Los vuelos de la muerte en el delta del río Paraná

Desde los tiempos de la dictadura, circulan en el sur entrerriano relatos sobre aviones que tiraban bultos al agua. Hoy se investiga la identidad de cuerpos hallados en los cementerios de Ibicuy y Villa Paranacito.

La última dictadura cívico militar desplegó una serie de mecanismos para matar y desaparecer a quienes resistían el modelo ideológico y económico que pretendía instaurar. Los Vuelos de la Muerte fueron llevados ante un tribunal en la Causa ESMA, a partir de una investigación iniciada en 2002. Por otro lado, en 2016, la fiscalía federal de San Martín imputó al jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo y a cuatro integrantes del Batallón de Aviación 601 por estos crímenes, a raíz del hallazgo de cuatro cuerpos –entre 1976 y 1978– en las costas de Magdalena, Verónica y Las Toninas.

La mecánica es conocida: se anunciaba a los detenidos en los centros de exterminio que serían “trasladados”. Luego eran drogados con pentotal y subidos a aviones –se sabe de vuelos que salieron del aeródromo de Campo de Mayo o del aeroparque El Palomar– y arrojados vivos al Río de la Plata o al Mar Argentino. El cuerpo de Azucena Villaflor, Madre de Plaza de Mayo desaparecida el 10 de diciembre de 1977, apareció en las playas de San Bernardo; los restos de Floreal Avellaneda fueron encontrados en la costa uruguaya.

En 2004, una denuncia anónima abrió una investigación sobre la aparición, en la dictadura, de un cuerpo dentro de un barril de cemento en las islas del delta del Paraná. La pesquisa llevó a otras voces, recuerdos sumergidos por el miedo a la represión. Los isleños del delta que vivían allí en esa época fueron más de una vez testigos de la lluvia de bultos sobre el cauce del Paraná Bravo, que moja las costas del sur entrerriano.

Un libro clave

“La reiteración de los vuelos al ras del agua, los techos y los montes; la inmensidad del paisaje isleño de los helicópteros verdes sin numeración; escolares, lancheros, pescadores, obreros del monte que veían el dramático e imborrable espectáculo de los bultos que caían desde los aviones; vecinos que daban cristiana sepultura a un cuerpo encontrado en un barril de gasoil”, enumera el periodista Fabián Magnotta en su libro El lugar perfecto. Se trata de una investigación significativa porque, en 2012, motivó a reabrir aquella investigación inicial, que dormía en los juzgados.

En su libro, Magnotta recupera testimonios de lugareños de las islas del delta, por ejemplo, el de Elena Gómez. La mujer, que durante la dictadura era una niña, contó: “recuerdo cuando pasaban helicópteros con bultos. Iban colgados de una soga y pasaban en diferentes horarios y diferentes días. Pasaban para el lado del puente Zárate-Brazo Largo”.

En el mismo testimonio, recabado por el periodista Juan Schroll, el 24 de marzo de 2004 y citado por Magnotta, puede advertirse el modo en que el silencio se instaló entre el río y las ciénagas del humedal de 300 mil hectáreas bordeado por los ríos Paraná y Uruguay: “No eran tomadas las denuncias, les decían que no dijeran nada, que no habían visto nada, que no se comentara nada”.

Una investigación viva

Cuando la fiscala Josefina Minatta quedó a cargo de la fiscalía federal de Concepción del Uruguay, se propuso buscar un respaldo para esos relatos, “porque eran muchos y coincidentes entre sí”. “Hay una memoria colectiva: vas a Paranacito y todos saben de los vuelos”, le dijo la fiscala a Pausa. A esa red de recuerdos, se suman datos como la presencia habitual de Emilio Massera en la zona.

La búsqueda se retomó donde había quedado en 2012: en los cementerios. Era importante dar con alguno de esos cuerpos, arrojados al río que a veces salían a la superficie, o que caían en los terrenos pantanosos de las islas. Se pidió informes a los municipios de Villa Paranacito y de Ibicuy sobre enterramientos de NN en esas épocas- La respuesta siempre fue negativa. Pese a los variados testimonios de cuerpos desconocidos que aparecían en la zona, desde Paranacito solo dieron cuenta de un enterramiento entre el 76 y el 83.

El problema –explica la fiscala- era que no había registros en los cementerios porque en aquel momento, los camposantos de Paranacito e Ibicuy se administraban de forma casera, sin ningún registro. “Por eso después la respuesta cuando se les preguntó a los municipios es que ellos no sabían”, agrega.

“Decidimos volver al territorio, hablar con la gente, conocer el lugar y así dimos con los sepultureros de Ibicuy y de Villa Paranacito. Ellos relataron dónde habían enterrado esos NN”. Así encontraron cuatro tumbas en Ibicuy y siete en Villa Paranacito, todas de la época. A principios de septiembre, el Equipo Argentino de Antropología forense comenzó a exhumar los cuerpos.

Hoy la investigación está en etapa de instrucción: aún no tiene imputados. “Si lográramos identificar esos restos con una persona desaparecida por el terrorismo de Estado, podríamos avanzar, pensar en imputaciones, de dónde venía esa víctima, en qué centro de detención clandestina estuvo”. En fin, llevar el caso a juicio.

Trabajo conjunto

Tanto Santa Fe como Entre Ríos pertenecían al Segundo Cuerpo de Ejército: “Tiene mucha lógica pensar que el propio Segundo Cuerpo de Ejército buscara un lugar en su territorio para descartar la prueba de sus crímenes”, valora Minatta.

Con esa lógica, la fiscala comenzó a reunirse con organismos de derechos humanos de Santa Fe, de Rosario y del norte bonaerense. Entre ellos, con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Desde la Regional Rosario de la APDH, Federico Pagliero contó a este medio que “la tesis de la fiscala es que la investigación se tiene que llevar adelante en coordinación con diferentes jurisdicciones”.

“Nos pidió coordinación porque se entiende que los cuerpos de compañeros desaparecidos que hayan estado, por ejemplo, en los centros clandestinos de detención de Rosario, pudieron haber sido arrojados en Villa Paranacito por la coordinación entre las fuerzas represivas”, amplió.