El continente va a las urnas en plena crisis

Bolivia, Chile, Estados Unidos y Venezuela tienen elecciones en un fin de año signado por la pandemia y su impacto en la economía. El desafío es construir desde los conflictos.

Por Joel Sidler (*)

Como si todo fuera poco, el final del 2020 también se presenta turbulento. En los próximos meses tendrán cita una serie de eventos que pueden cambiar el escenario político del continente. El 18 de octubre Bolivia elige autoridades presidenciales, una semana después Chile va a las urnas para aceptar o rechazar la reforma de la Constitución pinochetista. El 3 de noviembre Estados Unidos celebra sus elecciones presidenciales y cierra el año Venezuela con las parlamentarias del 6 de diciembre. Para entender por qué son tan relevantes, es necesario observar cómo llega cada uno de estos países y qué información tenemos.

Bolivia

Cómo llega: Las elecciones presidenciales de Bolivia fueron, en realidad, el 20 de octubre de 2019 pero el ajustado margen con el cual Evo Morales evitaba la segunda vuelta, junto a una demora en la carga de datos, desató un frenesí opositor. Frente a las protestas y el desconocimiento de los resultados, el propio Morales solicitó a la OEA un informe sobre el sistema de conteo rápido usado en los comicios. El 10 de noviembre, la OEA publica el informe preliminar en el que señala la “improbabilidad estadística” de que Morales haya alcanzado el 10% de diferencia con su competidor Carlos Mesa y señala necesaria una segunda vuelta. Si bien este informe fue ampliamente criticado por expertos en materia electoral de diversa extracción, el daño ya estaba consumado. Ese mismo día, Morales llama nuevamente a elecciones, pero a las violentas protestas en las calles se le sumó la rebelión policial y la “sugerencia” de los mandos militares para que Morales presente su renuncia. Dos días después, con Morales en el exilio, Jeanine Áñez, senadora opositora y vicepresidenta segunda del Senado, se autoproclama presidenta en una sesión sin quórum. Asume con la promesa de llamar a elecciones lo antes posible. Sin embargo, hasta el momento del traspaso presidencial, habrá ejercido el cargo más de un año.

Hoy: La pretensión de Áñez de quedarse en el cargo se terminó el 17 de septiembre cuando renunció a su candidatura. Fue “en homenaje a la libertad y la democracia”, dijo la autoproclamada, cuya banda presidencial fue colocada por un militar. En realidad, el fin es evitar la dispersión del voto contrario al MAS, que lidera las encuestas. Actualmente se contabilizan siete postulantes a la Presidencia. Los principales son Luis Arce, candidato del MAS y ex ministro de Economía de Morales, y Carlos Mesa, ex presidente. Ambos concentran la mayor intención de voto según #TuVotoCuenta, una alianza de más de 20 entidades que realizó 16 mil encuestas en todo el país, tanto en el área urbana como rural (esta distinción es clave para la geografía política boliviana). Según este estudio, Arce estaría cerca de ganar en primera vuelta con el 40,3%, seguido por Mesa con el 26,2%, aunque otras encuestas indican guarismos más conservadores para Arce. El sistema electoral boliviano establece que, para convertirse en presidente en primera vuelta, el candidato debe alcanzar el 50% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10% con su inmediato perseguidor. De lo contrario, se realizará una segunda vuelta, en este caso el día 29 de noviembre. Ese último escenario es el más temido por el MAS ya que es probable que la aglutinación opositora otorgue a Mesa la presidencia del país.

Restan pocas semanas y el clima electoral viene tenso. Al desmanejo de la crisis sanitaria por el coronavirus se le agrega la persecución política sufrida por el MAS y la inhabilitación a Morales para ser candidato a senador. La pregunta que sobrevuela es si la oposición al MAS será capaz de tolerar un triunfo de Arce o si estará decidida a profundizar el quiebre democrático en el país andino.

