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Marcelo Sain dejó el Ministerio de Seguridad y su continuidad en el Ministerio Público de la Acusación aún no está resuelta. Mientras tanto, la oposición avanza con el juicio político en la Legislatura provincial.
La renuncia del ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, descomprimió conflictos al interior del gobierno, pero agravó la –de por sí ya muy mala– relación entre los poderes públicos y entre el oficialismo y la oposición.
En torno a Sain hay dos conflictos que se superponen: el juicio político que avanza en la Legislatura y la resistencia que generó, entre los fiscales del sistema penal y en los partidos políticos de la oposición, el regreso del ex ministro a su cargo anterior de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ganó por concurso en 2018 y al que renunció en diciembre de 2019 para asumir en el gabinete del gobernador Omar Perotti.
Los audios de Sain y los pobres resultados de su gestión en materia de seguridad unieron, al menos de manera temporal, a los partidos del Frente Progresista y de Cambiemos. Esos sectores son los que impulsan el proceso de juicio político que, según el gobierno, no tiene sentido porque Sain ya no es más funcionario del Poder Ejecutivo. En la Casa Gris sospechan que la oposición hará durar la novela todo lo posible para tratar de sacar rédito electoral.
La cuestión, tal como se discute en los corrillos de la política, parece un problema de palacio, algo ajeno a la ciudadanía de a pie. Nada más lejos de la realidad: es una disputa de poder y abarca los resortes más sensibles de la administración de justicia y del servicio de seguridad.
En el MPA no lo quieren
El MPA es la institución del Poder Judicial que se ocupa de los delitos penales. Pertenece al Poder Judicial, pero es un órgano autónomo, como establece la reforma procesal penal iniciada en 2007 y puesta en marcha en forma integral en 2014. Del mismo modo que el Servicio Provincial de la Defensa Penal, el MPA no depende de la Corte Suprema: tienen la misma jerarquía.
El Organismo de Investigaciones es el área especializada que asiste a los fiscales del sistema penal y tiene a su cargo la persecución de las grandes organizaciones delictivas. Se creó por ley una vez puesta en marcha la reforma y, entre otros requisitos, en ese momento la Legislatura estableció que su director debía ser designado por concurso.
En junio de 2018, Sain ganó el concurso para la dirección del Organismo de Investigaciones. Tres meses después, en septiembre, la Corte Suprema aprobó su pliego, pero no hubo unanimidad: cuatro magistrados votaron a favor (Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Roberto Falistocco) y dos en contra (Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler). En diciembre de ese año Sain asumió el cargo; entonces, ni él ni nadie podía anticipar lo que ocurriría después.
Durante 15 meses, Sain condujo el Ministerio de Seguridad y se enredó en conflictos que rápidamente lo degastaron: enfrentó a los senadores, a los jefes policiales, a la propia Corte Suprema y mantuvo una relación muy tirante con la cúpula del MPA. Empujado por la resistencia que generó quien iba a ser su ministro estrella, el gobernador Perotti lo hizo renunciar el 18 de marzo.
El 22 de marzo Sain volvió al MPA para reintegrarse al cargo de director del Organismo de Investigaciones. Esa semana, la oposición activó una movida para que eso no ocurra; incluso hubo un pedido formal, dirigido al fiscal general Jorge Baclini, en el cual 27 diputados le reclamaron que lo destituya del cargo por supuestas incompatibilidades. La Auditoría General del MPA se declaró incompetente para resolver la cuestión y el 31 de marzo Baclini aceptó el regreso de Sain. Entonces, comenzó la rebelión de los fiscales.
El 5 de abril la Junta de Fiscales de la provincia se reunió en Rosario para considerar el recurso de apelación presentado por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, contra el decreto de la Auditoría General por el cual se habilitó la vuelta de Sain a su cargo anterior. Por unanimidad, los fiscales decidieron apelar la resolución de la auditora María Cecilia Vranicich y señalaron que “es el fiscal general (Baclini), como superior jerárquico del MPA, el órgano competente” para resolver la cuestión.
Días antes, el fiscal Arietti se había presentado ante la Auditoría General del MPA para denunciar una serie de irregularidades que tendrían como protagonista a Sain. Por un lado, lo responsabiliza por “los tratos crueles” en comisarías; además, por no garantizar “el principio de igualdad” en una licitación para la compra de armas; también por las “prácticas agraviantes sistemáticas” en el MPA y por incurrir en una “incompatibilidad” manifiesta como titular del Organismo de Investigaciones luego de haber ejercido como ministro de Seguridad.
El panorama oscureció más el 6 de abril, cuando el jefe de los fiscales de Rafaela, Diego Vigo, firmó una resolución por la cual les ordenó a sus subordinados que no trabajen más con el Organismo de Investigaciones mientras Sain siga a su cargo.
