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Un “empresario” arrepentido que prendió el ventilador. Dos fiscales destituidos y una acusación que salpica a un poderoso senador provincial. Las limitaciones de la Justicia para investigar al poder político. ¿Santa Fe está frente a su propio mani pulite o solo ante una interna partidaria?
La investigación judicial sobre las redes de juego clandestino que operan en Santa Fe y la protección institucional que las favorecen salpican por estos días a la política provincial y amenazan con convertirse en un escándalo de magnitud como no se veía desde los días del narcojefe policial Hugo Tognoli.
Dos fiscales destituidos y detenidos, un “empresario” arrepentido que prendió el ventilador y un senador provincial –el jefe del bloque del PJ Armando Traferri– sospechado de organizar una asociación ilícita para permitir, vía coimas, el desarrollo del juego ilegal en al menos cuatro localidades de la provincia: esos son los elementos centrales de una historia que todos los días suma nuevos capítulos y revelaciones.
Traferri quedó en el ojo de la tormenta cuando el ex fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad lo mencionó como responsable de la protección del juego clandestino. Ponce Asahad fue destituido de su cargo por la Legislatura y está procesado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y asociación ilícita. El propio Ponce Asahad admitió haber cobrado coimas, algo que pone en duda el valor de su testimonio.
Cuando se hicieron públicos los primeros episodios del culebrón, había motivos para pensar que la provincia de Santa Fe podía encarar su propio proceso de mani pulite, una cruzada contra la corrupción, en cabeza de la Justicia, pero alentada desde el propio gobierno. Con el paso de los días, el proceso parece diluirse en una mera interna partidaria.
Pero, para entender toda la historia, es necesario retroceder en el tiempo.
Ascenso y caída de dos fiscales
Hasta abril de 2017, Patricio Serjal ocupaba un cargo de fiscal de grado en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. En ese momento se produjo el primer recambio en las cúpulas del MPA desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal, en febrero de 2014. El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, fue designado como nuevo fiscal general de la provincial y Serjal ascendió en la escala para cubrir el cargo que dejó vacante Baclini.
Poco antes, en marzo de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó el pliego de Gustavo Ponce Asahad como fiscal del MPA en la Circunscripción Judicial Nº 2 (Rosario). Esa votación no fue unánime ya que algunos legisladores, como la entonces diputada provincial Griselda Tessio, objetaron la falta de antecedentes de Ponce Asahad. Lo mismo ocurriría dos años más tarde con la designación de Serjal como nuevo jefe de los fiscales de Rosario.
Con el paso del tiempo, las advertencias que habían hecho Tessio y otros legisladores empezaron a tener asidero.
A fines de 2019, Serjal quedó bajo investigación judicial por presunta “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia” luego de que trascendiera que compró dos autos marca Toyota, por un valor de tres millones de pesos, en una concesionaria que había sido beneficiada por un fallo que él mismo confirmó. Por esa causa, este año renunció a su cargo de fiscal de grado y a su función como cabeza del MPA en Rosario.
Poco después, a mediados de 2020, empezaron a salir a la luz los entretelones de otra causa que salpica a la política y al Poder Judicial: la investigación que llevan adelante los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre una red de juego clandestino que opera en Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela y que, de acuerdo a esa investigación, contaba con protección por parte de Serjal y Ponce Asahad.
Las revelaciones de la causa por juego ilegal determinaron la renuncia de Serjal –quien ya estaba siendo investigado por el affaire de la concesionaria– y la destitución de Ponce Asahad por parte de la Legislatura. Los dos están procesados y detenidos. Pero la cosa no termina ahí…
Las sospechas sobre Traferri
El viernes 4 de diciembre, en vísperas del feriado ultra-largo, Ponce Asahad amplió su declaración ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra y la jueza Eleonora Verón, quien tiene a su cargo la causa del juego ilegal. Ese día el ex funcionario judicial admitió haber cobrado coimas del “empresario” arrepentido Leonardo Peiti, supuesto cabecilla de una organización dedicada a la timba clandestina, pero también mencionó como parte de la red de protección a “otros estamentos del Estado” y dio algunos nombres propios: el senador Armando Traferri y el ex diputado provincial Darío Scataglini, ambos del PJ.
Según Ponce Asahad, la banda liderada por Peiti pagaba coimas en dólares, todos los meses, para poder operar garitos clandestinos en la provincia. Siempre según el testimonio del fiscal destituido, Traferri estaba al frente de esa red de protección, mientras que el papel de Scataglini se reduciría al de un mero intermediario. El ex funcionario judicial mencionó una llamada del propio Scataglini a la secretaria de Peiti “de parte del senador Traferri”.
