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La derrota del oficialismo en las Paso fue un baño de realidad. Después de un año y medio de pandemia y restricciones, los resultados favorecieron a la oposición, que promovió el negacionismo, y aceleraron los cambios en el gobierno. Lo que falta: medidas económicas para los sectores más castigados.
¿Sorpresa o baño de realidad? Las primarias del 12 de septiembre aclararon el panorama político y dieron cuenta del humor social después de un año y medio de pandemia, crisis y restricciones. Los resultados envalentonaron a la oposición y aceleraron los cambios en el gobierno, que además de los nombres propios del gabinete deberá reformular las políticas económicas. Casi la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, el desempleo roza los dos dígitos y la inflación en alimentos se ubicaba en el 56% interanual. La idea de ganar una elección con esos números sonaba a quimera y así quedó plasmado en las urnas.
Para el gobierno de Alberto Fernández, la buena noticia es que la cachetada fue en las Paso y no en las generales, lo que le da dos meses para cambiar las cosas más urgentes y necesarias. El presidente empezó por remover de su gabinete a los funcionarios que no funcionaron, en términos de Cristina Kirchner, pero eso no alcanza por sí solo para modificar el humor social. Es necesario un paquete de medidas que impacten directamente en los sectores más vulnerables. No solo por las elecciones (corto plazo); principalmente, para estabilizar la situación social (mediano plazo).
Una primera lectura de la derrota del oficialismo en casi todo el país sugiere que el resultado se explica en función del deterioro de la economía. La doble crisis superpuesta: el impacto del coronavirus sobre la herencia del macrismo. Esa explicación es insuficiente. Al empeoramiento de la situación social, agravada por la caída del poder adquisitivo de las clases media y baja, se suma el profundo descontento derivado de las restricciones y el manejo dubitativo de la pandemia. Un combo explosivo que terminaron pagando todos los oficialismos, empezando por el gobierno nacional, que es el que pone en juego las bancas legislativas y el que capitalizó el apoyo y luego el rechazo social por las medidas de cuidado.
La otra cara de la moneda es la consolidación del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta como nuevo líder de la derecha nacional. Larreta supo leer en forma anticipada el creciente hartazgo de la población y encabezó la ola aperturista, incluso en momentos en que la mayoría apoyaba sin dobleces las medidas del gobierno nacional. Con una penetración mediática muy superior a la de su antecesor Mauricio Macri (lo cual es muchísimo), el jefe de Gobierno porteño se posicionó como el nuevo referente de la oposición y avanza con el camino (casi) despejado hacia las presidenciales de 2023. Casi despejado porque Macri aún talla en ese espacio.
Ahora todo es cuesta arriba
El gobierno de Alberto Fernández debió enfrentar la pandemia con las herramientas que dejó el macrismo. David contra Goliat. Los resultados están a la vista: el sistema de salud estuvo al borde del colapso durante la primera y la segunda ola de contagios; las medidas restrictivas ayudaron a contener la propagación del virus, pero las sucesivas aperturas orquestadas por Larreta y el círculo rojo desdibujaron la política sanitaria a tal punto que la Argentina es hoy el décimo país a nivel mundial en cantidad de muertes por Covid por millón por habitantes y el tercero en el continente, solo superado por Perú y Brasil.
El gobierno cometió errores que se explican por el contexto. Con poco margen de acción, implementó ayudas esporádicas que no alcanzaron para sostener la delicada situación social (“delicadísima”, en términos de la vicepresidenta). Los ATP llegaron solamente a un puñado de grandes empresas mientas miles y miles de pymes sufrían el embate de las restricciones y la caída del poder adquisitivo de los consumidores. El IFE ayudó en un primer momento, pero rápidamente se discontinuó. Presionado por el FMI, el gobierno privilegió el aspecto fiscal, aun cuando los países centrales promovieron y ejecutaron políticas de expansión del gasto público solo comparables a la posguerra.
