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Desafiante, el presidente brasilero dijo que no tiene por qué saber qué hace cada ministerio. Dos funcionarios confirmaron irregularidades en un contrato por 20 millones de dosis. Hubo protestas en distintas ciudades del vecino país contra Bolsonaro.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, equivalente a la Corte Suprema argentina, abrió este viernes una investigación formal contra el presidente Jair Bolsonaro por el delito de prevaricato, en el marco del escándalo por una supuesta sobrefacturación de un contrato de vacunas indias contra el coronavirus.
La decisión fue publicada a las 22.30, durante el partido Brasil-Chile por los cuartos de final de la Copa América 2021, y ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente ante la sospecha de que estaba al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin (desarrollada en la India) y no lo denunció a las autoridades judiciales.
El caso está relacionado con la denuncia del encargado de importación de vacunas del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, quien dijo haber recibido presiones por parte del ala política de la cartera para firmar rápidamente un contrato con 1000% de sobrefacturación en la compra de vacunas Covaxin.
Los hermanos Miranda relataron bajo juramento a la comisión del Senado que investiga al gobierno por su rol en la pandemia. En esa instancia, dijeron que le habían avisado a Bolsonaro del escándalo el 20 de marzo, pero que el mandatario no hizo la denuncia del caso –una obligación del mandatario– a la Policía Federal.
El contrato se cortó esta semana a causa del escándalo. La decisión de Weber se conoció horas antes de que este sábado, en más de 300 ciudades del país, la oposición reclamara la renuncia y el juicio político del presidente ultraconservador.
Un escándalo de 320 millones de dólares
Un grupo de senadores había pedido este lunes al Supremo Tribunal que inicie la investigación finalmente concedida por lo que ya se conoce como el “vacunagate”.
El senador Randolfe Rodrigues, uno de los que presentó la demanda ante la máxima instancia judicial, explicó que el contrato de intención de compra firmado entre el gobierno y la empresa india Bharat Biotech, por 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, contiene “numerosas irregularidades que deben ser aclaradas por el presidente”.
Bolsonaro respondió que no tiene cómo saber lo que ocurre en cada uno de los ministerios y negó su responsabilidad por los supuestos sobreprecios.
“Podemos estar frente a varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricato y otros delitos”, declaró el senador Rodrigues sobre el negociado que implica un costo de 320 millones de dólares por vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil.
Protestas contra Bolsonaro
Miles de brasileños volvieron este sábado a protestar en las calles para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, con la novedad de la apertura de la investigación que ordenó este viernes la máxima Corte de justicia del país por el delito de prevaricato con el que se acusa al mandatario de haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades.
Es la tercera jornada de manifestaciones en las últimas semanas contra el Gobierno, que viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500 mil muertos en Brasil.
Para la médica Patricia de Lima Mendes, de 47 años, que participaba de un acto en el centro de Rio de Janeiro, el Ejecutivo es el principal responsable por el alto número de muertes.
“Son más de 500 mil vidas asesinadas por este Gobierno, por decisiones espurias, ´fake news´, mentiras, y ahora ese escándalo absurdo de corrupción en relación a las vacunas”, dijo a la agencia de noticias AFP
Otras capitales estatales como Belem (Pará, norte), Recife (Pernambuco, noreste) y Maceió (Alagoas) también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban “Bolsonaro genocida”, “Impeachment ya” y “Sí a las vacunas”.
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras Bolsonaro impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el Covid –como la hidroxicloroqiuna– y criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo.
Esto motivó la apertura ayer una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de prevaricato, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
El Supremo Tribunal Federal avaló la decisión que ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente por ese contrato que fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo y tres meses después de la reunión en Casa de Gobierno en la que Miranda le comentó a Bolsonaro sobre las irregularidades.
Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
La apertura de la investigación se suma al “superpedido” de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron la oposición, de derecha e izquierda, ante el Congreso.
Con información de Télam y El Ciudadano
