La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en retratos

Desde la Capital Federal, imágenes y documento de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, del 27 de agosto pasado. El reclamo central, la acción de las fuerzas represivas, cebadas durante la cuarentena: "Se registraron más de 100 crímenes que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad".

El documento:

Estamos acá, en Plaza de Mayo, en la 6° Marcha Nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal, llevando adelante esta enorme jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza, repudia y denuncia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares, porque el tapabocas nos cuida, pero jamás callará ese grito de bronca, dolor, Amor y resistencia.

A pesar de la pandemia el estado no dejó de reprimir, de matar y desaparecer, en lo que va de la cuarentena se registraron más de 100 crímenes que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad, así lo demuestran el caso de Luis Espinoza, trabajador rural golpeado, asesinado de un disparo y desaparecido el 15 de mayo por la policía de la provincia de Tucumán. Esa misma fuerza asesinó el 24 de junio a Walter Ceferino Nadal en plena calle, usando la misma maniobra con la que policías racistas estadounidenses provocaron la asfixia de George Floyd, o el caso de Facundo Castro quien fue visto por última vez dentro de un patrullero, luego de ser requisado 3 veces por la policía y hoy lleva más de 100 días desaparecido, mientras su mamá tiene que luchar contra todo el entramado político, comunicacional, judicial y policial para llegar a la verdad.

Amparados en el Decreto Nacional 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, el 26 de marzo, en el barrio San Alberto del partido de La Matanza, ocho agentes de la bonaerense detuvieron en la calle a un grupo de jóvenes y los obligaron a hacer flexiones de brazos y sentadillas. El mismo día un grupo de gendarmes en la villa 1-11-14 de CABA obligaron a dos pibes a caminar en cuclillas hasta uno de los pasillos. Casi tres meses después el 17 de junio en el mismo barrio y la misma Gendarmería Nacional, asesino a Lucas Scalzo de cuatro tiros por la espalda.

En este contexto las fuerzas a cargo del Ministro Berni, el 10 de Julio asesinaron en Villa Scaso, La Matanza, a Lucas Nahuel Verón, quien cumplía 18 años ese día y había salido a comprar gaseosas con un amigo. Y como siempre denunciamos el estado no solo mata con balas, sino que utiliza diversas formas de represión, como sucedió la madrugada del lunes 1 de Junio, en el barrio San Martín, del partido de San Nicolás, donde un patrullero que venía de frente chocó intencionalmente la moto en que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, asesinando a los jóvenes por no cumplir la cuarentena.

A su vez denunciamos y responsabilizamos al Estado por las torturas y muertes en contexto de encierro, el sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, de discriminación y de selectividad del sistema de justicia penal, que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Como ocurrió el 25 de julio cuando un joven fue detenido y trasladado a la comisaría 6ta de Tolosa donde lo golpearon y torturaron con picana eléctrica en una clara demostración que las prácticas de ayer siguen presentes en los crímenes de hoy.

Las cárceles funcionan como verdaderos centros de tortura donde las personas sufren la vulneración sistemática de sus derechos y son sometidas a aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de la salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. Solo por citar algunos ejemplos de los padecimientos, en la comisaría 6ª de Villa Rosa en Bahia Blanca, que tiene una orden de clausura dictada desde 2012, una mujer detenida perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Otro fiel reflejo son las masacres ocurridas en la Comisaría 3ª de Transradio en Esteban Echeverría el 15 de Noviembre de 2018, donde murieron 10 pibes calcinados a pesar de tener a los bomberos pegados a la comisaría, o lo sucedido en la Comisaría 1ª de Pergamino el 2 de Marzo de 2017 donde asesinaron a 7 pibes y la justicia avaló la masacre. La crisis humanitaria en los lugares de encierro es cada vez más profunda.

Los gobiernos pasan y la represión queda, por ello nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, Nacional, Provincial y Municipal. Actualmente tenemos más de 7000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983.

La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión Estatal, ya sea por acción u omisión, que hoy se replica en diferentes puntos del país con la Marcha Nacional en: Córdoba, Chaco, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Posadas, Río Negro, Bariloche, Cipolletti, Merlo y San Miguel del Monte. Nos matan un pibe o piba cada 21 horas, ya sea con un fusilamiento, bajo las ruedas de un patrullero o con torturas seguidas de muerte en contexto de encierro, como son las cárceles, comisarias, institutos de menores y lugares que usan como centros clandestinos de detención, estas son solo algunas de las formas que tiene el estado de reprimir, como también lo hace con las causas armadas y las desapariciones forzadas seguidas de muerte. Por ello vemos la necesidad de luchar organizados y organizadas contra todas estas prácticas represivas.

El pedido de mano dura, significa más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes robando para la policía y más drogas en los barrios. Estas formas de represión son ejercidas por el Estado de manera sistemática y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más vulnerados, donde suceden impunemente, además de asesinatos policiales y desapariciones, otras violencias; así lo hacen con el consumo problemático de drogas donde por un lado, les niegan a los jóvenes de nuestros barrios el derecho a la asistencia y se terminan suicidando o enredados en una trampa que les roba sus vidas, y por otro lado usufructúan el manejo de la caja del narcotráfico. De esta manera utilizan las drogas como forma de exterminio sobre nuestros jóvenes.

Está claro que la trama policial y judicial es parte del problema y no de la solución. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran la vida de muchos jóvenes y son los mismos que operan en las redes de trata, como en el caso de Johanna Ramallo desaparecida en 2017, en femicidios perpetrados por miembros de las fuerzas, travesticidios o el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Higui.

