Parque Nacional Islas de Santa Fe: desalojos y derechos vulnerados a familias isleñas

*Nota publicada en Agencia Tierra Viva.

Las familias Requino y Pedante son tercera generación de pequeños productores vacunos en el predelta santafesino, donde en 2010 se creó el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Hace más de diez años resisten a los intentos de desalojo por parte de la administración de la zona de reserva.

Dos isleños resisten en los marrones laberintos acuosos del Paraná. Al sur de nuestra ciudad y al norte de Rosario, a la altura de Monje y en un cuadrante que completa el límite interprovincial con Entre Ríos, hace poco más de diez años se creó el Parque Nacional Islas de Santa Fe. La zona de reserva se ubica en el tramo inferior del Paraná: 500 kilómetros abajo, su cauce terroso se pierde en los estuarios del Río de la Plata. Son 4096 hectáreas de islas, pajonales, bancos de arena, pequeños arroyos y lagunas. A 33 kilómetros, otro Parque: el vecino Pre Delta, se emplaza en tierras entrerrianas. Hace también diez años, las familias isleñas comenzaron a ser desplazadas de sus tierras por la Administración de Parques Nacionales (APN). Hoy Ciro Requino y Talo Pedante reclaman por su dignidad y por un espacio no inundable para criar a sus vacas.

El Parque Nacional Islas de Santa Fe se creó a través de la Ley 26.658, promulgada en noviembre de 2010. El parque no incluye a todas las islas de la zona, solo los territorios llamados El Rico, La Mabel, La Gallina, El Conscripto, El Lago, la Isla del Medio, El Alisillar y Pajas Blancas. Al tomar la figura de Parque Nacional, se prohibieron allí actividades productivas como cría, caza y pesca. La Ley 22.351, que regula estos espacios de conservación en el país, establece que nadie que no realice actividades permitidas puede habitar las zonas protegidas.

La vida en las islas

"Soy tercera generación de pobladores isleños", se presenta Ciro Requino. Su historia se remonta a un lote con un nombre propio: Isla del Medio. Era de su papá, Manuel Ruperto Requino: un terreno fiscal que la provincia terminó cediendo a Parques Nacionales. Hace 30 años, el gobierno de Santa Fe desplazó a la familia: "Me mandaron a la isla La Mabel. Me dijeron ‘quédese tranquilo que ahí no lo va a molestar más nadie’. Me dieron un papelito provisorio para que entrara. 'Dentro de un mes o dos meses le traigo los papeles para que ya quede todo en regla', me dijeron", cuenta Ciro, quien más tarde supo que aquellas tierras también habían sido cedidas. En 2010, la isla La Mabel y la del Medio comenzaron a formar parte del Parque Nacional. En todos estos años, Requino siguió haciendo lo que hizo toda la vida: criar vacas en la isla.

"En ese momento empezaron a hacerme la vida imposible, a matarme animales, bajaban de noche con armas. Me decían 'tenés que irte' y yo les decía 'me voy cuando me reubiquen'. Me llevaron a ver una isla, me pareció bien. Pero después me avisaron que a esa isla la habían vendido y a mí me daban zonas inundadas. Tenía dos metros de agua. Acá estoy, esperando que me reubiquen», sintetiza Ciro.

También recuerda otro tipo de amenazas: "Me decían: ‘¿Viste lo que hicimos con Monchito?'". La referencia alude a un caso ocurrido el 30 de mayo de 2019, cuando efectivos de fuerzas de seguridad federales desalojaron por la fuerza a Ramón Castaño. Más de dos docenas de efectivos de Prefectura y Guardaparques Nacionales, desmantelaron su rancho de chapas y madera y cargaron sus tres chanchos, cuatro perros y unas pocas pertenencias en una barcaza rumbo a Diamante, en Entre Ríos. Allí se asentaba entonces el área administrativa del Parque Nacional Pre Delta, del cual dependía el Parque Islas de Santa Fe. En ese momento el intendente del Parque era Hernán Britos.

A partir de este hecho, el conflicto se hizo público y se comenzaron a firmar convenios de conciliación con los pobladores con plazos de seis meses. El primero se firmó en junio de 2020, el segundo en enero y el tercero el 3 de junio pasado. Todavía no se llegó a ningún acuerdo.

"Quedaron en que nos iban a reubicar y no consiguen islas. La isla adonde íbamos a ir estaba, pero ahora aparentemente está en juicio. Yo no tengo problemas en que nos reubiquen, pero nos tienen con mentiras y no nos dan nada. Hace 24 años que estoy en la isla. Estamos con un papel de la provincia pero nadie se quiere hacer cargo", cuenta Talo Pedante, otro pequeño productor de la zona. Es la segunda familia que aún resiste en la isla. "Para vender animales tengo que tener papeles y desde que está Parques no pude hacerlo porque no pude hacer más marcas ni nada. Tengo las actas de vacunación pero te traban todo", se lamenta.

