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Sain llegó al gobierno como especialista, abrió demasiados frentes de batalla y se terminó yendo por la puerta de atrás sin concretar las reformas que propuso. La falta de resultados demuestra que la promesa de “paz y orden” es efectiva para ganar una elección, pero casi imposible de cumplir en el corto plazo. Los desafíos que enfrentará Jorge Lagna al frente del área más sensible.
Tras 15 meses de gestión, Marcelo Sain dejó el Ministerio de Seguridad de la provincia empujado por el escándalo institucional que derivó de la difusión de un viejo audio de Whatsapp en el cual se refiere de manera despectiva a la Policía provincial, con epítetos como “negros pueblerinos” que cayeron muy mal dentro y fuera del mundillo político. La cadena de errores no forzados por parte de Sain unió a la oposición, activó un proceso de juicio político en la Legislatura y dejó al gobernador Omar Perotti contra las cuerdas. Desde la Casa Gris no explicaron los motivos de la salida del ministro –que será reemplazado por Jorge Lagna– y ese silencio amplifica las dudas.
Por estas horas persiste el enigma: ¿Sain se fue solo o lo echó Perotti? A la luz de los hechos, por lo poco que se pudo conocer, se trata de una salida acordada –los funcionarios designados por Sain seguirán en el Ministerio–, una renuncia a pedido del gobernador, quien no estaba dispuesto a seguir pagando el costo político que suponía mantener al ex ministro en su cargo en el inicio del proceso electoral que decantará en las primarias del 8 de agosto y culminará en las generales del 24 de octubre.
Si se fue solo o lo echó Perotti, es un interrogante que irá perdiendo importancia con el paso de los días. El gobernador lo sostuvo en su cargo todo lo que pudo, pero el perfil disruptivo del ex ministro, sus enfrentamientos al seno del gobierno y del propio PJ, sus audios out of context y –principalmente– la falta de resultados concretos en materia de seguridad, sellaron la suerte de Sain.
El cambio en los nombres propios puede significar también un cambio de rumbo en materia de políticas públicas sobre seguridad. Desde la Casa Gris indicaron que “Jorge Lagna continuará trabajando bajo los principios establecidos por el mandatario provincial”, pero la elección del ex diputado como nuevo ministro –caracterizado como un “duro”, en contraste de cualquier tipo de perfil garantista– representa un nuevo retroceso en materia de seguridad democrática. Le pasó al socialismo cuando debió eyectar a Leandro Corti para tratar de apaciguar a la Policía y le pasa ahora a Perotti con el verborrágico Sain, que llegó al gabinete como un especialista y se terminó yendo por la puerta de atrás.
Lo que viene de acá en más es una incógnita. Pocas horas antes de asumir, Lagna se encargó de aclarar que “no hay soluciones mágicas” ante el avance del delito, aunque se comprometió a escuchar a los vecinos y trabajar junto a las organizaciones sociales y barriales: “Hay que escucharlos, no hay que enojarse. Sus planteos son legítimos”. Un cambio de estilo respecto a su antecesor, poco habituado al diálogo en el territorio y siempre dispuesto a denunciar “operaciones” ante cada reclamo puntual.
La paz, el orden y los homicidios
Perotti prometió “paz y orden” mucho antes de proponerle el Ministerio de Seguridad a Sain. Acosado por la oposición y presionado por la ciudadanía que exige el cumplimiento de aquella ambiciosa promesa, el gobernador decidió darle salida a Sain para tratar de descomprimir el frente interno –en particular la relación con los senadores del oficialismo, que detentan el verdadero poder territorial– y oxigenar una gestión que hasta ahora no termina de acomodarse.
Los homicidios no son el único indicador sobre el delito violento, pero es imposible eludir esa estadística al momento de analizar los avances o los retrocesos de una gestión. En 2020, según datos oficiales, hubo 373 asesinatos en la provincia de Santa Fe. Ese fue el año completo durante el cual Sain estuvo al mando del área de seguridad. Su antecesor Maximiliano Pullaro tuvo resultados análogos: en 2016 se registraron 382 homicidios, en 2017 la cifra bajó a 304, en 2018 trepó a 357 y en 2019 fueron 337.
Los resultados de Sain no fueron mejores ni peores que los de Pullaro. En ambos casos se observan avances respecto de la gestión de Raúl Lamberto (2012-2015), que tuvo tres años con una tasa de homicidios superior a los 400 casos anuales (el pico fue en 2014 con 461 casos).
