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La federación que representa a los municipales de la provincia expresó su apoyo al pedido de juicio político que presentan destacados juristas contra la Corte Suprema, en razón de su fallo sobre la presencialidad escolar en el marco de la segunda ola de Covid 19.
A través de un comunicado, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe explicitó su adhesión al ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien junto a Lucila Larrandart y Raúl Eduardo Barcesat, entre otros juristas, presentan este miércoles ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales en el marco de la pandemia.
El pedido de juicio político será presentado este miércoles ante la Cámara de Diputados y apuntará al presunto mal desempeño de las funciones y los posibles delitos de “homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato”, en virtud del demorado fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires y su obstinación por mantener las aulas con clases presenciales, sin mirar el ascenso de la curva de contagios y muertes. Desde Festram avalaron la presentación contra Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (Elena Highton de Nolasco se abstuvo en el fallo cuestionado). "Es claro que la decisiones de la Corte no tienen nada que ver con la justicia real, y sus resoluciones son contradictorias e intentan condicionar a la política y fundamentalmente los derechos laborales y sociales; en un escenario ahora aún más complicado con la Salud y donde está en juego la vida de las personas", dice el comunicado.
El secretario general de Festram, Claudio Leoni, ha señalando en reiteradas ocasiones las actitudes de la Corte en situaciones como el 2 x 1, las escuchas ilegales, el aval a las detenciones por presunción, el encarcelamiento de la legisladora ante el Parlasur, Milagro Sala, "sin olvidar el nombramiento por decreto de dos de sus integrantes y por sobre todo el ser parte o funcional de una estrategia de lawfare –persecución judicial–, hecho éste que se vive en varios países de América Latina pero donde la realidad brasileña lo ha expuesto con toda su perversidad".
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