Causa Laguna Paiva: sobrevivientes piden la indagatoria a Brusa

La querella solicita al Tribunal Federal que indague al genocida por los secuestros padecidos por militantes del PRT en 1980. También denuncian al juzgado por dejar en libertad a represores condenados en el marco de ese juicio.

Víctimas del terrorismo de Estado reclaman que el genocida y ex juez federal Víctor Brusa sea llamado a indagatoria por los hechos acontecidos en 1980, ya investigados en el marco de la causa Laguna Paiva. El juicio se tramitó en la primera mitad de este año en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe.

La presentación formal del pedido se realizó el viernes 3 de septiembre ante el TOF. La querella también cuestiona la libertad condicional que se les dio a cuatro de los seis genocidas ya juzgados en esa causa: por tal motivo se manifestarán ante el Tribunal el viernes 10.

El equipo jurídico conformado por Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Anabel Marconi y Federico Pagliero, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Juana Medina, Mario Páez, Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos Oliver, Roberto Manuel Soria, Hugo Silva y Ricardo Galván solicitaron el llamado a declaración indagatoria con prisión preventiva de Víctor Brusa. También, de los ex policías Eduardo Riuli, Fernando Mendoza, Omar Molina, Óscar Insaurralde, Antonio González y German Chartier, por nuevos hechos que se desprendieron de las testimoniales de las víctimas en la causa Laguna Paiva. Entre los delitos, se cuentan asociación ilícita agravada y privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y abandono de persona en perjuicio de treinta personas, entre ellas 16 niñas y niños.

A través de la sentencia 75/21 del TOF de Santa Fe, Riulli, Mendoza, Molina, Insaurralde, González y Chartier fueron condenados por delitos de lesa humanidad, en el marco de la causa Laguna Paiva, también conocido como Chartier. “Es de público conocimiento la existencia fáctica de nuevos delitos que no fueron objeto de ese juicio. Asimismo, aunque no haya formado parte del debate de la causa Chartier, de la profusa prueba testimonial de las víctimas sobrevivientes, surge la responsabilidad de Víctor Hermes Brusa en múltiples hechos”, puede leerse en el pedido de indagatoria.

Los ex policías y el ex juez federal llamado a indagatoria se encuentran condenados por haber formado parte del aparato represivo en nuestra región.  Las y los sobrevivientes de Laguna Paiva refirieron al Departamento de Informaciones D2, ubicado en la esquina de Obispo Gelabert y San Martín. Allí, las víctimas eran sometidas a distintos modos de torturas, aunque la mayoría relata que los colgaban con una mano esposada a la reja del calabozo, encapuchados y los dejaban por días, sin proporcionar alimentación, mientras eran continuamente golpeados, les tiraban agua y los interrogaban sobre su participación política.

La característica de la causa Laguna Paiva es que las víctimas eran militantes sindicales del Partido Revolucionario de los Trabajadores. A principios de los 70, habían trabajado en el frigorífico Nelson de esa ciudad. En 1980, fueron secuestrados por la patota del D2. Para llegar a algunos de ellos, secuestraron a sus familias. Tal es el caso de Catalino Páez, secuestrado junto a su esposa, hijo. hermanos, cuñados y sobrinos. También ocurrió con Roberto Soria, cuya esposa e hija también fueron secuestradas.

Brusa, el señalado

El ex juez federal Víctor Brusa fue reconocido como integrante de la patota del D2 en numerosos testimonios, pero no fue indagado en el primer tramo del juicio, finalizado el 7 de julio con la condena a seis represores. “De manera insólita y habiendo sido nombrado desde el inicio de esta causa, Brusa no fue indagado por la multiplicidad de hechos que venimos a exponer”, señalan los letrados.

En ese sentido, Mario Páez lo ubica como jefe principal de la patota que lo secuestró junto a sus padres el 15 de febrero de 1980 en Lima, Buenos Aires. Mario tenía entonces 14 años.

