Ningún gobernante pagará por el vaciamiento del Banco Provincial

1211 millones de dólares le debía el Estado provincial a su quebrado banco, que malvendió. El miércoles pasado la causa penal se declaró prescripta, después de 31 años de rodar sin éxito por la Justicia. Pero el vaciamiento queda detallado para la memoria en el Informe Nogueras.

Ningún funcionario público recibió cuestionamiento judicial alguno por el vaciamiento y quiebra del Banco de Santa Fe. Dos gobernadores quedan vivos de aquel tiempo, José María Vernet y Victor Félix Reviglio. La causa judicial fue declarada prescripta este miércoles 18 por el juez penal de primera instancia, Pablo Busaniche, después de embarrarse 31 años en los laberintos tribunalicios. Toda la data del desfalco, sin embargo, es pública y está en el Informe Nogueras.

Cuando un banco es público, sus directores son designados por el Estado. Las cuentas del Estado operan a través de ese banco –todavía hoy lo hacen en el Banco Provincial de Santa Fe, pese a que es tan privado como cualquier otra entidad financiera– y desde allí se realizan los pagos y cobros del Ejecutivo.

Por ejemplo, el 23 de marzo de 1983, en la etapa final de la dictadura, se creó el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales en el banco, donde fueron a parar todas las cuentas públicas –aquella de donde se paga a una constructora o aquella de donde salen los sueldos de los maestros, todas– excepto la Cuenta 9001: rentas generales, la caja donde ingresa el dinero de los impuestos.

Como era público, el poder político dominó la gestión del Banco Provincial de Santa Fe. El Estado era el principal depositante de dinero. Para cuando el quebranto se hizo irreversible, el Estado ya había manipulado los depósitos en su favor por doble partida –captando de más y girando al descubierto (pagando y sacando dinero en rojo) fuera de toda norma–, había forzado a los funcionarios del banco a dar créditos a privados insolventes –tal como lo señalara la fiscal de Estado Irmgard Lepenies en 1997– y se había constituido en el principal deudor de la entidad, pese a haber recibido una inverosímil cantidad de facilidades de pago y condonaciones de capital e intereses.

En 1997, cuando la joda terminó, la provincia le debía al Banco de Santa Fe 1.211.811.891 dólares y, además, había perdido a la entidad misma en una privatización por la que pagaron chaucha y palito los narcolavadores José y Carlos Rohm.

Acá no pasó nada

La información se desprende del Tomo IV del Informe Nogueras, el análisis sobre el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe entre 1983 y 1997 que efectuara la comisión investigadora presidida por Alfredo Nogueras.

La primera denuncia por vaciamiento fue presentada en 1990 por la comisión interna del gremio bancario. En 1993 la denuncia tuvo un penoso resultado: el ex juez y represor convicto Víctor Brusa dispuso en junio de ese año el “sobreseimiento provisional de la causa” y su archivo. Un “siga, siga” judicial.

La investigación por el vaciamiento del banco, previo a su venta, comenzó hace 31 años pero ninguno de los directivos implicados –44 en total– fue llamado a indagatoria. El ex fiscal federal Walter Rodríguez había pedido la nulidad al descubrir que se trató de una “investigación fingida”. A fines de 2016, la Cámara Federal de Rosario decidió que el archivo de la causa efectuado por Brusa es “cosa juzgada fraudulenta” y reabrió la investigación. “Lo que refulge en esta causa que lleva más de 25 años de iniciada sin que ninguna persona fuera citada a prestar declaración indagatoria es la apariencia vehemente de impunidad de un presunto delito de guante blanco que habría culminado en la pérdida por parte del Estado de su herramienta financiera más importante”, indicó el camarista Fernando Lorenzo Barbará.

Tampoco desfilaron en la Justicia José María Vernet, Víctor Félix Reviglio y Carlos Reutemann. Jorge Obeid, también comprendido en el período del vaciamiento, fue quien instruyó a la Fiscalía de Estado a que haga un análisis preliminar de la situación del banco, que luego devino en la constitución de la comisión investigadora.

Los resultados del Informe Nogueras, presentados en agosto de 1997, se mantuvieron en secreto hasta mayo de 2017.

El principal deudor

Un banco público tiene como objetivo financiar al Estado y a los proyectos privados que el Estado considere relevantes para el desarrollo. Una cosa es eso y otra cosa es lastrarse una entidad y, además, darle bocaditos a los amigotes.

