Aborto legal: mucho más que verdes y celestes

En el Congreso se pone en juego el derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Los números vienen parejos y se espera un largo debate.

La composición del Congreso, en términos políticos, es muy similar a la de 2018. Pero a diferencia de aquel primer debate por el aborto legal –propiciado y boicoteado por el macrismo–, ahora el gobierno nacional ha asumido una clara posición a favor de la ley. El impulso político de la Casa Rosada a la legalización del aborto voluntario, un proyecto que hace dupla con la ley de los 1000 días –de ayuda a las personas gestantes–, puede resultar determinante para la definición de los diputados y senadores nacionales que, hasta ahora, siguen indecisos.

Como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner jugarán un papel determinante durante el debate parlamentario de los proyectos enviados por el presidente Alberto Fernández al Congreso el 17 de noviembre. Formalidades aparte, Massa y Cristina tienen por delante el desafío de construir las mayorías que permitan la sanción definitiva de las leyes.

El 1º de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Fernández dijo que “en diez días” enviaría los proyectos a las cámaras. La pandemia del coronavirus trastocó los planes oficiales y debieron pasar más de ocho meses para que aquella promesa se concrete.

La postura de Fernández es clara. Fue enunciada durante la campaña electoral y ratificada en cada entrevista en la que fue consultado sobre el tema. “La penalización del aborto ha fracasado como política”, definió el 1º de marzo. Y esta semana, al anunciar finalmente en envío de los proyectos, remató el mensaje con el leitmotiv que orienta la campaña por el aborto: “Que sea ley”.

El antecedente

En 2018, Mauricio Macri “habilitó” el debate, pero de inmediato sentó la posición que luego adoptarían sus bloques en forma mayoritaria. El ex presidente –en su mensaje ante la Asamblea Legislativa de aquel año– se pronunció “a favor de la vida” y de esa manera hizo propios los argumentos –y la representación– de los sectores anti-derechos.

La media sanción ajustada en la Cámara de Diputados y la derrota 38-31 en la votación en el Senado Nacional son el único antecedente en la materia. Ese es el escenario que el actual gobierno debe evitar; están en juego la vida y la salud de miles de mujeres y, también, las bases filosóficas que ubican el derecho de las personas sobre su propio cuerpo por encima de la letra fría del Código Penal.

El proceso

Durante el debate de 2018 hubo 15 convocatorias que sumaron más de 130 horas en las que expusieron 738 expertos y expertas de distintas disciplinas. En esta ocasión las reuniones de las comisiones del Congreso serán por zoom.

El oficialismo apuesta hacer más corto el debate en las comisiones y ampliarlo en el recinto, durante las sesiones en que se traten lo proyectos. Martina Garbarz informó en una nota publicada en El Cohete a la Luna que “la idea del gobierno es poner a disposición todo el debate realizado hace dos años en formato digital para que cualquier persona pueda acceder al material”. Las precisiones sobre la dinámica del procedimiento parlamentario se conocerán en los próximos días.

El proyecto se debatirá primero en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Está previsto que entre el 1º y el 3 de diciembre expongan funcionarios y funcionarias del gobierno nacional y, además, fueron convocados 25 expositores a favor y 25 expositores en contra de la iniciativa. Se espera que el viernes 4 de diciembre se emita un dictamen de comisión para que sea tratado y votado en el recinto de la Cámara baja entre el miércoles 9 y el jueves 10 de diciembre.

¿Están los votos?

De entrada, antes de enviar los proyectos al Congreso, el presidente Fernández dirigió un mensaje a propios y a ajenos, a convencidos y a indecisos: “Cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia. Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen una democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar”. Las palabras del primer mandatario presagian un debate prolongado.

Mientras se organizan las tareas que llevarán adelante las comisiones parlamentarias antes de que los proyectos lleguen al recinto, los distintos bloques políticos empiezan a fijar sus posiciones. En los espacios mayoritarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no hay unanimidad de criterio, aunque hay mayorías consolidadas a favor en el oficialismo y en contra dentro del campo opositor. ¿Primará la libertad de elección o la disciplina partidaria? Ese factor puede resultar definitivo al momento de sumar los votos.

El Frente de Todos confía en que tendrá los votos necesarios para aprobar los proyectos en la Cámara de Diputados. Incluso esperan una votación más holgada que la de 2018, cuando la legalización del aborto se impuso 129-125. No obstante, en el oficialismo ya trabajan en “seguir ajustando los números”, según indicaron fuentes parlamentarias a la agencia Telam.

Tal como ocurrió hace dos años, la mayor resistencia está en el Senado. Al momento se contabilizan 33 votos seguros a favor, 36 en contra (uno de los cuales corresponde al senador José Alperovich, actualmente en uso de licencia) y tres indecisos.

En el Senado se presentan otros dos problemas: el presidente y el vice de la Comisión de Salud (Mario Fiad de la UCR y José Neder del Frente Cívico de Santiago del Estero) ya se expresaron en contra del aborto. Esa es la comisión que deberá dictaminar sobre los proyectos antes de la votación. El otro problema es que el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), es celeste y sostiene que “la Constitución es pro-vida”. El gobierno deberá ordenar no solo a la propia tropa, sino también a los indecisos.

Cuando los proyectos lleguen al recinto del Senado, en caso de igualdad, deberá desempatar la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien ya votó a favor de la legalización del aborto en 2018 cuando era senadora nacional.