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El brutal asesinato de la testigo de juicios de lesa humanidad, ocurrido en 2010 en Rafaela, diluyó la política de olvido montada por los sectores que se beneficiaron con la dictadura.
“El crimen de Silvia Suppo nos golpeó la puerta, la ciudad no pudo hacerse más la distraída”, señala Diana Berra, integrante del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, de Rafaela. Este lunes se cumplen 11 años del asesinato de Suppo, víctima y testigo en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar. Un crimen perpetrado a plena luz del día, en plena democracia, que sacudió a la población. “Se diluyó el ‘acá no pasó (no pasa) nada’ que sectores económicos, eclesiales y políticos cómplices de esta ciudad habían intentado grabar a fuego; se volvió insostenible.”
El asesinato de Suppo sigue impune. Hasta ahora, fueron condenados dos jóvenes por haberla matado a puñaladas en una supuesta situación de robo. El juicio se realizó en 2015 y fue cuestionado por la familia de Suppo y organizaciones de Derechos Humanos por haberse realizado antes de terminar la investigación. Desde ese momento y hasta hoy, exigen a los jueces federales de Santa Fe que trabajen para dar con los autores intelectuales. También, que investiguen las denuncias sobre ocultamiento de pruebas, encubrimiento y torturas de detenidos durante los días posteriores al asesinato, que pesan sobre policías, jueces y fiscales de primera instancia.
Como parte del reclamo de justicia, al cumplirse un nuevo aniversario del crimen de Suppo y a 45 años del último golpe cívico-militar, la Asamblea por los Derechos Humanos de Rafaela presentó “Memoria en Movimiento”, un mapa interactivo que muestra sitios emblemáticos vinculados a la militancia política y social de los 70 y a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad. Incluye videos en que jóvenes relatan las historias relacionadas con esos lugares.
“Unimos diferentes sitios de memoria que fueron construidos a lo largo del tiempo y por diferentes grupos. Buscamos hacer presente el pasado reciente, para interrogarlo y para invitar a las nuevas generaciones a mirarlo, reflexionar y hacer nuevas preguntas”, explican en un texto colectivo las organizaciones que integran la Asamblea por los Derechos Humanos de Rafaela. “Cada lugar nos permite conocer qué pasaba en la ciudad, qué clima de época había, qué hacían y quiénes eran las y los militantes, y en qué lugares participaban”.
El mapa –que también tiene una versión para imprimir– destaca, por ejemplo, el barrio Villa Podio, donde jóvenes militantes trabajaban en merenderos, en la construcción de casas o haciendo apoyo escolar. También la capilla San Francisco de Asís, que dependía de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, guiada por los curas tercermundistas Antonio Brasca y Raúl Troncoso. Brasca, que fue obispo de la ciudad, murió en 1976 y fue reemplazado por Jorge Casaretto, quien, como también indica el mapa, cambió el rumbo de la Iglesia Católica en Rafaela y la acercó a los sectores dominantes de la ciudad. Troncoso fue secuestrado y detenido luego del golpe de 1976 (fue liberado años después).
Otros sitios en el mapa son el entonces Cine Club, lugar de expresión y reflexión a través del arte, y la Escuela “Luisa Raimondi de Barreiro”, símbolo del movimiento estudiantil. Como lugares vinculados a los delitos de lesa humanidad están la Iglesia Sagrado Corazón, donde fue secuestrado Reinaldo Hattemer -hasta hoy desaparecido- y la Jefatura de Rafaela, que funcionó como un centro de detención. También aparecen la ubicación de murales que recuerdan a jóvenes víctimas de la dictadura.
En memoria de Suppo y sus compañeros
“Es necesario e importante rendir homenaje a aquellxs que pagaron con su vida por pensar distinto, por imaginar un mundo diferente, con educación popular, igualitaria y liberadora”, sostiene Andrés Destéfani, hijo de Silvia Suppo. “Y exigir justicia para que sigan adelante los juicios por la verdad. Porque nada se construye sin memoria y sin justicia”.
