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ANUARIO 2020 | Tras la media sanción en Diputados, es hora de que el Senado reconozca este derecho.
Fue una promesa de campaña de Alberto Fernández y uno de los anuncios más esperados en la apertura de sesiones del Congreso: el envío de un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para legalizar el aborto. Ese anuncio se hizo; y después, la pandemia.
Los planes del presidente y de Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica a cargo de la redacción de la normativa, se vieron trastocados ante la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Parecía no haber lugar en la agenda legislativa, política y mediática para otra cosa. Pero el movimiento de mujeres nunca dejó de decirlo y exigirlo: el aborto legal es urgente, y aún más en pandemia. Las razones son obvias: las complicaciones derivadas de los abortos clandestinos presionan aún más un sistema de salud ya estresado a causa de la pandemia. En abril el Instituto Guttmacher, organización que trabaja a nivel mundial con la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ya calculaba una caída del 10% en el uso de anticonceptivos y 15 millones de embarazos no deseados. El acceso a abortos seguros es más urgente que nunca.
Haciendo la historia: el aborto tuvo media sanción y va camino a ser ley
Los feminismos, que en 2018 y encolumnados tras la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inundaron las calles de todo el país a puro pañuelazo, mantuvieron el reclamo durante todo el año en las redes sociales, respetando las restricciones de circulación impuestas.
Pero con el año llegando a su fin y un pronóstico para nada alentador de que el proyecto pudiera ser tratado en 2021 por ser año de elecciones, la necesidad de conseguir su presentación y aprobación en este 2020 se hizo imperiosa.
Finalmente, el 17 de noviembre, el presidente anunció el envío del proyecto al Congreso con un video que publicó en sus redes sociales: “Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea Ley”.
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y la Democracia, el proyecto de ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzó a ser tratado y, luego de casi 18 horas de debate, obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputades de la Nación. A diferencia de 2018, la brecha entre votos verdes y celestes se amplió, y el debate dentro del recinto transcurrió con menos beligerancia. Casi ni se escucharon discursos comparando a las mujeres con perras ni se habló de cementerio de fetos. Un aprendizaje y un terreno ganado con la despenalización social del aborto que se logró a partir del debate de hace dos años; una discusión que Macri habilitó pero no apoyó y que hoy a más de un legislador celeste de Juntos por el Cambio le trae dolores de cabeza.
Santa Fe tuvo este año una mejor representación en comparación con 2018: esta vez los diputades que votaron a favor fueron mayoría, 11 contra 8. En el Frente de Todos hubo más votos positivos (seis sobre siete), en Juntos por el Cambio primó el voto celeste (seis sobre diez) y los dos diputados del Frente Progresista dividieron voluntades.
Esa misma tarde, luego de la media sanción, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, giró el proyecto a tres comisiones: la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud.
El Senado es otro terreno, muy diferente al de Diputados. Los consensos que se habían logrado al comienzo de las reuniones informativas en la Cámara Baja para evitar agresiones y frases descalificantes, no existen en la Cámara alta.
Las y los senadores celestes intentaron desde el primer momento dilatar el tratamiento del proyecto -proponiendo una centena de expositores- buscando que el debate no llegue al recinto durante este año. Pero la fecha ya parece puesta: martes 29 de diciembre.
Los poroteos del Senado se comunican, o se guardan, con recelo. Los números son muy finos y, a priori, hay una leve ventaja por el rechazo. Pero, tal como ocurrió en 2010 con la Ley de Matrimonio Igualitario cuando Cristina mandó de viaje a algunos legisladores propios que iban a votar en contra, el movimiento de mujeres espera que el gobierno despliegue sus estrategias y mejores jugadores para que esta vez, y finalmente, sea ley.