Está claro que Sain no logró reducir el delito violento, que acecha en las grandes ciudades y empieza a ser un problema también en localidades que hasta hace muy poco podían considerarse ajenas a ese problema. Pero, ¿qué hizo en sus 15 meses al frente del Ministerio de Seguridad?
En primer lugar, blanqueó la estadística criminal a través de un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y puso en marcha un Observatorio de Seguridad Pública que tiene a su cargo las cifras oficiales sobre homicidios, delitos violentos, circulación de las armas de fuego y heridos por armas de fuego. Ese organismo también llevó adelante el Censo Policial, indispensable para generar políticas de bienestar al interior de las fuerzas de seguridad.
En segundo lugar, intentó una ambiciosa reforma sobre las leyes de seguridad que –hasta ahora– ni siquiera fue analizada por la Legislatura. Al presentar esos proyectos, Sain los justificó en base a tres hechos históricos: la organización institucional de la fuerza policial data de la década del 50, la sanción de la ley orgánica vigente fue en 1975 y la última reforma integral fue aprobada en 2006. Según el ex ministro, es imposible enfrentar la complejidad creciente del delito con herramientas tan desactualizadas.
No obstante, lo que quedará como recuerdo del paso de Sain por el Ministerio de Seguridad son sus enfrentamientos políticos amplificados por la viralización de sus audios, un error que nunca debió permitirse un funcionario de su calibre. En apenas 15 meses, Sain desafió a la Justicia, a la oposición, a los senadores del PJ y al poder económico, el factor oculto detrás del crecimiento de las organizaciones criminales que el ex ministro expuso en público, aunque no llegó a desarticular. Demasiados frentes de batalla al mismo tiempo.
Esa sensación que no se va
La promesa de “paz y orden” que llevó a Perotti al gobierno se condijo con la centralidad de Sain; no así los magros resultados logrados en materia de seguridad pública, con cifras altas de delitos violentos y de homicidios en los grandes centros urbanos, en medio de una agobiante sensación de inseguridad que las bravatas de Sain, lejos de apaciguar, amplificaron.
Las balaceras, los ataques sicarios, los asesinatos, las entraderas y los robos piraña siguen siendo moneda corriente en las calles de las principales ciudades santafesinas. El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia en el tiempo agota con facilidad la poca paciencia de las vecinas y los vecinos, que viven el día a día inmersos en un estado de angustia permanente.
El último informe disponible del Observatorio de Seguridad Pública da cuenta de que, en los primeros dos meses de 2021, se registraron en la provincia de Santa Fe 66 homicidios: una cifra que resulta superior a la contabilizada en 2017 y 2019, pero más baja que las registradas el resto de los años previos. Los períodos más críticos –señala el informe– fueron 2014 con 90 homicidios y 2020 –el primer año de Sain– con 86 homicidios registrados entre enero y febrero de cada año.
A diferencia de la fría estadística oficial, donde los cadáveres son números y el sufrimiento de las personas no encuentra manera de ser cuantificado, el humor social tiene otra dinámica. En los barrios de Rosario y de Santa Fe nadie va a poder convencer a los vecinos de que se están haciendo bien las cosas en materia de seguridad. Sain trató de suavizar esa sensación de hartazgo a través de las cifras oficiales. Es cierto que el primer bimestre de 2021 cerró con “mejores” números que el mismo período de 2020; el problema es que el punto de partida no podía ser peor: el año pasado, la provincia de Santa Fe duplicó la tasa de homicidios nivel nacional y tuvo más muertos por asesinatos que por accidentes viales.
El intento de la oposición de avanzar hacia un proceso de juicio político quedará reducido, en poco tiempo, a una mera anécdota. La mirada ahora se posará sobre la gestión de Lagna, las innovaciones que pueda presentar –o su contracara: el retroceso a fases anteriores– y, principalmente, sobre los resultados concretos que pueda conseguir el nuevo ministro.
En un año electoral, Perotti cedió al clamor de la tribuna y sacó de la cancha al ministro que le generó más cortocircuitos adentro y afuera del gobierno. Ahora, despejada esa variable, es tiempo de que funcionarios, legisladores, jueces y fiscales se pongan los pantalones largos para enfrentar el problema de la inseguridad a través de acuerdos amplios que favorezcan la puesta en marcha de un programa integral: nada más y nada menos que una política de Estado.