Talo coincide con su vecino Ciro: "Si a mi me dan una isla… Pero no cualquier cosa, porque ellos ofertan, pero ofertan tierras bajas, que viene un repunte del caudal y te lleva todo. Y uno cría animales. Yo donde me den una isla con papeles y con todo no tengo problemas, pero con papeles, no que mañana me vayan a sacar de ahí también". Pero el tiempo pasa y las respuestas no llegan: "Pasan los meses y uno está tirado, no puede hacer nada en la isla porque no es nuestro. Uno es consciente de que les dieron las islas, pero que nos reubiquen. Yo reclamo que me reubiquen, pero con papeles y que me sirva".

Requino promete: "Si me dan una isla como La Mabel, me voy". El entrevistado cuenta que desde la provincia le informaron que el 70 por ciento de las tierras de la zona son fiscales. "Por qué no me consiguen una", se pregunta Ciro. Y se responde solo: "Acá hay muchos intereses". "Habría que preguntar qué pasa con las avionetas que se largan en picada en la isla El Rico. Pasan las barcazas haciendo jugaditas nocturnas", relata.

Si se le pregunta cuál es el reclamo hoy, la respuesta de Ciro es contundente: "Que me reubiquen, pero ya; o que me dejen acá, pero ya". "Imagínese el frío que hace, tengo 57 años, vivo con mi mujer. Compramos ladrillos pero no podemos ponerlos acá porque no sabemos si nos van a reubicar. Estamos frenando el viento con una lona. Yo no quiero que me den nada, quiero que me dejen trabajar".

Muchos de los pobladores isleños que viven en tierras fiscales, detentan título de "cuidador ad-honorem" de la isla que ocupan, un documento otorgado por el Estado provincial sin fecha de vencimiento pero que caduca en el momento en que el gobierno de turno lo decida. Esto los deja en situaciones vulnerables frente a los requerimientos de tierra del propio Estado.

Pese a que el Estado —en su nivel provincial y nacional— conocía la existencia de estas personas en la zona de islas, tal como lo acreditan los testimonios de los entrevistados y los permisos cedidos a través de los ministerios provinciales o del Senasa para la cría de animales, al conformarse el Parque comenzaron a considerarlos "intrusos". Según la Ley Nacional 22.351, la administración de un Parque Nacional tiene la potestad de erradicar a los intrusos en un plazo de 30 días.

Ante la consulta de la Agencia Tierra Viva a la Administración de Parques Nacionales sobre la situación de estos grupos familiares en el Parque Islas de Santa Fe, no hubo respuesta.

Un modelo de naturaleza sin gente

La creación del Parque Islas de Santa Fe asomó en 2010 como la respuesta estatal a la quema de pastizales en zona insular del Paraná y a la progresiva pampeanización de los territorios isleños por el avance de la soja y el corrimiento de la actividad ganadera. "Las áreas protegidas son instrumentos del aparato estatal para organizar y gestionar territorios y poblaciones, y por lo tanto en la implementación de las mismas se crean arenas políticas, que son dependientes del contexto político en el que desarrollan. En estas arenas políticas las poblaciones locales pueden ser a la vez sujeto y objeto, siendo a menudo objeto de decisiones que no los han tenido como sujetos", dice el informe Conservación y desalojo. Un análisis a propósito de la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, que escribieron Brián Ferrero y Omar Arach y que puede leerse en el libro Islas de Naturaleza. Perspectivas antropológicas sobre las políticas de conservación (UNRaf Ediciones, 2019).

Tierra Viva conversó con Ferrero —quien fue intendente del Parque Islas de Santa Fe entre septiembre de 2020 y febrero de este año— sobre la problemática que hoy viven los isleños que habitan el Parque. "En la zona había muchas familias, desde el inicio del siglo XX. Hay personas de 60 años cuyos abuelos fueron los primeros que llegaron: son por lo menos tres generaciones que nacieron en este lugar. Hay una fuerte presencia de población isleña y criolla. También es una zona de mucha pesca artesanal", contextualiza el también antropólogo e investigador del Conicet, que continúa acompañando a las familias del lugar tras finalizar su gestión como intendente.

La disputa entre las familias y la Administración de Parques Nacionales se remonta a los orígenes mismos del surgimiento jurídico del Parque. "La Provincia de Santa Fe le cedió a Nación tierras fiscales para que cree un Parque Nacional con gente adentro, desconociendo que hubiera gente viviendo ahí. A esta población se la invisibilizó completamente. Y Nación aceptó estas tierras con gente viviendo adentro para hacer un Parque Nacional, donde justamente no puede haber gente. Ahí hubo una situación complicada desde ambas partes. Después la Provincia se desentendió porque las tierras pasaron a ser nacionales", explica Ferrero.

