¿Qué hace el Estado para apagar el fuego?

Las islas de la región volvieron a arder. Desde las instituciones estatales se asegura que las quemas son intencionales. Cuáles son las medidas que se toman en los distintos niveles para prevenir los incendios.

Los incendios del año pasado en los humedales que se encuentran dentro del territorio santafesino, dejaron un saldo de 300 mil hectáreas quemadas, según un estudio realizado por la UNR. Esta cifra representa un 17% del ecosistema provincial. Hay dos condiciones ambientales que facilitan este tipo de eventos: la bajante histórica del río Paraná, que lleva dos años corridos de retroceso en su nivel y la sequía atípica. Sin embargo, los focos de incendios, tanto el año pasado como en el 2021, se produjeron durante el invierno. Es decir, cuando la temperatura y los vientos, por sí mismos, no podían generar fuegos. En este sentido, el gobierno provincial consideró que la mayoría de los incendios que los santafesinos vimos estos dos años, fueron y son intencionales.

En octubre de 2020, Pausa entrevistó al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Estanislao Giavedoni, quien estaba a cargo de las investigaciones por delitos ambientales en la región de la capital santafesina. En esa oportunidad, Giavedoni aseguró que la razón principal de los incendios era por el cambio del modelo agropecuario. El avance de la frontera agraria fue explicado por el fiscal de esta manera: “Se puede observar que en las zonas de campo, donde usualmente hace diez años vivían vacas, hoy no las hay. Todo eso fue llevado a la zona de islas y de humedales, donde se generan las pasturas para que estos animales puedan pastar”.

En 2021, el avance de la frontera agraria y la consecuente quema de los humedales continúa. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Santa Fe tomó una serie de medidas que están repercutiendo de manera positiva. Clara Mitchell, ingeniera industrial especialista en ambiente y desarrollo sustentable, es asesora del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. Según Mitchell, por instrucción del gobernador Omar Perotti, se está haciendo un trabajo interministerial entre el Ministerio de Seguridad a través de la Guardia Rural y Los Pumas, la Secretaría de Protección Civil y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. “Estamos haciendo trabajos coordinados para prevenir y mitigar los incendios. Hemos formado una brigada especializada. Por primera vez la provincia tiene brigadistas forestales, que tienen la capacitación y las herramientas necesarias para poder ir a la zona de incendios y mitigar un fuego”, aseguró la funcionaria.

Mitchell consideró que las causas principales son la sequía y la bajante, pero que según la información que recabó el ministerio, los orígenes de los fuegos son humanos.

En este sentido, la funcionaria manifestó que están llevando adelante tareas de investigación. El año pasado desde el Ministerio de Ambiente también se armó un proceso de sanciones automáticas, a través de la detección de áreas quemadas a nivel satelital. “En 2020 se pusieron en marcha 140 procesos sancionatorios. Eso seguramente hizo que este año haya menos focos ígneos. Todas las quemas son ilegales, por eso nuestra idea es que sean multados quienes incendian. Toda esta información, correspondiente al año pasado, ya se envió al MPA, y se continúa investigando los incendios de este año”, agregó.

Por otro lado, está la secretaría de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, que se encarga de asistir a la población (o al territorio) ante emergencias de todo tipo. En estos casos, la cartera coordina con todos los ministerios y actores gubernamentales pertinentes. Roberto Rioja, es el secretario a cargo de esta área y manifestó que el año pasado la provincia no tenía respuestas ante estos incendios. “Al asumir nos encontramos con que la secretaría tenía pocas posibilidades de dar respuestas, porque no contábamos las herramientas para poder atacar este tipo de temas. A partir de lo que pasó el año anterior, se destinaron los recursos necesarios. Donde nos llevaba tres o cuatro días armar un operativo, ahora en tres horas ya estamos actuando sobre el terreno. Esto nos permitió ir achicando los focos, que no se nos desmadre y los resultados están a la vista”, aseguró el funcionario.

En relación a las políticas adoptadas por su secretaría para la prevención y mitigación de fuegos, el funcionario destacó que el gobernador Perotti le solicitó mayor eficacia a la hora de actuar y para ello les facilitó los recursos necesarios. Entre ellos, la creación de la brigada especializada, que cuenta con aviones hidrantes y vigías, la conexión con las áreas pertinentes del Estado nacional, como el Ejército o la cartera de Ambiente, y el diálogo y búsqueda de soluciones conjuntas con las autoridades de la provincia de Entre Ríos.

En cuanto a las causas de los incendios, el funcionario admitió que en un 90% de los casos son por acción humana. Además, recordó que la provincia de Santa Fe tiene el fuego totalmente prohibido por ley. En ese sentido, desde su secretaría elevan informes que luego podrían ser utilizados como material probatorio por el MPA.

Por otro lado, en relación a la información recabada por el MPA, Pausa entrevistó a Sergio Adrián Sterli, jefe del Departamento de Control de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Esta área de la policía de Santa Fe actúa de auxiliar en las investigaciones que realizan los fiscales del MPA. Sterli es uno de los funcionarios que está trabajando desde el año pasado en la investigación de los delitos que constituyen los incendios en los humedales. El oficial de la policía también coincidió en que la mayoría de los incendios ocurren por la acción de las personas. “Nosotros empezamos a investigar los incendios el 16 de junio del 2020, por directiva del fiscal Giavedoni. En ese momento, era todo nuevo porque prácticamente no se venía viendo esta temática de trabajo. Este año la situación es distinta y nos agarra más preparados, con los mecanismos de trabajo mucho más aceitados”, confirmó Sterli.

Al ser consultado por los operativos de investigación, respondió que el trabajo que realiza la AIC es el relevamiento de campo. Se observa el territorio incendiado, se sacan fotos, se entrevistan a las personas que se encontraban en el lugar, entre otras tareas. En la zona de islas, donde no suele haber personas, se soportan con información de la Secretaría de Protección Civil o a través de otras fuerzas, como la Prefectura. Además, adoptaron el sistema firm que provee la NASA, donde se pueden ver los focos ígneos casi en tiempo real. “A partir de ahí, se empieza otra investigación, que es quizás un poquito más de escritorio, a los fines de establecer la propiedad de esos terrenos. Esas tierras a veces son fiscales y otras veces no. Es decir, pueden tener un dominio público o un dominio privado. En esa instancia nosotros recabamos información estatal de otras áreas del Estado como Catastro o Senasa”, aseguró el oficial. Luego, la AIC hace una depuración donde analiza y se trabaja con el fiscal los resultados obtenidos. Por último, el fiscal a cargo evaluará el material probatorio y considerará si es pertinente una imputación y de qué tipo.

Finalmente, al ser consultado por las condiciones necesarias para que la quema de humedales no se vuelva a repetir, Sterli aseguró que la concientización y la educación son la clave. “La prevención nace desde la educación. Y es necesaria porque el trabajo, más que nada en la zona de islas, se complica. Es un territorio muy vasto y muy variado. La condición del río y la climática no ayudan. De esta manera, muchos lugares se hacen inaccesibles”.

Falta la ley

Mientras crepita la flora de los humedales en distintas provincias del país, como Santa Fe y Córdoba, el Congreso de la Nación demora el tratamiento de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Humedales.

Estos ecosistemas significan el 22% del territorio nacional. Hoy hay 15 proyectos de ley, unificados en uno que espera a ser tratado. Las quemas de estos territorios -el Estado nacional reconoce que el 95% de los incendios en el país son provocados- hacen cada vez más necesaria una legislación que los proteja.