Desde los medios hegemónicos y comerciales de comunicación, existe una estigmatización y criminalización constante de los jóvenes de sectores populares. Cuando el estado mata a un pibe de barrio los medios desatan su maquinaria y automáticamente lo convierten en un negro chorro, condición suficiente para ser ejecutado por cualquier miembro de las fuerzas de seguridad y avalado por ciertos sectores reaccionarios. Cuando todos y todas en realidad sabemos, aunque no lo quieran aceptar, que los que más han robado y siguen robando, no viven en nuestros barrios, tienen cargos públicos y muchas veces usan trajes o uniforme.

Ese odio fogoneado por algunos sectores políticos y por los medios hegemónicos de comunicación termina en asesinatos cometidos por civiles, como el caso reciente del jubilado Jorge Ríos que mato a Franco Moreyra en Quilmes y actualmente su defensa pidió un juicio por jurados, ya que resulta una práctica habitual de las defensas para garantizar impunidad, claro son los ejemplos en donde absuelven a los asesinos o los dejan sin condena por este tipo de juicios, como el carnicero de Zárate Daniel Oyarzún que en 2016 asesino a Brian González y luego un juicio por jurados lo declaró no culpable, o el médico Lino Villar Cataldo que mató de cuatro tiros a Ricardo ‘Nunu’ Krabler en 2016 y también fue declarado no culpable del mismo modo. Cabe destacar que Ninguno de los asesinos se encontraba en peligro al momento de matar, y estás absoluciones vienen a dejar en claro que la propiedad privada vale más que la vida de las personas. Esto convierte a quien ejerce justicia por mano propia, en juez o fiscal que aplica la pena de muerte.

Los distintos Gobiernos han utilizado las fuerzas para perseguir y castigar a los trabajadores que se organizan por sus derechos, por eso en nuestro país todavía hay detenidos por las jornadas de lucha de diciembre de 2017, entre ellos Sebastián Romero, de quien exigimos su libertad inmediata. Trabajadores y trabajadoras, desocupados y desocupadas que luchan contra la opresión, represión y explotación, tratando de evitar otro de los crímenes terribles al que es sometido nuestro pueblo, “El hambre”.

Sabemos que la Argentina produce alimentos suficientes como para dar de comer a varios cientos de millones de personas, no podemos permitir que ningún pibe se acueste sin comer, sin embargo el 62,5% de los niños y niñas de nuestro país es pobre, más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por día y si tienen la suerte de que alguna olla popular los salve de morir de hambre, los termina matando una bala. Entonces cuando el pueblo sale a luchar lo reprimen, encarcelan y torturan, con la excusa que utiliza el estado de mantener el orden social establecido, un orden dispuesto por sus propias leyes al servicio del poder burgués.

Este contexto de persecución agudizada que se sostiene hasta hoy, existe una política represiva e histórica del estado argentino contra los pueblos originarios, que por un lado busca estigmatizar a los pueblos originarios que luchan por su identidad y sus tierras para convertirlos en peligrosos terroristas, y por otro lado, reprime y amenaza como lo hizo con la familia Qom del barrio Banderas Argentinas (en Fontana, Chaco) que el 31 de mayo, sufrió la irrupción ilegal de la policía en su casa y culminó en golpes, torturas, insultos racistas, una detención ilegal de cuatro jóvenes y la violación de una menor de sólo 16 años. Luego para que no queden dudas de la impunidad con la que se manejan la jueza de garantías N° 3 dejó libres a los 4 policías imputados.

En este camino de Lucha entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, los medios justifican el homicidio instalando la versión de las fuerzas de seguridad, y cierra el círculo el poder judicial garantizando impunidad, obviamente que para que todo esto suceda también existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta con acercarse a hablar con algún familiar para reconocer cualquiera de estas prácticas, que son un sello de la represión estatal.

Contra ese armado en absoluta disparidad de fuerzas y recursos es que luchamos. El Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, pero nuestra respuesta siempre fue lucha, resistiendo, apostado a la organización colectiva y con el puño en alto . Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha, pertenezcamos o no a una organización o partido político y sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda, para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Sabemos que el dolor es el mismo, pero la conciencia de clase no. Por eso tenemos que ser capaces de entender e intercambiar nuestras experiencias, nuestros distintos pensamientos y todas las propuestas de acción, para que unidos y unidas logremos transformar la realidad.

Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clases; es por ello que no sólo peleamos por la sentencia sino también por la conciencia, porque a nuestros pibes y pibas no los devuelve nada ni nadie.

No es fácil ni corto el camino que emprendimos, tampoco lo elegimos, pero tal como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nuestros pibes y pibas viven en nosotras y en cada lucha que llevamos adelante, sabemos que la verdadera justicia seria tener nuestros familiares acá, y no depende de una sentencia vergonzosa que la mayoría de las veces le arrancamos al poder judicial con la lucha.

A pesar de la impunidad que demuestra el poder judicial seguiremos luchando en cada juicio, como lo haremos cuando comience el juicio de Marcos Sebastián Acuña asesinado el 28 de Agosto de 2015 por una bala del arma reglamentaria del prefecto Juan José Silva, y en el juicio de Maxi Zamudio de 16 años asesinado en Rosario por el agente Ariel Condori Apaza miembro de la misma fuerza, donde la fiscalía intento archivar la causa en dos oportunidades. No dejaremos de exigir la pena de cadena perpetua para los asesinos. Del mismo modo vamos a llenar cada juzgado incansablemente hasta que caigan todos y cada uno de los represores asesinos de nuestros hijos.

Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque sale de nuestras entrañas como salieron nuestros hijos. No vamos a parar de gritar, de luchar y de marchar, hasta que no nos dejen de matar. Y hasta cambiar este sistema cruel e injusto que solo favorece a los de arriba.