La fiscala Alejandra Del Río Ayala advierte sobre los conceptos estereotipados que cargan las víctimas del machismo.
Son cientos los casos que la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe recibe en un mes. Y si bien se pueden identificar patrones en relación con las víctimas, los agresores y los contextos sociales, no es menos cierto que cada persona es una realidad singular. Una realidad que evidencia derechos vulnerados como trabajo, educación, salud, vivienda, falta de autonomía: circunstancias que menudo favor le hacen a la violencia propia del machismo.
Siempre desde la escucha y la comprensión de esas dolorosas vivencias, Alejandra Del Río Ayala, jefa de esa Fiscalía, dio cuenta de su labor en el marco de las facultades que le otorga el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En una coyuntura atravesada por el reclamo de los activismos feministas hacia el Poder Judicial para que proceda con perspectiva de género, no son pocas las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta: la orden de restricción perimetral –en ocasiones no cumplidas, lo cual supone un delito–, la definición de las lesiones leves o lesiones graves para llevar adelante la causa contra el agresor; la fundamentación de que existió violencia de género en el delito; el respeto a la voluntad de la víctima, quien no siempre desea abandonar su hogar a pesar del peligro que pueda correr mientras el violento se encuentre libre; la formación con que debe contar el personal policial a la hora de recibir la denuncia y dictar la prisión preventiva, una acción no siempre posible, aunque necesaria para evitar un desenlace fatal.
Previo a esa instancia, la fiscala señaló que desde el MPA se diseñó un formulario base para que los y las agentes en las comisarías completen “con los datos sobre la persona denunciante, su entorno, su trabajo, su edad, su círculo familiar”, lo cual permite constituir un cuadro de la situación particular y poder, así, disponer de medidas de resguardo y acompañamiento.
Sobre la Ley Micaela, Del Río Ayala plantó postura: “La formación en género la deberíamos tener todos los profesionales, del mismo modo que en materia de derechos humanos. Existen legislaciones que contemplan la cuestión de género, que no solo debe comprender a los y las fiscales para trabajar fuera de los estereotipos, sino también a los defensores que pueden aducir que la víctima ‘está loca’ o ‘siempre dice lo mismo’”. Una de las cuestiones que la funcionaria del MPA identificó como clave es la estigmatización que se expresa en frases como “siempre viene a la comisaría a denunciar”, “ella se quiere quedar con la casa”. Ideas y conceptos que no hacen más que responsabilizar a la persona que pide ayuda.