Por su parte, Marina Destéfani, hija de Silvia, destacó la importancia de mantener viva la memoria para las nuevas generaciones y para la comunidad en general. “Que las comunidades puedan conocer el pasado reciente, quienes lucharon por un mundo diferente, quiénes siguen luchando, y quiénes fueron y siguen siendo cómplices de las violaciones a los Derechos Humanos”, sostuvo. “La dictadura dejó marcas e instaló un modelo económico-político excluyente y represivo, que se cobra día a día nuevas víctimas. Para fortalecer la democracia es necesario recordar, con alegría y con compromiso”.
Con respecto a su madre, Marina destacó que el nombre de Silvia Suppo se asocia a “otra” Rafaela, representada por quienes denuncian y repudian la violencia institucional o las medidas que precarizan trabajadores. “Esa es su fuerza y su legado. Y eso se ha construido colectivamente y me llena de orgullo”, sostuvo.
Causa judicial
Silvia Suppo fue secuestrada en Rafaela en 1977, cuatro meses después del secuestro y desaparición de su entonces novio, Reinaldo Hattemert. La trasladaron a Santa Fe donde estuvo detenida en el centro clandestino “La Casita”. Sufrió torturas y violaciones. Tras ser liberada, no dejó nunca de buscar la verdad y reclamar justicia por Hattemert y sus compañeros. Hizo denuncias y declaró como testigo en causas por delitos de lesa humanidad, como la que concluyó con la condena del exjuez federal Víctor Brusa, en 2009; o la Megacausa Rafaela, por la que fueron condenados cuatro expolicías de Santa Fe, en 2018. Silvia no llegó a ver este juicio. La mataron antes.
Fue en la mañana del lunes 29 de marzo de 2010, en su local de venta de artículos de cuero, a cinco días de la conmemoración del Día de Memoria, la Verdad y la Justicia. El intendente en ese momento era Omar Perotti, actual gobernador de la provincia. Horas después del crimen, la Policía y el Poder Judicial de Rafaela intentaron presentarlo como un asesinato en ocasión de robo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2011 que se investigue la hipótesis de un crimen por encargo. Fue así que la causa pasó al fuero Federal, donde primero estuvo a cargo del juez Reinaldo Rodríguez, quien fue apartado, y ahora está en manos del juez Marcelo Bailaque.
En 2015, contra la voluntad de la familia de Suppo, el juez Rodríguez decidió enviar a juicio oral a los dos detenidos hasta el momento como autores materiales: Rodolfó Cóceres y Rodrigo Sosa, dos jóvenes que lavaban autos frente al local de Suppo. En ese juicio, ambos fueron condenados a perpetua. Pero continuó abierta la causa para dar con los autores intelectuales.
Además, en ese juicio, las querellas formadas por la familia de Suppo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, exigieron que se investiguen el accionar de la Policía y la Justicia de Rafaela tras el asesinato de Silvia. Denunciaron degradación de rastros y pruebas en la escena del crimen, irregularidades en los allanamientos, desaparición de un video de la terminal de ómnibus de Rafaela y presión sobre familiares de Cóceres y Sosa.
Los abogados de la familia, Lucila Puyol (actual Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia) y Guillermo Munné, pidieron en sus alegatos que se investigue lo hecho en ese momento por el juez rafaelino Alejandro Mognaschi y la entonces fiscal Cristina Fortunato. También, al entonces jefe de la Unidad Regional V de Policía, Juan José Mondino (luego nombrado coordinador de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela), al ex subjefe de la Unida Regional V, Leandro Alberto Amaya; al entonces jefe de orden público, Carlos Alberto Keller; al entonces jefe de brigada de investigaciones, Horacio Luis Maidana; y al ex jefe de la Comisaría Primera, Dante Marcelo Giménez.
