Ofensiva del agronegocio en Rafaela

Ante un proyecto de ordenanza para ampliar los límites de aplicación de las fumigaciones, la Sociedad Rural inició una campaña a favor de los agrotóxicos. ¿Se puede producir alimentos sin esas sustancias?

Con una serie de actividades y notas en medios de comunicación, la Sociedad Rural de Rafaela lleva a cabo una campaña para deslegitimar un proyecto de ordenanza que busca alejar 1000 metros las fumigaciones agrícolas del perímetro urbano. Entre los principales argumentos, sostienen que no hay evidencia científica de que los agroquímicos afecten la salud, que aplicados de manera correcta no vuelan más de 40 metros y que las tierras del periurbano quedarían improductivas.

El proyecto de ordenanza, presentado a fines del año pasado, busca extender el actual límite de 200 metros a 1000. Se fundamenta en investigaciones de universidades públicas, del Conicet y estudios del exterior que muestran que los plaguicidas causan problemas respiratorios, daño genético, malformaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones. Y destaca que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al herbicida glifosato como probable cancerígeno.

También se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y en el Principio Precautorio, presente en la Ley General del Ambiente. Este principio establece: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

La concejala Brenda Vimo, autora del proyecto, afirma que la iniciativa busca, al mismo tiempo, incentivar la producción de alimentos sanos y de cercanía alrededor de la ciudad. Vimo integra el bloque oficialista, en minoría en el Concejo Municipal.

Derivas

Una de las actividades organizadas por la Sociedad Rural fue una fumigación con agua, tanto aérea como terrestre, para mostrar que, en condiciones controladas, las gotas no vuelan más de 40 metros. La demostración, realizada el 14 de abril pasado, fue patrocinada por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a las principales empresas que producen y venden agroquímicos (Basf, Bayer-Monsanto, Syngenta y Rizobacter, entre otras) y el INTA Rafaela. Participaron también funcionarios municipales y concejales.

Además de la fumigación con agua, hubo una charla a cargo del toxicólogo Alexis Benatti quien sostuvo que hay una percepción “exagerada” del riesgo toxicológico de los agroquímicos. Benatti es médico de “Toxicología, Asesoramiento y Servicios”, de Rosario, una entidad privada que asesora a instituciones públicas y empresas. En el listado de clientes, publicado en su sitio web, figuran Casafe, Syngenta, Dow y Du Pont, entre otras compañías del sector.

En contraposición a lo que sostienen las empresas y la Sociedad Rural, investigadores del INTA y de universidades nacionales han demostrado que no es posible controlar el destino final de los agrotóxicos aunque se apliquen las denominadas buenas prácticas.

Marcos Tomasoni es ingeniero químico y estudia las formas en que estos productos se diseminan en el ambiente. En su trabajo “Generación de Derivas de Plaguicidas” explica que hay tres tipos de derivas: primaria, que se produce al momento de la pulverización; secundaria, que se genera en las horas siguientes, y terciaria, que puede producirse semanas, meses o años después. Tras analizar los factores que influyen en estos procesos, concluyó: “No hay aplicación controlable porque lo que no se puede controlar es la interacción entre el clima y los fenómenos fisicoquímicos de los plaguicidas, sus residuos, y los coadyuvantes y surfactantes”.

En 2017, el INTA publicó el estudio “Plaguicidas en el Ambiente”, de los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa. El trabajo evalúa la contaminación del suelo y el agua producida por los agroquímicos, su impacto en peces y en la salud humana. Y advierte: “La aplicación agronómicamente correcta de un plaguicida (en este caso el glifosato) no asegura que su destino final sea la plaga a controlar. Desde el momento de la aplicación, los ‘caminos del glifosato’ son varios y su masa se disipa en el ambiente”.

Explican que una parte suele quedar suspendida en el aire o adherida a las partículas de la atmósfera y puede volver a caer al suelo tras una lluvia, o trasladarse a otras áreas por acción del viento. A ello se suma que el agua de escurrimiento, ya sea por exceso de precipitaciones o por riego, puede provocar el traslado de las moléculas a cursos de agua superficial. Por último, puede lixiviar a través del suelo hacia el agua subterránea e, incluso, puede ser absorbido por el cultivo y tener como destino el grano o la fibra (el producto final).