Errores forzados por un lado; daño autoinfligido por el otro. Los vacunatorios VIP que provocaron la salida de Ginés González García y la foto de la fiestita en Olivos (una obscenidad en medio del padecimiento de millones de compatriotas) completan el panorama de desilusión que se expresó el 12 de septiembre en las urnas.
La pandemia ya se cobró la vida de 120 mil argentinos; al menos uno de cada diez que fue a votar, lo hizo con la memoria viva de un ser querido que ya no está. Demasiada muerte, demasiado dolor.
El gobierno nacional cedió ante el negacionismo impulsado por Juntos por el Cambio (espejo fiel del Brasil de Bolsonaro) y los resultados están a la vista. Aquella promesa inicial de marzo de 2020 –cuidar la salud, aún en detrimento de la economía– hoy es un triste recuerdo. Ahora todo será cuesta arriba: no solo la inminente elección de noviembre, sino también la gestión política de un país partido en dos por la grieta y con indicadores sociales que evocan los violentos días de 2001. Las potentes políticas de seguridad social desplegadas a partir de 2009 y continuadas incluso durante el macrismo –asignación universal por hijo, jubilaciones para las amas de casas, planes y programas destinados a los sectores más vulnerables– explican por qué no estamos ante un escenario de estallido social como el que ocurrió apenas dos décadas atrás.
Más que un slogan
Lejos de ser una sorpresa, la derrota del 12 de septiembre fue un baño de realidad para el gobierno y disparó una serie de cambios. Los primeros fueron en el gabinete. Se esperan, para el corto plazo, nuevas medidas que apunten a aliviar la situación económica.
Para el Frente de Todos es imperioso generar una expectativa a futuro que se traduzca en las urnas y en el humor social. El gobierno tiene que reactivar la economía real, más allá del rebote después de cuatro años consecutivos de recesión y caída de la actividad. Pero, además, es necesario que conecte con los problemas de la gente. En 2019 las mayorías acompañaron al Frente de Todos porque allí vieron cifrada una esperanza de futuro: la posibilidad de dejar atrás al macrismo, una experiencia de gobierno insensible y para pocos.
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El slogan electoral “la vida que queremos” es una derivación sintetizada de una frase de Cristina: “Vamos a volver a ser felices”. El postulado es positivo, pero todavía no se tradujo en hechos concretos.
Cristina, de puño y letra
La carta abierta de Cristina Kirchner tras la derrota del gobierno en las Paso está dirigida a orientar las decisiones inminentes y también las de largo plazo: “Hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas”.
Según Cristina, el primer objetivo es que los dividendos del crecimiento económico de 2021 no se lo queden “tres o cuatro vivos nada más”. Para ello, es necesaria una nueva política de redistribución del ingreso orientada a recuperar el poder adquisitivo de las clases media y baja.
La vicepresidenta viene sosteniendo la necesidad de aumentar el gasto público y generar una política expansiva que empiece por recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables: “Señalé que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que eso iba a tener consecuencias electorales”.
En la carta, Cristina plantea dos tareas urgentes: por un lado, un paquete de medidas sociales y económicas de shock que apunten a frenar la transferencia de recursos de los sectores más vulnerables hacia los más concentrados –la matriz del macrismo– y, por otro lado, una reformulación del presupuesto.
El presupuesto 2021 estableció un déficit fiscal del 4,5% del PBI y para agosto (ocho meses sobre 12) el déficit acumulado era del 2,1%. Cada punto del PBI es alrededor de 420.000 millones de pesos. Según la previsión presupuestaria, aún falta ejecutar el 2,4% del PBI, más del doble de lo ya ejecutado, a sólo cuatro meses de que termine el año. La vicepresidenta entiende que ahí está el dinero que el gobierno tiene que volcar en la calle para recomponer no solo el contrato electoral, sino principalmente la calidad de vida de los sectores más castigados.