Chile

Cómo llega: Lo que en varios discursos locales e internacionales se presentaba como el “oasis latinoamericano” explotó en octubre del año pasado. La tensa calma escondía en realidad algo que estaba a simple vista: Chile arrastra 30 años de relativo crecimiento económico que no se traduce en mejor calidad de vida. Posee una alta concentración de la riqueza y la mercantilización en áreas como educación y el sistema previsional es profunda y determinante. El aumento del precio del metro en Santiago fue el disparador de una serie de protestas que pronto se extendieron más allá del área metropolitana que cubre ese sistema de transporte. Las movilizaciones fueron múltiples, como también los reclamos. En conjunto, pusieron en jaque al sistema político chileno. La reacción del gobierno de Piñera fue criminal: militares patrullando las calles por primera vez desde el fin de la dictadura y carabineros protagonizando cientos de violaciones a los derechos humanos. La respuesta de los manifestantes escaló el conflicto: a los jóvenes se les sumaron sus padres y luego sus abuelos. Tres generaciones poblaron las calles. El hito se consolidó el 25 de octubre de 2019 con la marcha más grande de la historia de Chile: 1,2 millones de personas, según cifras oficiales. Si bien los reclamos eran múltiples, una nueva Constitución que diera por tierra con la instaurada por Augusto Pinochet se volvió la prioridad. En noviembre se alcanza el “acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” y se comienza a organizar el referéndum que decidirá si habrá nueva carta magna.

Hoy: La fecha original para el Plebiscito era el 25 de abril pero, pandemia de por medio, se trasladó al 25 de octubre. El pasado 26 de agosto inició formalmente la campaña, que se realizará principalmente en redes sociales y medios de comunicación. El 25 de octubre el pueblo chileno responderá dos preguntas: “¿Quiere usted una nueva Constitución?” y “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”. De aprobarse (los sondeos marcan más de un 75% a favor) la conformación de la Convención Constituyente puede ser “Constitucional” o “Mixta”. En la primera se eligen por voto popular la totalidad de los constituyentes, mientras que en la segunda una parte es elegida por el actual Parlamento. Según la consultora Pulso Ciudadano, el 57% votaría por “Constitucional” y sólo un 23% se inclinaría por “Mixta”.

La reforma de la Constitución será una instancia fundamental para una discusión profunda, capaz de realizar transformaciones estructurales en materia política y económica. Es la decisión más importante que tomará el pueblo chileno desde 1988 cuando, también mediante un plebiscito, puso fin a la dictadura militar de Augusto Pinochet. En ese momento clausuraron en las urnas el régimen autoritario que sentó las bases de las inequidades actuales, hoy tienen la posibilidad de terminar con su herencia más pesada y escribir la primera página de una Nación más justa.

Estados Unidos

Cómo llega: Estados Unidos está envuelto en el caos. El declive de la hegemonía estadounidense es visible al interior de sus fronteras y en el plano internacional. En cuanto al primer escenario, la crisis del 2008 solo profundizó una tendencia clara: desde la década del 70 el país atraviesa un proceso de deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de su población, mientras una mínima porción se enriquece. A un poder adquisitivo en caída, una inaccesible seguridad social y altos niveles de endeudamiento familiar, hay que sumarle que si tenés origen latino, afroamericano o sos mujer, la situación empeora. Por ejemplo: la sistémica violencia policial contra la población afroamericana quedó a las claras con el asesinato de George Floyd en Minneapolis, que se volvió un emblema para las masivas movilizaciones encarnadas por el movimiento Black Lives Matter. A nivel externo, el país disminuye su capacidad para proyectarse de manera global como un modelo a seguir, es decir que cada vez menos países miran hacia Estados Unidos como el faro moral, de institucionalidad y progreso económico que mostraba en los años 50.

Por ello, el lema trumpista de Make America Great Again (Haz a América grande otra vez) supo captar, en las elecciones de 2016, ese sentimiento de un pasado glorioso que ha quedado atrás para la mayoría del pueblo estadounidense. Sin embargo, la xenofobia, el racismo y la misoginia del presidente Trump han ocupado un mayor lugar que su pretendida agenda de recuperación económica. Además, la pésima gestión sanitaria de la pandemia, que contabiliza más de 200 mil muertes y más de 6,5 millones de contagios, junto a la crisis económica que trae aparejada, complican aún más a su administración. Para tomar dimensión, el FMI pronosticó una caída del 6,6% del PBI para el 2020, tres veces peor que la de 2009 tras la crisis financiera, que fue del 2%.