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata encontraron residuos de glifosato en ríos, lagunas, peces y en la lluvia. También en el algodón y muchos de sus subproductos, como gasas y toallas femeninas. En cuanto a los alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia de agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas. De acuerdo a los datos oficiales, procesados y publicados por la ONG Naturaleza de Derechos, en el 31% de los casos, los agrotóxicos superan los límites establecidos por el organismo.

Producir sin venenos

Según cálculos del INTA Rafaela, si se establece un límite de 1000 metros, quedarían unas 3780 hectáreas con prohibición de fumigar. Su director, Jorge Villar, explicó a Pausa que en esa zona, el promedio de superficie de los campos es de 150 hectáreas, por lo que la restricción afectaría a unos 25 productores. En el área se realiza agricultura (en especial soja, maíz y trigo), ganadería y tambos (donde se aplican agroquímicos en los cultivos para alimentar a las vacas).

Villar afirma que la prohibición de aplicar agroquímicos afectaría la productividad porque habrá menor rendimiento por hectárea y menor calidad en lo que se produce.

A Villar le preocupa, en particular, el artículo 3 del proyecto de ordenanza, que considera agroquímicos también a las sustancias naturales. “Entonces no podrías aplicar nada, no se podría hacer nada en esas superficies”, señaló. Consultada sobre este punto, la concejala Vimo dijo que se va a modificar el proyecto para que puedan aplicarse biopreparados que utiliza la agroecología.

Más allá de esta cuestión, Villar considera que ampliar los límites de prohibición afectaría la economía de los productores, entre ellos, el INTA Rafaela (la mayor parte de las 700 hectáreas que explota hoy la institución quedarían bajo la restricción). La imposibilidad de aplicar agroquímicos -explica- reduciría el rendimiento por hectárea y la calidad de la producción. “Ya sea por cantidad o por calidad, la producción se va a ver afectada”, señala.

Ante esta posición, sostenida por un sector del INTA, crece el número de técnicos que afirman que es posible y necesario cambiar hacia una producción agroecológica, sin utilización de venenos y en armonía con los procesos naturales y sociales. Uno de ellos es Eduardo Cerdá, Director Nacional de Agroecología y presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama).

Cerdá rechaza la idea de que las tierras con prohibición de fumigar quedan improductivas. Por el contrario, las considera una oportunidad.

—¿Al prohibirse las fumigaciones, las superficies se vuelven improductivas?

—Cuando hablan de improductividad hablan de tambos o actividades de mucho rendimiento, pero no siempre implica buenos márgenes. La agroecología propone un cambio en el sistema de producción, donde los rendimientos son similares o en algunos casos inferiores, pero la ganancia que le queda al productor es mayor. Porque se reducen los costos, en especial, el de los agroquímicos. Además, en el caso de quienes alquilan la tierra, al no poder usar agroquímicos en esa zona, ese tambero o pequeño productor tiene menos competencia para arrendar.

—¿Es posible producir sin agroquímicos?

—Sí. Cuando dicen que no se puede es porque no saben cómo hacerlo. La salud de un campo es como la salud humana. Uno está bien cuando precisa poco de afuera. Si vivimos a remedios, no podemos hablar de salud. En toda producción hay que analizar eso. Si nuestra producción necesita mucho de afuera, dependemos mucho de otros y hace que quedemos afuera en cualquier momento, cuando nos suben los precios o cuando cambia alguna condición.

La Renama está integrada por 34 municipios y comunas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y Formosa, entre otras. Calculan que ya son unas 100 mil hectáreas de producción agroecológica. Esto incluye campos chicos, de 10 hectáreas, hasta extensiones de 5000 hectáreas.

Uno de esos municipios es Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Bleynat es tambero de la zona, tiene 75 hectáreas, y en 2014 comenzó a producir de manera agroecológica. Cambió la forma de alimentar a las vacas y diversificó la producción. “El tambo es chico, con poca cantidad de litros por vaca. Saco 10 u 11 litros pero me quedan 7 litros en el bolsillo. Si lo comparás con un tambo grande, quizás sacan 30 litros pero le quedan 4 o 5 como mucho. Ahí está la diferencia”.

Bleynat dice que el cambio es interno. “Yo no entré en esto porque pensé en no echar agroquímicos. Mi preocupación era el suelo, lo empobrecidos que estaban los suelos”.

Junto con otros tamberos de la zona planean producir quesos. Su objetivo es ofrecer los productos a un precio accesible para la población local: “No queremos que sea para una elite”, sostuvo. Y remarcó que la producción agroecológica no se trata no sólo de no echar venenos, sino de una forma de vida.