El proyecto de Ley de Etiquetado, que garantiza el acceso a la información, tiene media sanción del Senado Nacional y será tratado en extraordinarias en la Cámara de Diputados.
Nuestra forma de comer es cada vez peor, con más ultraprocesados y menos comidas caseras sobre todo en niñas, niños y adolescentes. En los sectores más vulnerados, donde conviven pobreza y dificultad de acceso a los alimentos, hay exceso de peso y desnutrición oculta. Así lo indica la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019), que también afirma que menos del 15% de la población comprende la información nutricional de los envases. Frente a esa situación, el Senado dio media sanción a fines de octubre al proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocido como de Ley de Etiquetado. Tras haber sorteado estrategias dilatorias, la iniciativa pasó por plenario de comisiones y será tratada en la Cámara de Diputados en sesiones extraordinarias.
El proyecto propone para Argentina el modelo de advertencias nutricionales que utiliza octógonos negros con borde y letras de color blanco en mayúsculas, en un tamaño que no puede ser inferior al cinco por ciento de la superficie de la cara principal del envase, para señalar de manera clara aquellos productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos como azúcar, grasas saturadas o sodio. La obligación de etiquetar los alimentos alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización e importación, de alimentos y bebidas analcohólicas.
Pausa habló con Florencia Jacobi, nutricionista especializada en embarazo, lactancia y alimentación complementaria, quien afirma que el proyecto favorece a las y los consumidores, otorgándole claridad y autonomía a la hora de decidir qué y cuánto consumir. “Como país, somos líderes de consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo. El 13,6% de la población menor de 5 años y el 41,1% de la población de entre 5 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad, y el 60% de la población adulta tiene exceso de peso. La obesidad es muchas veces el inicio de otras enfermedades crónicas no transmisibles y no infecciosas que progresan lentamente durante largos periodos de tiempo, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, enfermedades renales y digestivas y tumores. Todas esas patologías son prevenibles y se busca poner el foco en los primeros mil días y en la niñez, porque las políticas públicas deben estar orientadas a prevenir y por sobre todas las cosas frenar esta epidemia”, define.
La profesional desarma algunos de los argumentos que atacan al proyecto. “Se cree, a raíz de lo que la industria pronuncia, que el sello de advertencia estará presente en todos los alimentos, incluidos arroz, fideos, legumbres, aceites, miel y que todos los paquetes que encontremos en las góndolas tendrán el octógono negro indicando la presencia excesiva de algún nutriente crítico. La realidad es que el sello se colocará en los ultraprocesados y sólo en aquellos donde esas concentraciones superen lo establecido. Alrededor del 10% de los productos llevarán el etiquetado frontal de advertencia. El resto de los paquetes son alimentos mínimamente procesados o ingredientes culinarios y por lo tanto no llevarán sello”, explica. Muchos de esos productos que sí llevarían sello están dirigidos a bebés. Jacobi resalta el peligro de ese azúcar oculta: “las papillas o cereales para preparar papillas, los yogures con los que el niño/a sería ‘alto, sano y fuerte’, tienen altas concentraciones de azúcares, y llevarían el sello negro. Como consumidores no nos imaginamos nunca la cantidad que tienen, y lo elegimos porque creemos que es lo mejor. Y si no recomendamos azúcar en bebés, ¿por qué recomendaríamos los productos que tienen azúcar o endulzantes?”.
El proyecto contempla además que los productos con sello no podrán ser vendidos en escuelas ni ser publicitados mediante premios, sorteos, personajes de ficción o personas famosas. Se evidenciaría la calidad nutricional de muchos de los alimentos que se destinan a donaciones o que se incluyen en campañas solidarias y otras estrategias de posicionamiento de las marcas, ahora reforzadas en la pandemia. Tal como señala Jacobi, “el marketing de los ultraprocesados está dirigido principalmente a los niños y niñas, quienes están expuestos a más de 60 publicidades semanales de diferentes productos de bajo valor nutricional: en los medios de comunicación, y dentro de los establecimientos educativos y recreativos. Donde hay un kiosco, hay un afiche de alguno de estos productos”.