Traferri se defendió en primera instancia a través de escritos enviados a la Fiscalía y luego mediante una conferencia de prensa realizada el lunes 14 en Rosario. Ese día el senador admitió haber estado en contacto con Peiti durante 2017 y explicó que el empresario estaba interesado en explotar el juego online en forma legal y que por eso había iniciado una serie de contactos con legisladores provinciales. Finalmente, tres años más tarde, el gobierno de Perotti otorgó la concesión de las apuestas online a favor de los tres casinos instalados en la provincia: Puerto Santa Fe SA, City Center de Rosario y Casino Melincué SA.
La segunda declaración de Ponce Asahad desató un escándalo político cuyas consecuencias son aún imprevisibles. Todo amplificado por la decisión de la jueza Verón de remitir copia de ese testimonio a la Corte Suprema de la provincia y a los presidentes de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz y del Senado Alejandra Rodenas.
La difusión del testimonio de Ponce Asahad en los pasillos de la política institucional y en los medios de comunicación le dio carácter público a una causa que está en pleno proceso y que involucra a empresarios, funcionarios judiciales, dirigentes políticos y un largo etcétera. A partir de ahí comenzó a recrudecer la disputa entre los poderes del Estado por las responsabilidades que le caben a cada uno en esta historia.
Apenas fue mencionado por Ponce Asahad como presunto organizador de la red de protección de la timba ilegal, el senador Traferri le apuntó directo al ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain. La relación entre Traferri y Sain es muy mala. Desde su asunción al frente de la cartera de Seguridad, Sain inició una cruzada contra los senadores en su conjunto a quienes acusa de ser “los jefes de la mafia” en sus territorios y de pretender “cogobernar” la provincia en un pacto con el Frente Progresista.
Según Traferri, la declaración de Ponce Asahad fue guionada por el propio Sain en el marco de esa disputa entre poderes que tendría por objeto esmerilar el poder de los senadores. El líder del bloque Juan Domingo Perón también acusó al ministro de Seguridad de estar detrás de los “carpetazos” contra legisladores, funcionarios y empresarios y que convirtió su ministerio en una agencia de inteligencia con fines políticos. Suave.
El capítulo del “desafuero”
La Constitución de Santa Fe no incluye el concepto de “fueros” sino el de “inmunidad”. Esa es la garantía que se les otorga a los legisladores para que puedan llevar adelante sus tareas con total libertad. La “inmunidad” es una atribución de cada cámara y no hay forma de que un senador o un diputado renuncie a ella para someterse a una imputación penal; es la propia cámara la que debe quitársela en una votación para la cual se requiere una mayoría especial de dos tercios.
Mientras el PJ ventila sus internas en los medios, los fiscales Edery y Schiappa Pietra le pidieron formalmente al Senado el “desafuero” de Traferri para imputarlo en el proceso en el que también están acusados los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad y el empresario Peiti, además de otras personas cuyas identidades no trascendieron. El viernes 18, tres días después de su ingreso formal, el Senado rechazaron en trámite exprés el desafuero contra Traferri. Solo se inclinaron a favor del pedido de los fiscales los cuatro senadores que responden a Perotti: Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufman.
El pedido de “desafuero” había sido girado por los senadores provinciales a dos comisiones: Asuntos Constitucionales y Peticiones y Juicio Político. En simultáneo, para no entorpecer el proceso, Traferri renunció a la segunda comisión. Los fiscales quieren imputar al representante del departamento de San Lorenzo y aseguran que tienen pruebas sólidas; en el Senado desconfían del modo en que se viene manejando la causa –sobre todo por la rapidez en que se ventilaron las declaraciones de los imputados–, pero además observan con cierto recelo el hecho de que, hasta el momento, la prueba más sólida contra Traferri sea el testimonio de un ex funcionario judicial destituido, detenido y coimero confeso.
Eso quedó en claro este jueves 17 cuando Edery y Schiappa Pietra se reunieron con los senadores provinciales en Santa Fe. Los fiscales expusieron las pruebas y pidieron que se tramite lo más rápido posible el desafuero de Traferri: “Tenemos armada la imputativa, estaremos esperando la decisión del Senado”. El senador de la UCR Lisandro Enrico, presidente de la Comisión de Juicio Político, fue muy cauto al momento de hablar sobre las evidencias: “Las pruebas no son suficientes para evaluar el desafuero. Esperábamos más”.
En esa reunión, a puertas cerradas, los fiscales rosarinos jugaron su última carta en busca del procesamiento de Traferri. “Mostramos que está acreditado que se reunieron Traferri y Peiti en varias ocasiones, pese a que es llamativo que Traferri no hizo ninguna alusión a que conocía a Peiti desde 2017”, declaró Schiappa Pietra. Y explicó de esta manera la acusación contra el senador de San Lorenzo: “Él y sus colaboradores le vendían influencia a Peiti desde 2017”.
A diferencia de los senadores radicales, los diputados socialistas que integran el interbloque del Frente Progresista no tienen dudas sobre las cuestiones de fondo. “Por la gravedad institucional de la causa, que ya tiene a dos fiscales detenidos, es imperioso que todos los representantes de los poderes del Estado se pongan a disposición de la Justicia sin condicionamientos ni privilegios”, señalaron a través de un comunicado que alude inequívocamente a Traferri.