Hoy: La fórmula Trump-Pence se mide frente al candidato demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, acompañado por la senadora Kamala Harris, primera candidata a vice afrodescendiente e hija de inmigrantes. Hoy las encuestas muestran que Biden está en promedio un 6% arriba de Trump. No obstante, esa distancia no asegura nada ya que en 2016 Trump obtuvo casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero aun así se quedó con la elección gracias al Colegio Electoral. El estadounidense es un sistema de elección indirecta, donde cada Estado recibe un número de electores según su población. Un total de 538 electores forman el Colegio, por lo que un candidato necesita obtener 270 para ganar. En 48 de los 50 Estados (más Washington DC) el candidato que gana se queda con todos los electores, por ello, la clave estará en los estados estratégicos como Wisconsin, Michigan, Florida, Pensilvania y Arizona, que aún no tienen un ganador definido.

Como consecuencia de la pandemia se espera que el voto por correo alcance cifras récord. Frente a ello, hace algunas semanas Trump deslizó la posibilidad de aplazar los comicios porque no confía en ese sistema de votación. Es más: el 20 de agosto declaró que “esta será la elección más fraudulenta de la historia” y que si los demócratas ganan será únicamente por ese motivo. En este contexto de crisis sanitaria, económica y creciente descontento popular, Trump, fiel a su estilo, agrega un condimento más: inestabilidad institucional.

Venezuela

Cómo llega: No por banalizada en boca de la oposición argentina, Venezuela deja de ser un problema. Las elecciones que se avecinan pueden ser una oportunidad para empezar a desandar un camino plagado de violaciones a los derechos humanos. El 6 de diciembre se renuevan todos los cargos de la Asamblea Nacional (AN) para el período 2021-2026. Pero repasemos un poco la historia. En diciembre de 2015 la oposición triunfa en las elecciones legislativas, Maduro reconoce los resultados y la AN se prepara para comenzar sus funciones en enero de 2016. Sin embargo, el 29 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta una medida cautelar por presunto fraude en la elección de tres diputados del estado de Amazonas. La AN desoye la medida y procede a la jura de los diputados. En consecuencia, el TSJ declara en desacato a la AN. En marzo de 2017, frente a la persistencia del desacato, el TSJ declara la disolución de la Asamblea y llama a nuevas elecciones. La inestabilidad se agudiza y en enero de 2019 Juan Guaidó, presidente de la disuelta AN, se autoproclama “presidente encargado”. Al instante llega el reconocimiento de los Estados Unidos y de varios países más. Sin embargo, hasta hoy, Guaidó no ostenta poder real e incluso Trump se muestra decepcionado por su performance y reconoce haber subestimado a Maduro.

Hoy: Por delante se esperan meses difíciles. Nicolás Maduro encara negociaciones con un sector de la oposición con el objetivo de legitimar las elecciones, tanto al interior de Venezuela como en el plano internacional. Este sector opositor está liderado por Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, quien ha señalado que las estrategias de abstención, boicot y protestas no han dado los resultados esperados, por lo que es necesario un cambio de dirección. Ahora, la posibilidad de que este sector se presente a elecciones está condicionada a la presencia de veedores externos que aseguren un proceso libre y justo. Aún sin la esperanza de mantener el control de la Asamblea ganado en 2015, esta franja opositora apuesta a la movilización ciudadana para acumular capital político y visibilidad a nivel internacional. Sin embargo, la posibilidad de elecciones libres debilita directamente la posición de Juan Guaidó, cuyo principal sostén se encuentra en las naciones que lo reconocen como “presidente encargado”. Si los organismos internacionales avalan las elecciones de diciembre, su figura institucional perderá toda razón de ser.

Hasta el momento, Estados Unidos respalda la estrategia abstencionista de Guaidó pero la Unión Europea ha considerado enviar una delegación internacional bajo la estricta condición de dilatar el proceso electoral y ganar tiempo para organizar la misión en forma adecuada. Sin embargo, el 18 de septiembre Maduro rechazó la posibilidad de posponer los comicios. En este encono se encuentra la política venezolana hoy, con una oposición dividida y el oficialismo preparando elecciones que, de carecer de participación opositora, es probable que socaven aún más la posición internacional del país y su sistema político.

Las cuatro elecciones que se vienen tienen la potencialidad de desencadenar múltiples procesos que serán decisivos para el panorama regional y global. Quedará seguirlas de forma atenta y rescatar, al tiempo que fortalecer, la centralidad de la política como herramienta para construir desde los conflictos.

(*) Lic. en Ciencia Política por la UNL y Becario Doctoral IHUCSO (UNL-CONICET)