Conflictos de interés
En el Senado, el proyecto recibió 64 votos a favor y solo tres en contra: de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR), Beatriz Mirkin (Frente de Todos) y Clara Vega (Interbloque Federal), quienes advirtieron que de convertirse en ley perjudicaría al sector azucarero que su provincia lidera. Apenas la ley obtuvo dictamen favorable en la Cámara Alta, el presidente de Diputados, Sergio Massa, viajó a Tucumán para calmar los ánimos. Luego, giró el proyecto a seis comisiones, pero el activismo a favor de la ley logró que se reduzcan las comisiones a la mitad. Finalmente se trató en cuatro: Legislación General; Salud; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria, solicitada por Juntos por el Cambio.
En plenario informativo de las comisiones los sectores vinculados a la industria alimenticia agitaron fantasmas como que si se aplica la Ley, Coca Cola va a vender menos, el kiosco de la escuela también y la región va a desbarrancarse. La armonía entre las legislaciones del Mercosur es otro de los argumentos esgrimidos para demorar el tratamiento y aprobación del proyecto; y Coca Cola una de las protagonistas del lobby empresario. El sector empresarial presiona para que se tomen otros modelos de sellado, siendo que el de los octógonos negros está comprobado como el más eficiente; y para modificar un tecnicismo del artículo n° 4, que fija el sistema de perfil de nutrientes (SPN). Es la herramienta para establecer los puntos de corte de los valores nutricionales. Se busca modificar el texto para que se tome el ejemplo de la ley chilena, basado cada 100g/ml de producto, que da lugar a que las industrias puedan librarse de los sellos con realizar sólo pequeñas modificaciones en las composiciones químicas de sus productos. En cambio, el proyecto propone tomar la base calórica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Es el sistema que se usa en México, donde la ley –que perfeccionó a la chilena- está vigente desde octubre y ya empujó a más de la mitad de las grandes empresas a trabajar en una reformulación profunda de sus productos.
Nutricionistas, periodistas, productores, el Colectivo por el derecho a la información y demás activistas reclamaron que se declaren los conflictos de interés y que no se enuncien como verdades argumentos contrarios a las leyes vigentes y a los últimos estudios en salud y alimentación. Soledad Barutti, periodista y autora de Malcomidos y Mala Leche, fue una de las más contundentes en ese sentido. Señaló las presiones ejercidas por nutricionistas como Sergio Britos, director del Centro de Estudios Sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) y profesor asociado de nutrición en la Universidad de Buenos Aires, quien trabaja frecuentemente para Danone. Britos comenzó la campaña #PorUnBuenEtiquetado, que señala al proyecto como excluyente por no mostrar los nutrientes buenos que los productos pueden tener, que no son más que vitaminas sintéticas agregadas. Uno de los que twitteó el hashtag fue Jorge Rial, quien tiene a la marca Danone como cliente en Minta Group. Además, el conductor de Intrusos está en pareja con la nutricionista Romina Peirano, embajadora de Activia, uno de los variados yogures azucarados en el catálogo de Danone.
Con esa lógica operan quienes se pronuncian en contra del proyecto, con argumentos tales como que “el azúcar es un producto natural y no merece ser demonizado”, en palabras de Elías de Peréz. En el cierre de su intervención en el plenario, Barutti afirmó que “este es un país repleto de productores y productoras de alimentos sanos, que seguramente van a mejorar su negocio y su economía cuando las personas dejen de comer cosas y vuelvan a comer comida, impulsando la cultura alimentaria como guía y comiendo, sin dudas, mucho más rico”.
Con la noticia reciente de que el proyecto será tratado en sesiones extraordinarias, habrá que redoblar esfuerzos para que el derecho a la información y a la salud primen por sobre el interés de la industria, la misma que quema los montes y nos vende verduras con agrotóxicos y juguitos cancerígenos.