Cómo fue el vaciamiento sin condenas del Banco Provincial de Santa Fe

El miércoles 18 la Justicia provincial declaró la prescripción por el vaciamiento del Banco Provincial, la mayor defraudación en la historia de la provincia, completamente documentada por orden del propio gobierno en el Informe Nogueras.

La denuncia original la hizo la Comisión Interna sindical del Banco Provincial de Santa Fe el 27 de agosto de 1990. La cantidad de trapisondas judiciales que hubo en el medio es de insoportable enumeración. El delito era vaciamiento. Pasaron 31 años, el Estado perdió su Banco, no hay ni un solo culpable y, encima, el juez penal de primera instancia, Pablo Busaniche, declaró extinguida la acción penal. Es que pasó demasiado tiempo como para que paguen los que nunca pagan. El monumental desfalco, que implicó una pérdida de más de 146 millones de dólares entre 1983 y 1996, el quebranto de la principal entidad financiera de la provincia y su ruinosa privatización, está completamente detallado en el Informe Nogueras, que por ley se mantuvo en secreto entre 1997 y 2017, cuando el gobernador Miguel Lifschitz lo desclasificó al mismo tiempo en que constituía a la provincia como querellante en una causa que todavía estaba viva.

“Un viejo adagio bancario sostiene que ‘Hay dos formas de vaciar un banco, desde afuera (asaltándolo) o desde adentro, pero esta última (la desde adentro) es la más fácil’”. Así comienzan las conclusiones del Informe Nogueras, un voluminoso análisis de cómo el Banco Provincial de Santa Fe fue fagocitado por el Estado y los privados, hasta quebrarlo y dejarlo en una bandeja listo para su venta, proceso que comenzó en 1996 y se concretó en 1998. La Comisión Investigadora fue creada durante el gobierno de Jorge Obeid y estaba presidida por el abogado Alfredo “Pichón” Nogueras. Sus resultados se conocieron en agosto de 1997, pero un decreto de Obeid obligó a mantener en secreto el contenido de sus siete tomos hasta 2028. El costo público de sanear el banco en favor de sus tenedores privados fue calculado en mil millones de dólares por el ex ministro de Economía de Hermes Binner, Ángel Sciara.

Estos son los datos globales de cómo se produjo la quiebra. Para ver el detalle de la acción de los gobiernos como principales vaciadores, ver aquí. El rol de los privados, está aquí. Y para observar cómo todo el poder de la provincia se hizo el sota con el vaciamiento, se puede ver aquí.

Doble vaciamiento

El Informe Nogueras analiza 14 ejercicios del banco, entre 1983 y 1996. Se focaliza en la caída de los depósitos y el crecimiento desopilante de la cantidad de préstamos en mora e irrecuperables, en los gastos de operación y en los errores de gestión. No se salva nadie de haber ventajeado. Visto a la distancia, es imposible no pensar que era vox populi entre los sectores productivos y políticos de la región que la entidad estaba de regalo.

En concreto, entre 1983 y 1996 el banco pasó de tener un patrimonio neto positivo de 42.512.570 dólares a uno negativo de 98.881.000. La cantidad de préstamos con atrasos en 1983 llegaba al 40,07% de la cartera; en 1996 subió al 73,49%. La relación entre los gastos operativos y los intereses netos ganados (la diferencia entre pagar interés a un depositante y cobrar interés a quien se le prestó) en 1983 era de un peso por cada 1,61 y en 1996 era de un peso cada 0,26: no juntaba ni para funcionar. “Este vaciamiento fue un accionar que se aplicó gradualmente y bajo todos los Directorios que el banco tuvo”, dice el Informe. Con otras erogaciones agregadas, entre 1983 y 1996 el banco perdió 146.246.908 dólares.

El dato más relevante corresponde a los irrecuperables: aquellos deudores que jamás iban a poder pagarle al banco. En 1996, el 44,9% de los préstamos era irrecuperable.

Algo olían los santafesinos que cuentan con buena información. En 1983, los depósitos en el banco representaban el 2,72% de todos los depósitos bancarios del país, pero en 1996 esa cifra apenas llegaba al 1,14%. El sector público nunca dejó de operar con el banco, lo cual significa que los depositantes privados fueron huyendo en masa a otras entidades. Expresado de otro modo: el volumen de los depósitos creció entre 1983 y 1996 unas 3,13 veces. Pero en todo el sistema nacional bancario ese crecimiento fue de 7,48 veces. En consecuencia, “si los depósitos del banco hubiesen acompañado en su crecimiento al conjunto de bancos nacionales, hoy el banco tendría que tener 1.487 millones a diciembre de 1996, en lugar de los 622 millones que informa”. El crecimiento de 3,13 veces es en realidad fue una caída del 58%.

Por el lado de los préstamos y por el lado de los depósitos. Un proceso de “doble vaciamiento”, señala el Informe.

Perejiles y patricios

Los peores ejercicios del Banco se dan durante el primer gobierno de Carlos Reutemann (1991-1995). Esto se debe, en parte, a que en ese período se empiezan a reconocer como créditos en mora a ciertos préstamos que se venían bicicleteando. El 16,4% de los créditos irrecuperables a 1996 fueron otorgados antes de 1983, en la dictadura. Por las refinanciaciones, no pagaron los intereses que correspondían. Esto siguió sucediendo después de 1983: en todos los casos, “a pesar de su manifiesta insolvencia se los continuó manteniendo como cartera viva, ya sea con la renovación continua a sus vencimientos, sin mejoras de garantías o demostración de solvencia alguna”. Según el banco, esos créditos previos a 1983 representaban una deuda de 32.948.000 dólares. En el Informe Nogueras se calcula que si se les hubiera aplicado la tasa promedio del banco –como a cualquier otro perejil– la deuda ascendería a 107.712.328 dólares, más del triple.

No cualquiera pudo fumarse el banco. A diciembre de 1996, tenía 5583 deudores, pero apenas 397 concentraban el 78,75% de los préstamos. Más precisamente, el 55,63% de las moras se concentraban en apenas 67 deudores. “Un solo deudor, Didier y Sra, tenía el 7,5% del total de préstamos, con el saldo contable congelado a 1991: para el banco debía 33.555.000, pero si se le cobraba el interés promedio, debía 110.731.500”.

También a 1996, de los 30 principales deudores, 18 no tenían garantías reales y 12 sí tenían, de poca significación y que no cubrían el total de la deuda.

De los 397 deudores principales, todos los irregulares no tenían garantías reales ni bienes para enfrentar la acreencia. “Los fondos otorgados no han ingresado para inversión en las empresas de los deudores sino para cancelar otros pasivos o retiros particulares”, sentencia el Informe. Y en el caso del sector público “fue a cubrir déficit de la provincia”. Esa es la frutilla: el reutemanismo hizo un sinceramiento de los privados y también operó como vaciador público. En 1992 se efectuó una enorme quita de intereses sobre los montos que debía la provincia al banco: “si bien llevó a un sinceramiento de la cartera, sinceró también el quebranto”.