La idea es concentrar en un solo edificio todos los servicios y oficinas de trámites necesarios para la atención a víctimas de violencia de género. Para esto, será necesaria la articulación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia con organismos como el Centro de Asistencia Judicial de la Secretaría de Justicia de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo; el Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo del Poder Legislativo; la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación y de las Fiscalías Civiles del Poder Judicial.

Entre las funciones específicas del Espacio Multipuertas, se encuentran la atención a través de equipos interdisciplinarios para evaluar indicadores de riesgo y elevar informes a la justicia para la concreción de la denuncia; esto implica la conformación de un plantel de mujeres profesionales de la salud para constatar lesiones, la derivación a la atención de la salud cuando fuese necesario y realizar un seguimiento de intervenciones profesionales; contener, asesorar, acompañar e informar a las víctimas en las diferentes instancias procesales; asesoramiento en aspectos psico-sociales durante el proceso penal, propendiendo a evitar la revictimización.

Además, tendrá bajo su órbita recibir las denuncias radicadas en comisarías, Centros Territoriales de Denuncias y derivaciones de otros organismos del Estado, como Centros de Salud y escuelas, para centralizar la intervención. Todas estas actuaciones que se lleven adelante se harán en un legajo único.

“Cada vez que hablamos con una mujer que se enfrenta a una situación de violencia, la segunda situación más complicada es todo el camino que tienen que hacer para tener respuesta. Todo ese transitar nos agota, nos revictimiza, nos desalienta. Y no queremos pasar también por eso. No queremos más violencia hacia nosotras, pero si esto ocurriera no queremos una violencia más por parte del Estado”, dice Mahmud. “El espacio multipuertas es un proyecto ambicioso, que no tiene antecedentes en ninguna otra parte del país y que verdaderamente garantizaría el acceso igualitario de derechos, la contención y la resolución de estas situaciones. En este camino, la justicia para las mujeres sigue siendo un norte que compromete a todos los poderes del Estado. Son fundamentales políticas públicas integrales y pensadas con perspectiva de género, para garantizar a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Es urgente

Mientras los poderes del Estado y las fuerzas políticas intentan ponerse de acuerdo sobre las formas de abordar la violencia machista, entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año se cometieron 143 femicidios y travesticidios en Argentina, es decir, uno cada 29 horas. El 20% de estas víctimas había denunciado ya a su agresor.

Estos números son parte del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), una de las organizaciones que viene sistematizando esta información, siempre parcial pues es recolectada a partir de la publicación de los crímenes en los medios de comunicación. El informe también detalla que hubo 135 intentos de asesinatos a mujeres y que en el contexto de pandemia se produjeron 80 femicidios.

La falta de coordinación entre los organismos del Estado para dar respuesta eficaz a las víctimas, también se traduce en un vacío a la hora de producir estadísticas unificadas que puedan orientar la toma de decisión y las políticas públicas.

Las organizaciones de la sociedad civil, como Mumalá o La Casa del Encuentro, el mapa con casos que lleva adelante el equipo de Norma López en Santa Fe o el registro de la Corte Suprema de la Nación, utilizan diferentes criterios para determinar si una muerte es un femicidio o no. Saber, con certeza, cuántos femicidios y trans/travesticidios ocurren, es casi imposible en este escenario de descoordinación y falta de abordaje integral.

Según un relevamiento realizado por la periodista Bárbara Favant para Diario UNO, durante el primer semestre de este año hubo 31 mujeres víctimas de asesinatos y femicidios en la provincia de Santa Fe. De ese total, un 45% de las muertes violentas se investigan como femicidios, otro 45% como homicidios y el resto se trata de determinar la causa de la muerte en un contexto de violencia de género.

A estas cifras del horror en la provincia se sumaron en los últimos días los femicidios de Rocío Vera, de 14 años, en Reconquista; y el de Gisela Fiamaca, de 26 años, en la ciudad de Santa Fe.