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A partir de la promulgación de la Ley N°14.046, los y las agentes del Estado provincial, en sus tres niveles, deberán realizar una capacitación obligatoria sobre la temática. El objetivo es romper prejuicios y favorecer la autonomía de las personas.
¿Es una dificultad? Si se considera a la discapacidad como una cuestión de salud factible de una corrección o como un factor consumado en una diferencia de características especiales, la respuesta es afirmativa. En tal caso, una persona se define por lo que carece, por lo que no es o por una función incapaz de cumplir. Ahora bien, si el foco gira hacia los entornos sociales y los preconceptos que requieren una revisión, la problemática se abre hacia el horizonte de la convivencia. Con ese rumbo por delante, días atrás el gobierno provincial promulgó la Ley de Capacitación Obligatoria sobre Discapacidades N°14.046. ¿Qué implica? A partir de ahora, los y las agentes de los tres poderes del Estado santafesino deberán realizar cursos que les permitan contar con información sobre la base de tres ejes centrales: la perspectiva social, el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos.
En palabras de Javier Zweifel, integrante del movimiento SuperAcción, una de las cuestiones centrales es la obligatoriedad de la norma al tratarse de “una temática de la cual se habla poco y se suele hacer desde el preconcepto y el prejuicio basados en una construcción social e histórica”. Con el fin de romper esos entramados de concepciones, la norma se apoya en los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Es una capacitación con una visión de derechos humanos, respetando los lineamientos de la perspectiva social. Esta es la primera ley de carácter ejecutivo que en nuestra provincia responde a la perspectiva social”, recalcó el activista, y agregó: “Formamos parte del proceso de construcción del contenido de la ley. El diputado Pablo Farías nos convocó antes de presentar el proyecto para que podamos hacer aportes. Esos aportes hoy forman parte del contenido de la ley”, indicó.
En la práctica, el colectivo de personas con discapacidad integrará de manera activa la construcción de los contenidos que se impartirán en los cursos. Pero no solamente. “Además, vamos a formar parte del dictado de estas capacitaciones. Esto es un hito porque, históricamente, nuestro colectivo no ha formado parte de estos procesos. Hemos estado acostumbrados a que otras voces, que no son las de personas con discapacidad, hayan tomado decisiones sobre nosotros sin ningún tipo de consulta ni ningún tipo de participación”, destacó Zweifel y acotó que “esta ley es un hecho importante en la vida social y ciudadana del colectivo porque la mejor forma de dar discusión a los prejuicios es hablando y con información”.
En la misma línea argumental, Marcela Papini –representante de la misma organización– hizo hincapié en que la normativa permite modificar, centralmente, “la mirada que se tiene sobre las personas con discapacidad”. “Históricamente, las personas con discapacidad hemos visto vulnerados nuestros derechos. La aparición de la perspectiva social ha sido un avance significativo hacia un cambio de paradigma. Esto se debe a que sienta sus bases en la idea de que la discapacidad no está puesta en la persona, sino que aparece cuando barreras culturales, actitudinales, arquitectónicas dificultan o impiden el acceso a derechos en igualdad de oportunidades a personas con algunas particularidades”. Luego, profundizó: “Ya no se vincula a la persona y a la discapacidad directamente como una cuestión de salud, sino a la relación entre la sociedad y la persona, poniendo el foco en los derechos humanos”.
Sobre el impacto de la norma para el propio colectivo de personas con discapacidad, Papini consideró que se trata de “una conquista”. “Es un paso más hacia la ampliación de derechos, hacia nuestra autonomía y participación social. Haber sido convocados y escuchados es algo muy importante porque es la primera vez que pasa en la provincia de Santa Fe. Esta ley es un instrumento más para la remoción de barreras, para evitar la violencia institucional, generada muchas veces por el desconocimiento”, fundamentó.
En el marco de las diferentes acciones que las personas con discapacidad empujan en procura de desarticular cuestiones fuertemente arraigadas a nivel social, cultural y político, la responsabilidad del Estado no es para nada menor. Así lo sostuvo Zweifel, en virtud de “la construcción de ciudadanía”. Para ello, resulta necesario el diseño de políticas públicas que, una vez en práctica, permitan “empezar a mirar las personas con discapacidad de otra manera, como personas iguales, como sujetos de derecho, como personas que pueden tomar sus propias decisiones, autónomas, que son parte de la sociedad como cualquier otro ciudadano o ciudadana”.
Sin ir más lejos, resulta imperativo “respetar el cupo del 4% en el acceso a la planta de agentes de la provincia”. “Hoy la provincia está muy lejos de ese porcentaje”, esgrimió el militante. “Es un reclamo histórico de nuestro colectivo que ya tiene décadas. Si bien ha habido un avance en los últimos años, el acceso a la educación es primordial”, agregó. “Un porcentaje importante de las personas con discapacidad todavía sigue quedando fuera del circuito educativo. Y sin educación es muy difícil lograr ciudadanía y una vida independiente”, sintetizó.