Ante la escalada del conflicto, el gobierno provincial laudó a favor de Sain. El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, le pidió a Baclini que deje sin efecto la resolución firmada por el fiscal regional de Rafaela con el argumento de que el MPA “debe velar por la convivencia de un Estado de derecho que privilegie la vigencia del principio de legalidad por sobre el de oportunidad”.
Una semana después, el 13 de abril y por pedido expreso de Baclini, el jefe de los fiscales de Rafaela dio marcha atrás con su decisión y dejó sin efecto la resolución de la polémica. Un problema institucional para la Justicia provincial.
El proceso político
La novela en torno al regreso del ex ministro al MPA estuvo atravesada por una disputa política en torno a las llamadas “leyes anti-Sain”, sancionadas a fines de 2020 por un acuerdo entre el Frente Progresista y los senadores peronistas que responden a Armando Traferri.
Una de esas normas, ahora de nuevo en disputa, establece incompatibilidades para que los funcionarios que hayan tenido cargos en el Poder Ejecutivo no puedan volver a cumplir funciones en la Justicia. Esas normativas no están aun vigentes porque el gobernador las vetó en diciembre de 2020. Pero luego no envió los vetos para que las cámaras legislativas los ratifiquen. Por ese motivo, a partir del 1º de mayo, con la reanudación de las sesiones ordinarias, la Legislatura estará en condiciones de refrendar ambas leyes y, si eso ocurre, el gobernador ya no podrá volver a objetarlas.
A partir de esas “incompatibilidades”, un grupo de 27 diputados del Frente Progresista, Cambiemos y los bloques celestes presentaron un escrito ante el MPA para pedir que Sain no vuelva a ocupar su cargo en el Organismo de Investigaciones. Entre otros puntos, argumentaron que eso generaría una situación de incompatibilidad ya que el propio ex ministro deberá investigar al gobierno del que fue parte y a otros integrantes del Poder Ejecutivo.
Desde la renuncia de Sain, el gobierno provincial minimizó el proceso en torno al ex ministro. Según Perotti, el juicio político no tiene sentido. Lo dijo a fines de marzo: “Me parece que es parte de algunos (en referencia a la oposición) esto de mantener el eje en un lugar, cuando lo importante pasa por lo que estamos haciendo hoy en Rosario y en el resto de la provincia”.
Cuando se viralizó el audio de los “negros pueblerinos”, la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann, espada de Elisa Carrió en Santa Fe, ingresó una denuncia contra Sain en la Legislatura provincial. La renuncia del ex ministro no desactivó ese proceso; por el contrario: el 18 de marzo –el mismo día en que se fue del gobierno– la Cámara de Diputados dio ingreso formal a la denuncia y la giró a la Comisión de Juicio Político. Que Sain a esa altura ya no fuera ministro resultó un detalle menor, anecdótico.
El 7 de abril los diputados de la oposición acordaron citar a Lucila Lehmann, para que amplíe su denuncia contra Sain, y a la auditora general del MPA, Vranicich, para que explique por qué se declaró “incompetente” ante las presentaciones realizadas contra el ex funcionario. Para los diputados del oficialismo, que son minoría y no tienen los votos suficientes para frenar el proceso, el juicio político contra el ex ministro debe cerrarse ya que su renuncia “extingue la acción impulsada por la oposición”.
“Lawfare santafesino”
Según la diputada Matilde Bruera, hay una “persecución” contra el ex ministro de Seguridad, un “lawfare santafesino”. En una entrevista con Rosario/12 sostuvo: “Es una persecución contra alguien que empezó a desenredar la la vinculación del crimen organizado con sectores judiciales y políticos (…) Lo que no quieren es que Sain investigue, lo que les preocupa no son los audios privados sino las investigaciones públicas que está haciendo”.
El 11 de abril Hernán Lascano publicó en La Capital una nota titulada “Poder real y buenos modales” en la que ayuda a pensar el verdadero problema detrás del affaire Sain: “Hay un afianzado modo de ser que a la rosca política le viene bárbaro. Consiste en que las discusiones entre poderes que impactarán fuertemente en la sociedad civil sean poco descifrables para ella (...) Lo que está en debate es de lo que se trata la política que es, ni más ni menos, la lucha por el poder. En este caso la lucha por el poder se juega en Santa Fe acaso menos en las elecciones generales que en momentos atávicos donde el poder, la verdad de su estatuto, aparece descarnadamente en escena (…) Como dice el analista Martín Rodríguez, el poder parece concentrarse en una redistribución inversa: se le da más al que más tiene. Una cantidad de pactos de cúpulas no se descifran, pero se reflejan en los hechos. Los factores de poder real pueden traquetear un poco, pero en Santa Fe nada se mueve de su lugar (...)”.
Sain dejó el Ministerio de Seguridad y su continuidad en el MPA es incierta. Por un breve lapso acumuló mucho poder, inquietó a los sectores reacios a las reformas y terminó perdiendo. Mientras tanto, la violencia no cede y nadie puede afirmar que la seguridad haya mejorado por un cambio de nombres propios.
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