El Parque Nacional Islas de Santa Fe se creó en base a la Reserva Provincial El Rico, de administración provincial que había sido creada, sobre 2600 hectáreas del delta, en 1968. En los años ’70, El Rico fue una zona de experimentación para la reinserción de especies nativas como el ciervo de los pantanos. Durante la última dictadura cívico-militar fue una zona de entrenamientos militares. Ya en la década del ’80 se asignó una familia de la zona como cuidadores de la reserva.

Aun cuando en la Reserva El Rico había pobladores con ganado propio y puesteros, en 2003, se le dio la categoría de Reserva Natural Estricta. La Ley provincial 12.175 del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, establece que en la categoría de Reserva Natural Estricta está “prohibida cualquier actividad capaz de alterar el equilibrio ecológico”, no permitiéndose el uso para fines económicos, extractivos y/o recreativos, ni los asentamientos humanos. "Los pobladores nunca tomaron conocimiento de esta recategorización del área que habitaban, aun cuando la provincia había asignado un cuidador para ésta", se lee en el informe de Ferrero y Arach.

En 2011 —un año después de la creación del Parque— solo quedaban cinco familias en el territorio. "Comenzaron a sufrir un permanente acoso por parte de los guardaparques, que los presionaban para que se vayan", relata Ferrero. "Los mecanismos eran golpearles las puertas a culatazos a medianoche para exigirles papeles, matarles animales, no dejarlos pescar, dificultarles el traslado de ganado, no permitirles visitas", amplía.

En 2014 una familia decidió dejar el lugar. Hoy arriendan campos para continuar con su actividad: la cría de ganado. En 2015, a otro grupo familiar la Provincia le cedió el permiso de ocupación de una pequeña isla ubicada cerca de Timbúes, al sur del Parque. "La isla que dejaron era alta y grande y les dieron una baja y anegadiza", dice Ferrero con los ejemplos de los desalojos sobre la mesa. Este año, recibieron una notificación judicial para abandonar ese lugar ya que, según se los informó, es propiedad de un privado.

"La expulsión de las familias del área del Parque forma parte de este modelo de desarrollo para el delta, que pretende que se establezcan grandes extensiones de ganadería concentrada, compensadas por pequeñas áreas protegidas sin familias. Un modelo de naturaleza sin gente", sintetiza el informe de Ferrero y Arach.

En mayo pasado, más de 128 organizaciones no gubernamentales alertaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los peligros que implican estos modelos de conservación restrictivos. "Una serie de reportajes recientes han revelado que las comunidades siguen siendo forzosamente desplazadas y expulsadas de sus tierras para dar paso a zonas protegidas y se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos por parte de patrullas antifurtivos fuertemente armadas" alegan, ante la intención de la ONU de ampliar en un 30 por ciento él área mundial protegida a nivel mundial.

Isleños sin tierras donde producir

Ferrero no solo es un académico y conocedor de las islas sino que también tuvo responsabilidad de gestión hasta febrero pasado. "Lo que hice fue tratar de llegar a un acuerdo con la provincia para que les cediera una isla. Encontramos una, en conjunto con Catastro, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y de la Producción de Santa Fe. Las familias aceptaron y les pareció bien, porque incluso son más tierras que las que tienen actualmente. Cuando estábamos llegando a una solución de todo esto, hay cambios en la administración de Parques Nacionales y me piden que me vaya", contó a Tierra Viva. "Quienes están hoy a cargo del Parque Islas de Santa Fe tienen esta posición de que a la gente hay que sacarla. No lo hacen porque las dos familias se movilizan mucho", considera.

A principios de junio venció el convenio firmado entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Defensoría General de la Nación destinado a suspender el desalojo de las familias isleñas que viven dentro del Parque Nacional. Ese convenio se prolongó durante un año, con sucesivas renovaciones en las cuales Parques Nacionales, cada tres meses, se comprometía a solucionar el problema que generó cuando denunció a los pobladores históricos de las islas como intrusos de un área protegida. En junio de 2020 se acordó buscar una solución pacífica.

Las posibles soluciones son tres:

• Que se les ceda una isla no perteneciente al parque para que los pobladores puedan habitar y trabajar.
• Que la isla que habitan actualmente deje de ser considerada Parque Nacional, para pasar a ser Reserva Natural (esta figura sí permite que personas habiten y realicen actividades productivas)
• Que la isla que habitan deje de ser considerada zona protegida.

Aún no se avanzó en ninguna de las tres alternativas. El 3 de junio pasado se volvió a firmar un nuevo convenio que establece otro plazo de seis meses para llegar a una solución en el Parque Nacional Islas de Santa Fe.

Ferrero repite la palabra "desprecio" para describir un modelo de conservación signado por la violencia y el conflicto con los pobladores. "Mi interpretación es que no se les quiere dar una solución y que se está esperando algún contexto político nacional donde sea factible expulsarlos. Para Parques Nacionales darles una isla iba a implicar un antecedente complicado porque este tipo de situación la tienen en muchos parques del país", postula.