Tanto la provincia como el banco sobrellevaron la hiperinflación de 1989 y la confiscación de depósitos del plan Bonex (para los menores de 30 años, fue algo así como el Corralito, con la diferencia de que te entregaban bonos por tus depósitos y de que, al final, sí los pagaron). Pero ese contexto fue el mismo para todos los bancos públicos y no por eso terminaron tan reventados como el Banco Provincial de Santa Fe.

Para cuando el directorio del banco reacciona y pone el agujero sobre la mesa, en septiembre de 1989, la deuda de la provincia era la más importante y excedía en diez veces a la del segundo deudor. Entre septiembre de 1989 y septiembre de 1992 el banco y el Ejecutivo realizaron cuatro acuerdos para saldar la deuda. En los cuatro casos se repitieron cinco situaciones: el banco condonó capital e intereses acumulados, puso tasas y condiciones de pago por debajo de las usuales y también le pagó tasas por arriba a los depósitos del Estado; el Estado cambió las reglas de los acuerdos en su favor, después de firmarlas, y, luego, terminó incumpliendo los pagos incluso bajo las mismas reglas que impusiera.

El agujero se debía, principalmente, al descubierto de la Cuenta 9001. Se sacaba más de lo que entraba por el pago de impuestos. Antes de los acuerdos, el rojo era en agosto de 1987 de 4.404.316 dólares. Con sobresaltos, llegaría en mayo de 1989 a 11.443.573. Hiperinflación mediante, esa cuenta quedaría para atrás en 91.767.936 dólares apenas cuatro meses después, en septiembre de 1989.

El movimiento es lógico, hasta correcto. El banco estaba cumpliendo sus funciones. Financiaba el déficit del Estado provincial en el marco de un estallido social y económico sin precedentes. Pero luego el Estado no se comportó de igual manera con el banco. En los cuatro acuerdos posteriores hubo todo tipo de triquiñuelas financieras en contra del banco, avaladas o propuestas por el banco mismo. El saldo fue calculado por los especialistas del Informe Nogueras: a montos de 1997, la provincia había dejado de pagar al banco más de 1211 millones de dólares.

La aspiradora

El Informe Nogueras detalla muchas trapisondas más. De hecho, en las conclusiones del Tomo IV, dedicado a la relación entre el banco y la provincia, admite que “sólo considera uno de los motivos causantes del quebranto para el Banco, cual es la condonación de intereses entre septiembre de 1989 y septiembre de 1992”. O sea, los cuatro acuerdos ruinosos.

La más significativa fue resultado de una ley provincial, la 10.168, sancionada y reglamentada en diciembre de 1987. Básicamente, con la justificación de “los niveles de déficit y ante la urgente necesidad de nuevos recursos”, esa ley obligaba al banco a captar depósitos por cuenta y orden del gobierno. Se suponía que iba a durar 180 días la operatoria, continuó hasta junio de 1989.

En la práctica, esta cuenta donde iba a parar la plata de los perejiles depositantes tuvo saldo diario habitual cero. Todo salió y entró a través de la Cuenta 9001. ¿Cuál era el daño para el banco, si al fin y al cabo la provincia devolvía esos depósitos? Justamente: el banco perdía depositantes, en favor del Estado. Perdía liquidez y respaldo para sus créditos. El Estado operaba como una entidad financiera dentro del banco mismo. El Informe lo dice claro: “Esta captación de fondos vino a significar el desvío de un importante volumen de recursos de clientes del Banco para ser destinados a la financiación del Estado Provincial. A través de esta ‘competencia’ en la captación de fondos prestables, utilizando la estructura comercial del Banco, se impedía a la Entidad desarrollar su objeto esencial, es decir la captación de depósitos”. Un año después de la implementación de la Ley 10.168, al 31 de diciembre de 1988, los depósitos desviados a la provincia representaban el 72% de los depósitos en el banco.

El principal deudor del banco ya comenzaba a ser el Estado provincial, al punto de quebrarlo. Y el principal captador de depósitos del banco, la principal competencia del banco –operando dentro del banco y con los recursos del banco– también era el Estado provincial.

Y nunca nadie tuvo que responder por nada de lo que, al fin y al cabo, pagamos los perejiles.