Son 16 (hasta el momento) las niñas y niños, integrantes del núcleo familiar Páez-Medina, que fueron víctimas del accionar genocida. Sufrieron privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y abandono de persona. “La amenaza de infligir algún tipo de daño al familiar, llegando en muchos casos directamente a que niñas y niños ingresen a la sala de tortura donde estaban siendo interrogados sus padres fue una metodología que respondía al sistema de represión ilegal implantado como política de estado en nuestro país”, puede leerse en el pedido de indagatoria.

“A raíz de sus testimonios, nace la obligación estatal de investigar y sancionar de manera urgente los nuevos hechos que han surgido del debate oral”, añaden los abogados.

Juana Medina, madre de Mario, también reconoció a Brusa, el día que recobró su libertad, tras haber estado secuestrada en la Guardia de Infantería Reforzada. Ese día el represor le dijo: “Buscá a tus hijos y ándate de tu hermana, no hagas denuncia, no vayas a la policía nada y a los dos meses vení a buscar a Mario”. Catalino Páez, padre de Mario, también contó que fue interrogado y amenazado por el entonces secretario judicial.

La querella no solo pide indagatoria para el ex juez y los ex policías. También demandan que esperen el proceso en la cárcel. “Solicitamos la prisión preventiva efectiva en cárceles comunes, al cuidado del servicio penitenciario, para evitar la posibilidad de fuga y desbaratamiento probatorio, vale decir, para cautelar la presencia de estos peligrosos delincuentes en un futuro juicio”, reza la presentación judicial.

Genocidas en la calle

Cuatro de los seis genocidas condenados en el marco de la causa Laguna Paiva fueron liberados por el Tribunal Oral de Santa Fe. Por eso, el Foro contra la Impunidad y la Justicia, el Colectivo de la Memoria, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Santa Fe, HIJOS Santa Fe, APDH Rosario, y el Colectivo de ex Presos Políticos filial Laguna Paiva presentarán notas ante el Tribunal Oral Federal y el Ministerio Público Fiscal para exigir se haga lugar al nuevo pedido de indagatoria solicitado por la querella y que se ordene la prisión preventiva en cárcel común de estos represores.

“Eduardo Riuli, Rubén Insaurralde, Sebastián Mendoza y Antonio González fueron liberados por el mismo Tribunal que el 7 de julio de 2021 condenó a estos genocidas”, cuestionan los organismos.

Además, resaltan que “las penas condenatorias escogidas por el tribunal santafesino, graduadas entre 5 a 6 años y medio de prisión, fueron extremadamente bajas en relación a la gravedad de los delitos acreditados: privaciones ilegales de la libertad agravadas y torturas agravadas en un contexto de terrorismo de Estado”.

El argumento del tribunal es que los condenados ya cumplieron parte del proceso en prisión. Se trata de prisiones domiciliares, que incluso fueron violentadas por los entonces acusados. Por ejemplo, en el caso de Riuli, todavía vecino de Laguna Paiva, la APDH denunció oportunamente la violación de la domiciliaria mientras estuvo imputado.

“Esas libertades dispuestas a los condenados por delitos de lesa humanidad redundan en un claro perjuicio para la sociedad toda y en especial para las víctimas-sobrevivientes y familiares, quienes ven burlado el largo camino construido que arribó en condenas penales luego de décadas de ocurridos los hechos”, denuncian los organismos.

“La mayoría de las víctimas-sobrevivientes se encuentran en la pequeña localidad de Laguna Paiva, conviviendo con el represor condenado Enrique Riuli, hoy en libertad, responsable del padecimiento de secuestros y torturas sobre familias enteras, constituyendo una prolongación del terror e impunidad que resultan intolerables, lesionando sin lugar a duda el psiquismo de las mismas”, agregan.

La impunidad y la revictimización se materializan en la convivencia obligada con el represor, en circunstancias tan cotidianas como hacer un mandado o pasear por la calle.

Eduardo Riuli fue condenado por tres casos y hoy la querella que representa a las víctimas solicita se lo indague por 23 hechos nuevos. “Un pedido que da cuenta de la magnitud que en realidad tuvo este caso y que la justicia tiene el deber de traducir jurídicamente el horror que toda la sociedad ha escuchado, rompiendo la impunidad sobre una multiplicidad de hechos sin juzgar”, dicen los abogados.