El aborto es urgente, con y sin pandemia

Las complicaciones derivadas de los abortos clandestinos presionan aún más un sistema de salud ya estresado a causa de la pandemia. La legalización es más necesaria que nunca.

En abril el Instituto Guttmacher ya alertaba sobre los efectos “devastadores” que la pandemia de coronavirus podía, y puede, tener sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para millones de mujeres y personas gestantes.

Esta organización, que trabaja a nivel mundial con la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, calculaba una caída del 10% en el uso de anticonceptivos y 15 millones de embarazos no deseados.

Para evaluar estos impactos se tomaron como referencia otras crisis sanitarias, como el brote del Ébola, entre 2013 y 2016, en el África occidental. Según un análisis de los datos del Sistema de Información de Gestión Sanitaria de Sierra Leona, la disminución de la atención materna y neonatal debido a la interrupción de los servicios y al temor a buscar tratamiento durante el brote contribuyó a una cifra estimada de 3.600 muertes de personas gestantes, muertes neonatales y recién nacidos.

En este contexto, terminar con la criminalización del aborto y garantizar el acceso a la práctica de manera segura y gratuita, es más urgente que nunca.

Tal como alertaba el Instituto Guttmacher al comienzo de la pandemia, las restricciones impuestas por la crisis sanitaria han influido negativamente en los derechos sexuales y reproductivos. Muchos servicios de salud se han restringido a la atención al Covid, a pesar de que la práctica de los abortos que ya son legales es servicio esencial.

En nuestro país las internaciones por complicaciones causadas por abortos inseguros suman cerca de 50 mil al año, lo cual presiona aún más al sistema de salud. Legalizar el aborto voluntario descomprimiría la atención en los hospitales, ya estresada por el Covid 19.

Basta de criminalización

En Argentina, a días de que comience a tratarse un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, las cifras de la clandestinidad –siempre parciales y aproximadas– dan cuenta del drama al cual las mujeres y personas gestantes se enfrentan.

Un informe elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Universitario San Martín (CUSAM), analiza las consecuencias de la criminalización del aborto en nuestro país.

En el mismo dan cuenta de que, a pesar de que con el debate de 2018 se logró una cierta despenalización social de la práctica, los números de la criminalización son significativos: entre 2012 y la actualidad se registraron en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados, la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables, sin trabajo remunerado, un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. La mayoría de estas mujeres que fueron criminalizadas tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes.

El informe da cuenta de hasta qué punto llega la estigmatización y criminalización del aborto, que más del 75% de las mujeres que tuvieron eventos obstétricos (situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves) estuvieron detenidas.

La falta de perspectiva de género en los ámbitos de la salud y la Justicia sometieron a la mayoría de estas mujeres a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. “Muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura. Gran parte de ellas sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal. Muchas veces el pedido de auxilio de sus familiares para salvar la vida de esas mujeres fue utilizado como una denuncia por las autoridades para iniciar investigaciones penales. Se trata de procesos atravesados por prejuicios de clase y de género, en los que las autoridades no garantizaron un tratamiento justo o digno, sino que demostraron un singular ensañamiento”, se detalla en el informe de la Campaña, el CELS y CUSAM.

“La criminalización se inserta en un dispositivo de castigo más amplio que involucra a medios de comunicación, efectores de salud, policías de guardia en centros de salud y comisarías, personal judicial y agentes del servicio penitenciario. Muchas de estas mujeres están en los diarios porque sus nombres fueron ‘filtrados’ a la prensa como un castigo social suplementario, con coberturas estigmatizantes, que repercuten en su vida, en la de sus hijes, en sus familias y afectos”, explican.