Causa Laguna Paiva: contra la impunidad de la dictadura

Militantes sindicales paivenses secuestrados en 1980 reclaman memoria, verdad y justicia en un nuevo juicio de lesa humanidad ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Cuarenta kilómetros separan a Santa Fe de Laguna Paiva. Cuarenta y un años separan la violencia de la justicia. Desde mayo se lleva adelante la etapa probatoria de la causa judicial “Chartier, Germán Raúl y Otros s/ Privación ilegal de libertad personal”, que culminará a fines de junio con una sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe. Este juicio de lesa humanidad investiga hechos ocurridos entre febrero de 1980 y agosto de 1984: personal del Departamento de Investigaciones de la policía provincial secuestró y torturó a personas oriundas de Laguna Paiva, quienes meses después fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles: Rawson, Caseros, Devoto y Coronda. Catalino Páez, referente regional de la mesa sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores, recuperó su libertad nueve meses después del retorno de la democracia.

Seis policías imputados, 11 militantes sindicales, 16 niñas y niños secuestrados y 41 testimonios sobre los hechos son las cifras de una causa que pretende el fin de la impunidad. Los sobrevivientes tienen una historia en común, un hilo que nombra popularmente a la causa Chartier como “Laguna Paiva”. Todos vivieron en esa ciudad, la mayoría eran varones que habían trabajado en el frigorífico Nelson –en la localidad homónima– y habían formado parte, a comienzos de los años 70, de la organización sindical La Lucha, que integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Los militantes que hace 41 años buscan memoria, verdad y justicia son Catalino Páez (fallecido en 2016), Daniel Acosta, Juan Miranda, Pedro Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Silva, Ricardo Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Soria. Este último también era paivense, pero al momento de su secuestro trabajaba en la fábrica Acindar, en Villa Constitución. Todos eran obreros, todos luchaban contra el neoliberalismo que se impuso en nuestro país con la picana y la desaparición forzada. Para dar con ellos, la policía de Santa Fe y fuerzas militares realizaron tareas de inteligencia y secuestraron además a sus familias: a sus esposas, hijas e hijos. Mario Páez, hijo de Catalino, cumplió sus 15 años secuestrado en el Departamento de Investigaciones D2, que entonces funcionaba en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert de nuestra ciudad. Se trata de una de las características salientes del caso: la cantidad de niñas y niños que fueron privados de su libertad en el marco de la represión y la persecución política a sus familias.

La causa Laguna Paiva muestra el entramado policial, militar y judicial que sostuvo las redes del circuito represivo en la dictadura. Los imputados son el ex oficial ayudante del Departamento de Informaciones D2, Eduardo Riuli; el ex responsable de la Comisaría 13 de Laguna Paiva, Fernando Mendoza; el ex sargento del Departamento de Informaciones D2, Rubén Insaurralde; el ex cabo de la División Robos y Hurtos de Unidad Regional I, Antonio González; el cabo del Departamento de Investigaciones, Omar Molina y el ex jefe del Departamento de Investigaciones e Informaciones de la URI, Germán Chartier. Los ex policías son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, y por el delito internacional de genocidio.

“Estas personas son un número ínfimo de la patota que debería estar imputada en el marco de esta causa. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nos han quitado la posibilidad de tener más personas en el banquillo”, sostiene Federico Pagliero, abogado integrante de la querella llevada adelante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario. La causa comenzó en 2014, a través de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en ese entonces a cargo de Horacio Coutaz. El primer equipo jurídico estuvo conformado por Gabriela Durruty, Jésica Pellegrini y Julia Giordano. Actualmente llevan el juicio Anabel Marconi y Pagliero. El tribunal está conformado por José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. El fiscal a cargo es Martín Suárez Faisal.

Pagliero lamenta que el ex juez Víctor Brusa no esté imputado. “No lo pudimos lograr y en pos de no dilatar el proceso seguimos adelante, aunque esta causa abrió nuevos hechos, así que vamos a pedir que Brusa integre el segundo juicio de Laguna Paiva”, anticipó el letrado. “Brusa es nombrado por todas las víctimas en esta causa”, agregó.

Para el abogado lo paradigmático es que, en estos días, los sobrevivientes están declarando por primera vez la violencia sufrida. “Después de 40 años logramos que puedan presentarse ante el Estado y contar el terror que vivieron. Así que por los hechos que se desprenden de esta causa vamos a pedir nuevas indagatorias”, aseveró.