Los senadores conducidos por el caudillo de San Lorenzo y los representantes de la UCR no admitieron el pedido de los fiscales, lo que deja a la vista las limitaciones que tiene la Justicia para construir un caso sólido –con pruebas que resulten incontrastables– en aquellas investigaciones que implican el poder económico y a la política.
¿Mani pulite o interna partidaria?
Desde que se hizo público el testimonio de Ponce Asahad que involucra a Traferri, el gobernador Omar Perotti se refirió una sola vez al tema: “Todos deben sentirse con la libertad de investigar a quien deban investigar. Es la única manera de que se acabe la impunidad. Que le toque a quien le toque. Ahora tal vez entiendan el sentido del discurso que expresé al asumir en diciembre del año pasado”, cuando hizo un fuerte descargo contra el Frente Progresista por el crecimiento del delito organizado en el período 2007-2019.
Las declaraciones de Perotti a la periodista María Herminia Grande, publicadas el lunes 7 de diciembre por Infobae, incluyen una lectura política del asunto: “Esto no es una interna del justicialismo, es corrupción versus decencia. Sé que para lograr seguridad hay que cortar los vínculos con el delito. Esto será una divisoria de aguas brava y dura, entre propios y extraños. No vine para que las cosas queden igual. Voy hasta el hueso”.
Perotti niega que este episodio sea para de la interna del PJ, pero lo cierto es que en los últimos días el bloque mayoritario del oficialismo en el Senado, integrado por 12 representantes, se dividió en cuatro partes. Seis senadores siguen dentro del sub-bloque Juan Domingo Perón liderado por Traferri, otros cuatro decidieron integrar el sub-bloque Lealtad bajo la conducción del perottista Alcides Calvo y los dos restantes (Eduardo Rosconi y Cristina Berra) resolvieron constituir sus propios espacios unipersonales.
Las disidencias al interior de ese espacio ya eran públicas desde la transición de 2019. Los senadores capitaneados por Traferri aprobaron el presupuesto 2020 elaborado por el gobierno de Lifschitz a pesar del expreso pedido de Perotti para que no lo hagan; luego mostraron cohesión durante el debate y la sanción de las emergencias, en el inicio de la pandemia; pero poco después volvieron a exhibir autonomía. La Casa Gris no consigue alinear a sus propios senadores y ese es un problema extra para el gobierno que tampoco controla la Cámara de Diputados donde el Frente Progresista tiene 28 de las 50 bancas.
El propio Traferri coordinó con la oposición, a fines de noviembre, la sanción exprés de dos leyes que fueron interpretadas como un intento de condicionar la gestión del ministro Sain: una de ellas establecía nuevas incompatibilidades para funcionarios del MPA y la otra ponía la lupa sobre los gastos reservados en materia de seguridad. Perotti vetó las dos leyes de un solo plumazo.
No obstante, ese episodio expuso con toda claridad el enfrentamiento entre Sain y Traferri. El ministro de Seguridad hizo las siguientes valoraciones en una reciente entrevista publicada por El Ciudadano: “Hay una vieja alianza de un viejo bloque de poder que ha gobernado la provincia de Santa Fe en la última década, en donde están el Frente Progresista y la derecha peronista como grandes socios. Y lo que están haciendo es enviarle un mensaje al gobernador Perotti para decirle que ellos van a cogobernar la provincia”.
Según Sain, el objetivo de ese pacto entre Lifschitz y los senadores peronistas expresa el “temor a que ciertas investigaciones que están llevando adelante algunos fiscales lleguen a buen puerto, porque tocan resortes de poder que, en el fondo, son los resortes de poder de ese bloque histórico y tradicional de la provincia de Santa Fe”. Entre esas investigaciones, el ministro mencionó la causa por juego clandestino “que ya se llevó puesto a un fiscal regional”, en referencia a Serjal.
El miércoles 16, Traferri redobló la apuesta contra el ministro de Seguridad. El senador de San Lorenzo hizo pública una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz, a la vicegobernadora y presidenta del Senado Alejandra Rodenas y a la Corte Suprema de Justicia en la cual define como “falsedades” y “supuestos mendaces” las imputaciones que hizo el ex fiscal Ponce Asahad en su declaración ante la jueza Verón y además hace responsable a Sain por “cualquier daño o acción violenta” contra él, contra su familia o contra “allegados personales o políticos directos”.
Hasta el momento, el capítulo político de la timba ilegal avanza más rápido que la propia causa judicial. Los senadores decidieron por amplia mayoría que Traferri siga en su banca hasta el final de su mandato. No será imputado en la causa del juego ilegal, pero es un hecho es que su poder adentro del PJ se empieza a desvanecer.
