Incertidumbre: a un año de las elecciones, los consejeros del IPAS todavía no pudieron asumir

Consejeros electos del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos reclaman la toma de posesión de sus cargos.

El gobernador Omar Perotti creó esta semana la Dirección de Pueblos Originarios, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social. Según el comunicado oficial, es una “decisión sin precedentes” que se concreta “luego de un cúmulo de acciones erráticas en los últimos 12 años en materia de políticas destinadas a los pueblos originarios de la provincia de Santa Fe”. El gobierno afirma que las funciones que tendrá esta secretaría serán implementar estrategias concretas de integración (de los pueblos originarios), mediante un trabajo transversal entre los ministerios y direcciones provinciales.

El Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS) fue creado por la ley provincial N° 11.078, en 1993, reglamentándose en 2005 y puesto en funcionamiento en 2009. A partir de diciembre de 2011 está conformado por cinco consejeros/as electos/as por la Asamblea de Comunidades Aborígenes, cada tres años. Su presidente es electo por el gobernador de la provincia.

Si bien las funciones del IPAS están expresamente establecidas en la ley provincial 11.078 que crea el instituto, se puede decir que prioritariamente tiene como objetivos participar en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de derechos indígenas en la provincia de Santa Fe, especialmente en el marco de los derechos colectivos indígenas. El IPAS debería ser el nexo articulador entre los diferentes ministerios de gobierno de la provincia, autoridades locales, organizaciones sociales, instituciones no gubernamentales y las comunidades indígenas de Santa Fe.

Sin embargo, el IPAS actualmente atraviesa una situación de incertidumbre. En octubre de 2019 se realizaron las elecciones correspondientes, para renovar los consejeros. A pesar de haberse desarrollado con normalidad los comicios, a casi dos años de las elecciones, las personas elegidas no han podido tomar posesión de sus cargos.

Historia reciente

En junio de 2019, la administración provincial de Miguel Lifschitz convocó las elecciones correspondientes para renovar los cinco consejeros del IPAS. El 24 de octubre de ese año se realizó dicha elección. Producto de esos comicios, fueron elegidos por las comunidades indígenas de toda la provincia (registradas en el RECA o en el RENACI, organismos provincial y nacional de registro de las comunidades originarias) como representantes: Gumersindo Ariel Navanquiri, Máximo Santos, Marta Yolanda Choque, Orlando Sánchez y Luis Romelio Pereyra. Hasta la fecha, y con cambio de autoridades provinciales entre medio, los y las consejeras electas no han podido tomar posesión de sus cargos.

Además, en octubre de 2019, una comunidad indígena de Rosario, no registrada en el RECA ni en el RENACI, presentó una acción de amparo, donde solicitaron la nulidad de la asamblea que constituyó la elección de los nuevos consejeros. Dicha medida cautelar fue rechazada por la justicia provincial. Cabe destacar que, a pesar de ser notificados, ningún representante del gobierno provincial, se presentó a comparecer en la causa judicial en la cual estaban siendo demandados.

Pausa entrevistó a Marta Humacata Choque, consejera electa, perteneciente a la comunidad coya Chaykussca, asentada en la ciudad de Rosario. Consultada sobre la situación que atraviesan los consejeros electos, respecto de la toma de posesión de sus cargos, afirmó: “En el 2019 se hace la elección en tiempo y forma, aplicando la Ley 11.078 (que regula el IPAS), como lo exigía la normativa y el gobierno provincial. En diciembre del 2019, por el cambio de gobierno, sucedió que, durante todo el mes de enero, no hubo administración porque se tenían que acomodar. En febrero tuvimos la primera reunión con el señor Gustavo Chara, Secretario de Integración Social e Inclusión Socioproductiva del Ministerio de Desarrollo Social. En esa reunión convinimos cómo iban a ser los ejes de trabajo, empezamos a diagnosticar y a pensar cómo íbamos a trabajar los cinco consejeros a nivel provincial. Después vino esta pandemia y se paró todo. Por lo cual todo este tiempo solamente nos habíamos comunicado vía Zoom y celular”.

—¿Cómo fueron las conversaciones con el actual gobierno provincial?

