![](https://www.pausa.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/SF-Provincia_Bnnr-Mamografia_728x90.gif")
El descontento con Iván Duque viene desde 2019, pero la protesta social había menguado por la pandemia. Una chispa desató una revuelta nunca vista y una feroz represión. Desde Colombia, el análisis de la situación y de las movilizaciones por venir.
Por Helena Ramírez Jiménez
Durante las últimas semanas, millones de colombianos han salido a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. La respuesta del mandatario ha consistido en medidas represivas que, sumadas al creciente descontento de la población, han desembocado en un estallido social sin precedentes en la historia de Colombia.
Para entender el porqué de la protesta social en Colombia y del profundo malestar de los ciudadanos, vale la pena aclarar que la inconformidad social trasciende más allá de la tan mencionada reforma tributaria de 2021 y que, esta última, sólo fue el detonante de un acumulado de reclamos que la sociedad le ha venido haciendo al Estado y que no han sido escuchados.
Las protestas contra el gobierno actual iniciaron en noviembre de 2019. En aquel momento, se presentaron multitudinarias movilizaciones en contra de las reformas laboral, educativa y pensional, y en reclamo por el incumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. Se conformó el Comité Nacional de Paro para la negociación con el gobierno y se presentó un pliego de peticiones con 104 puntos, de los cuales el gobierno se ha negado a dar respuesta.
Con la llegada de la pandemia en 2020, las manifestaciones se vieron mermadas, casi hasta el punto de extinguirse. Las condiciones de desigualdad y pobreza se fueron incrementando y, con esto, la lista de reclamos sociales y económicos fue aumentando. La desigualdad social, la corrupción, el asesinato sistemático de líderes sociales, la desaparición forzada de civiles, las víctimas del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, son solo algunos de los motivos que se fueron sumando al descontento social.
Para 2020, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza en Colombia alcanzó el 42,5% y, el 15,1% de la población se situó por debajo de ese umbral, es decir, en situación de pobreza extrema.
Es bajo este contexto que el presidente Iván Duque propuso un proyecto de reforma tributaria. En éste, planteaba una forma de recaudo para paliar el déficit fiscal del gobierno e implicaba la aplicación del IVA del 19% a productos de la canasta familiar y a medicamentos, recortes de inversión en salud y educación, incremento del 14% a los planes de medicina prepagada y complementarios, y otras medidas con las cuales la carga tributaria recaería principalmente sobre los trabajadores de las clases media y baja.
Frente a esta propuesta de reforma tributaria, sindicatos y agremiaciones de todo el país convocaron a un paro nacional el 28 de abril de 2021. A las movilizaciones se sumaron otros colectivos sociales: estudiantes, profesores, grupos indígenas, grupos de mujeres, madres, sectores independientes, artistas, trabajadores no agremiados, comerciantes, desempleados, jóvenes y adultos mayores quienes reclaman un presente y un futuro digno en el país.
Como consecuencia de la presión ejercida por las protestas, el mandatario colombiano solicitó el retiro del proyecto y el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo. Pese a esto, las protestas no cesaron. Así, lo que empezó como una manifestación contra la reforma tributaria, sacó a relucir ese acumulado de deudas que el Estado colombiano tenía y sigue teniendo con la sociedad.
Manifestaciones, represión y resistencia
Las manifestaciones se han caracterizado por ser multitudinarias y pacíficas. Despliegues artísticos y culturales han hecho de las movilizaciones espacios carnavalescos acompasados por diversos ritmos musicales, bailes, teatro, grafitis, malabares y acrobacias.
No obstante, el presidente Iván Duque, y el Uribismo en general, ha considerado que los manifestantes no son ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, sino que los ha calificado como “vándalos” o “enemigos del Estado”, y con ello, ha habilitado a las fuerzas estatales para arremeter contra la ciudadanía. Bajo esta lógica, cualquier manifestante puede ser considerado como objetivo militar, en palabras de un joven marchante: “pensar diferente, es poner en peligro la vida”.
La magnitud desproporcionada de la respuesta policial es, quizás, el accionar más brutal y escandaloso de la historia colombiana. A través de las redes sociales se ha transmitido en vivo una verdadera masacre contra la población. Grupos de “civiles” armados y presuntos paramilitares, afines con el gobierno actual, se han sumado a la ejecución de estos crímenes operando bajo la misma lógica del Estado.
En el marco de las protestas la Campaña Defender la Libertad registró, entre el 28 de abril y el 20 de mayo: 52 homicidios, 31 presuntamente por el accionar de la fuerza pública y “civiles” sin identificar, 715 personas heridas por la fuerza policial, de las cuales hay 41 víctimas de lesiones oculares por el actuar desmedido del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y 67 personas heridas por armas de fuego. Temblores ONG documentó al 21 de mayo, al menos 2905 casos de violencia policial (que no incluyen desapariciones), y la Defensoría del Pueblo recibió 106 denuncias sobre violencia basada en género, de las cuales 23 corresponden a hechos de violencia sexual.
Los entes oficiales no han revelado una cifra actualizada de desaparecidos, pero distintas ONG aseguran haber recibido centenares de denuncias.
A pesar de este panorama, desafiando a la represión y la pandemia, el reclamo colectivo ha logrado resistir en las calles. Se ha fortalecido la unidad popular y ha aflorado la solidaridad, la empatía, el reconocimiento del otro como aquel con quien se comparte la indignación, el dolor, la rabia. Los jóvenes, principales protagonistas de las manifestaciones, reclaman cambios estructurales, y aseguran que no están dispuestos a dar ni un paso atrás hasta conseguirlos.
Uno de los elementos que ha sido clave para la resistencia social, es la llamada Primera Línea de defensa de la vida. Consiste en un grupo de ciudadanos quienes, portando cascos, guantes, máscaras antigases, gafas, escudos y medicinas, se han organizado desde 2019 en defensa de la población ante las violentas agresiones perpetradas por la fuerza pública. Así pues, los jóvenes de la Primera Línea son quienes “le ponen el pecho a las balas”, protegiendo la vida de los manifestantes. Los integrantes de la Primera Línea se han convertido en héroes para los marchantes.
El Paro Nacional es apoyado por el 75% de la población y cada vez se están sumando más sectores de la sociedad civil. Sin embargo, las organizaciones que conforman el Comité Nacional de Paro, con quienes el presidente ha abierto el diálogo, sólo representan al 10% de los manifestantes.
Los colectivos y jóvenes manifestantes que no se sienten representados por ese comité, y que además tienen otras exigencias distintas, se han congregado en asambleas barriales, comunitarias y populares, y en otros diferentes espacios. Así pues, el reclamo colectivo le exige al gobierno que incluya en los diálogos a la población que ha salido a las calles a marchar y que no hacen parte de ninguna de las organizaciones convocantes.
Ante este panorama, no se vislumbra un cese próximo de las protestas. Esta semana habrá movilizaciones de carácter nacional los días 26 y 28 de mayo. Además, las asambleas y organizaciones populares locales tienen sus propias agendas dinamizadoras durante toda la semana.