La crueldad

Verano de 1980. Ruta 9, zona rural de Lima, provincia de Buenos Aires. Juana Medina trabaja con su hijo Mario en un horno de ladrillos. Esa mañana de febrero, su compañero y padre de sus siete hijos, Catalino Páez, referente sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue a la ciudad a ver a un médico. Se sentía enfermo. Atrás, en el tiempo, quedaron Laguna Paiva y el frigorífico: la amenaza de la lucha contra la militancia social y política emprendida por el Estado argentino significó para su familia un derrotero por diferentes pueblos.

Bajo el sol, corriendo entre los maizales, varias personas vestidas de civil y con armas largas irrumpieron en la casa de Juana. Le preguntaron por Catalino y la golpearon. La mujer estaba embarazada. Mario tenía 14 años. Cuando llegó Catalino, los tres fueron secuestrados. Una niña de 12 años, hija del matrimonio, quedó al cuidado de cinco hermanitos.

Entre la patota, Juana llegó a identificar a un vecino suyo de Paiva: Eduardo Riuli.

En el camión donde los llevaron vieron al hermano de Catalino, Miguel Páez, también detenido. Juana permaneció varios días en el vehículo, donde fue golpeada y desde
donde podía escuchar las torturas a su marido. En esa secuencia reconoció -otra vez- a Riuli y también al genocida Juan Calixto Perizzotti.

Después fueron trasladados en un móvil policial al Servicio de Inteligencia, el D2. Riuli obligó a Juana a firmar una declaración falsa con los ojos vendados. Posteriormente la mujer fue trasladada a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde encontró a su hermana Elba Medina, a sus cuatro sobrinos -entre ellos Graciela de 15 años- y a sus cuñadas Ramona y Marciana Páez. Estuvieron un mes en esas condiciones. Transcurrido ese tiempo, Brusa le comunicó a Juana que sería liberada y le informó que dos meses después podría retirar a su hijo Mario.

Detenido en el D2, Catalino reconoció a sus compañeros del frigorífico Nelson. Meses después, los militantes fueron trasladados a la cárcel de Rawson y de otros puntos del país. Varios de ellos fueron liberados después de diciembre del 83, ya en democracia.

“Los hechos transcurren desde el año 1980, ya desarticulada la resistencia obrera, las organizaciones sociales y políticas por los años de represión que comenzaron antes del 24 de marzo de 1976, con la participación de la Triple A. Pero este caso también perfora el techo de diciembre de 1983”, afirma Pagliero.

Una voz conocida en Paiva

Cuatro décadas después, los sobrevivientes buscan justicia. “En este tiempo, estos policías caminaron impunemente por las calles de sus pueblos”, sostiene Verónica Gauseño. “La demora en los juicios genera impunidad”, manifiesta. Gauseño preside la APDH Rosario y es hija de Miguel Ángel Gauseño, desaparecido desde diciembre de 1976.

En este caso de familias enteras secuestradas y torturadas, de niñas y niños detenidos, hay un rostro que sintetiza la impunidad de los genocidas. Eduardo Riuli no solo hacía mandados para el D2, también tenía su programa de radio y animaba las fiestas paivenses. Las víctimas, sus vecinos, lo reconocieron por su voz mientras estuvieron secuestradas. “Durante todo este tiempo, Riuli se paseaba como el gran señor y a dos cuadras vivía esta familia que él mismo secuestró. A Juana Medina le pateó la panza sabiendo que estaba embarazada”, dice Gauseño. “Desde la APDH lo denunciamos por haber violado la prisión domiciliaria y por eso tiene pulsera electrónica”, añade.

“Riuli es paradigmático en esta causa porque también es oriundo de Laguna Paiva. Los sobrevivientes tuvieron que convivir con esta persona en la total impunidad, en una ciudad de 13 mil habitantes”, agrega Pagliero.

La búsqueda de justicia

Hoy la lucha sigue, de la mano de los sobrevivientes y sus testimonios; de la APDH y de la colaboración estatal a través de las secretarías de Derechos Humanos provincial y nacional. El 27 de mayo el TOF de Santa Fe dictaminó, sin consultar a las partes, la Acordada 11/21. Allí estableció la supresión de las inspecciones oculares en el D2 y en la GIR, la reducción del número de testigos y que las víctimas o testigos declaren sin presencia de un abogado. “Esto generó mucha ansiedad, mucho temor y un trauma. Cuando un juicio de lesa humanidad genera un trauma en los sobrevivientes, no es reparador”, dice Pagliero.

Fue gracias a la movilización de los organismos de derechos humanos que el tribunal dio marcha atrás con la medida. Ya se desarrollaron las audiencias testimoniales y las inspecciones oculares: restan los alegatos de las partes. Ahora, en el mismo ámbito donde alguna vez el genocida Brusa los interrogó, es posible una sentencia judicial reparatoria para los militantes paivenses y sus familias.