—Durante todo el 2020 estuvimos esperando que nos permitan asumir nuestros cargos y no era posible porque desde el gobierno siempre alegaban que nuestra situación se encontraba en el área legal y técnica, donde supuestamente lo tenía que ver el gobernador y Danilo Capitani (Ministro de Desarrollo Social). Y por la cuestión de la pandemia, no nos podíamos acercar en persona al Ministerio. Lo único que podíamos hacer es reclamar a través del teléfono. Siempre la respuesta que tuvimos fue que pronto se iba a solucionar nuestra situación. La realidad es que el gobierno actual nunca prestó atención a nuestros reclamos. Nadie se metió en la Fiscalía para averiguar cómo estaba la causa judicial, donde la provincia y el IPAS eran demandados. O sea, nunca tuvieron voluntad política de ponernos en funciones. Vaya a saber uno por qué, sí dieron lugar a ciertos reclamos de la comunidad que presentó la medida cautelar. Pero, hay que decir, el gobierno desconoce nuestras leyes, la de los pueblos originarios, y al desconocer nuestras leyes, mucha gente, muchos funcionarios, también no saben cómo manejarse. Pero si vos tenés a cargo un área que trabaja con pueblos originarios, tenés que saber que tenemos nuestras propias normas, garantizadas por la Constitución Nacional desde el año 1994.

Reunión con el Ministerio

El martes 2 de marzo, los cinco representantes electos en 2019 y María José Bournissent, abogada especialista en derecho indígena, se reunieron con Danilo Capitani, ministro de Desarrollo Social provincial. Sobre la reunión con el ministro, Bournissent le aseguró a Pausa: “La respuesta que tuvimos fue ambigua y la podríamos contestar mirando la foto al cabo de la reunión y en ese sentido te diría que fue positiva, el ministro se mostró proclive al diálogo y a trabajar para dar una solución al reclamo; aunque a la par se mostró en una actitud esquiva de asumir responsabilidades, endilgándole la culpa a negligencias del gobierno anterior, y luego a la pandemia. Además, manifestó desconocimiento del estado de la causa judicial por la cual se estaría obstaculizando la toma de posesión de los consejeros electos en la Asamblea Soberana de PPII (Pueblos Indígenas). Pero con el diario de hoy, y atento al avance de las decisiones políticas en el ámbito de la incumbencia del Ministerio de Desarrollo Social, pienso que hubo cuestiones fundamentales que no se dieron a conocer en la reunión y que debieran estar en pleno conocimiento de estos consejeros; me refiero específicamente a la flamante creación de la Dirección de Pueblos Originarios. Lo llamativo del caso es que evidencia las maniobras del gobierno para eliminar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas que habitan en la provincia de Santa Fe; suplantándola con nombramientos de funcionarios políticos, mediante un decreto”.

—¿Cuál sería el camino que debería tomar la provincia para llegar a buen puerto con esta situación? 

—El camino es el que manda la legalidad dada por el conjunto de normas que rigen en materia de derechos colectivos de los PPII y en particular la Ley 11.078 de Santa Fe y decretos reglamentarios y resolución 821/2019 que organiza la realización de la Asamblea Soberana de Pueblos indígenas el pasado 24 de octubre de 2019; es decir que los consejeros electos en dicha Asamblea sean puestos en posesión de sus cargos.

—¿Cómo valorás la situación respecto a la no asunción de los cargos de los representantes indígenas en el IPAS?

—Se puede leer en términos de cómo se lee la historia de los pueblos indígenas a partir de los procesos coloniales en América Latina. Es una continuidad histórica de vulneración de derechos, gobierno tras gobierno. Se están vulnerando los derechos colectivos de los pueblos originarios, derechos especiales que derivan de sus estructuras político-sociales, de su historia, sus culturas, de sus tradiciones y de sus concepciones de entender la vida, me refiero a su cosmovisión. Se está violando el modelo de gobernanza legítimo que estos pueblos han logrado a través de largas y profundas luchas, basado en el ejercicio del principio de libre determinación política de los pueblos, cuya primera derivación es el principio de participación. La ley 11.078, de la cual deriva el IPAS, es una conquista en la provincia de Santa Fe donde uno de los actores protagónicos fue la Ocastafe (la organización de las comunidades aborígenes de la provincia), y la gran fortaleza que tiene el instituto es que sus consejeros y presidente resultan de la elección directa de las comunidades a través de sus representantes; no son funcionarios electos por ningún gobierno de turno.

Interrogantes

La nueva dirección creada por el gobierno de la provincia tiene como principal diferencia con el IPAS que, en la primera, los funcionarios son cargos elegidos por el gobernador. Mientras que en el IPAS, los funcionarios son elegidos por las propias comunidades indígenas, ejerciendo la libre determinación mediante la asamblea y el voto. La creación del gobierno provincial supone varios interrogantes: ¿Se consultó a las diversas comunidades antes de tomar la decisión? ¿Cómo se eligió a la directora de esta área? ¿Esta nueva dirección, generada por un decreto, asumirá las funciones que el IPAS, creado por ley, debe cumplir? ¿Ambos organismos funcionarán de manera conjunta o tendrán roles paralelos? ¿Qué pasará con los consejeros electos del IPAS, que aún no pudieron tomar posesión de sus cargos, a pesar de que fueron elegidos por el voto de sus hermanos de toda la provincial en 2019?